Tradicionalmente las políticas ligadas al agua en España han sido muy simples y constantes: el agua es un bien de dominio público, básico para nuestra economía y para el abastecimiento de la población, que exige un liderazgo del sector público en la regulación, el suministro y la financiación de estas actuaciones. Se partía de una premisa de carencia de recursos hídricos, pero se daba por supuesto que la acción pública podía atender las demandas en crecimiento progresivo. La permanencia de estas políticas durante más de un siglo presupone que han gozado de una apreciable aceptación del conjunto de la sociedad, y que han respondido aceptablemente a las demandas sociales.

.