Más de 600 organizaciones de todo el Estado siguen exigiendo, esta vez a los Ministerios de Sanidad y Consumo, medidas para apoyar la producción y comercialización agroalimentaria de pequeña escala, el ámbito agroecológico y la economía local.
En vista de la respuesta de Ministerio de Agricultura, Pesca de Alimentación y la falta de medidas concretas, cerca de 600 organizaciones y colectivos de todo el estado han registrado una nueva carta a los Ministerios de Sanidad y Consumo este 8 de abril donde se solicita formalmente que se «dicten las instrucciones pertinentes a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que se busquen soluciones para los mercados no sedentarios de proximidad». Esta segunda carta es el siguiente paso en el marco de la campaña #SOSCampesinado, una alianza de organizaciones ecologistas, sindicatos, productoras y productores locales, plataformas, cooperativas y grupos de investigación que exigen medidas concretas para la protección de la economía local y el sector agroalimentario de pequeña escala.
El cierre generalizado de los mercados alimentarios por la interpretación excesivamente restrictiva que muchos gobiernos locales y autonómicos están haciendo que las prohibiciones decretadas por el estado de alarma ante la pandemia del COVID-19 están generando costes inasumibles a los productores y las productoras locales. Esta situación está afectando profundamente a sus modos de vida, además de estar incrementando el desperdicio alimentario por la imposibilidad de dar salida a sus productos y, lo que es más grave, que no lleguen a la ciudadanía alimentos básicos, frescos y más sanos frente a los procesados.
Las organizaciones firmantes remiten a los protocolos de seguridad e higiene puestos en marcha por algunas comunidades autónomas para que los mercados de proximidad y otros circuitos cortos de comercialización puedan seguir siendo garantes de seguridad alimentaria durante esta crisis. No en vano, estos canales de venta directa facilitan el acceso a la ciudadanía de bienes de primera necesidad -cuya producción, circulación y abastecimiento están protegidas expresamente por el estado de alarma- en condiciones óptimas de seguridad e higiene que suelen ser superiores a las de cualquier supermercado. En concreto, citan la regulación que hizo de la venta directa de alimentos el Gobierno de las Islas Baleares; o de los desplazamientos a granjas, huertos y corrales de autoabastecimiento de alimentos que hizo la Consejería de Medio Rural en Galicia.
También, de cara a mitigar el brutal impacto económico que está provocando esta crisis en las economías campesinas, entre otros motivos por la inactividad del sector hostelero, se pide un esfuerzo de las diversas administraciones para que apuesten por las producciones locales, las de origen extensivo y las agroecológicas en la compra pública de alimentos para abastecer hospitales, centros de mayores, comedores sociales, comedores escolares o bancos de alimentos; o medidas fiscales como la exención del pago de autónomos a las pequeñas granjas.
Esta urgencia, como tantas otras, nos encontrará unidas a todas las organizaciones que trabajamos en favor de una alimentación sana y sostenible, donde la pequeña producción agroecológica agraria y ganadera está en la vanguardia.
