La Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) ha elaborado un documento de recomendaciones sobre el papel que pueden jugar las administraciones públicas en la modificación de los hábitos y de los sistemas alimentarios en el estado español, para contribuir tanto a la adaptación como a la mitigación de los efectos del cambio climático.
El documento se ha elaborado mediante tres grupos focales de debate con la participación de expertos/as en sistemas alimentarios ecológicos sostenibles y en cambio climático, para trabajar conjuntamente, desde sus distintos ámbitos de trabajo y conocimiento, para implantar o modificar actitudes y normas que impulsen un consumo más respetuoso con el clima y que aporte mayor resiliencia y capacidad de adaptación al cambio climático, en el marco del proyecto “Adapta tu Dieta-Cuida tu Clima”, que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica.
Los grupos focales se centraron en el análisis de la contribución a la mitigación y adaptación al cambio climático de la transición hacia dietas adaptadas a las producciones locales, que respeten la temporalidad de los productos y con un consumo equilibrado de proteína animal, el análisis del papel del sector público en la modificación de los hábitos y sistemas alimentarios en ese mismo sentido y en el suministro a los comedores colectivos ecológicos como ejemplo de Compra o Contratación Pública Verde de productos agroalimentarios.
El documento de 14 páginas se ha remitido a las oficinas autonómicas de cambio climático, a las juntas consultivas responsables de la contratación pública a nivel autonómico, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a las federaciones territoriales de municipios, para que lo reciban también los ayuntamientos.
Recomienda empezar con un diagnóstico de la situación de la región, que cuente con la participación activa de los actores clave y favorezca el intercambio y las relaciones entre ellos y de éstos con las administraciones. Y, seguidamente elaborar un plan de acción con un sistema inclusivo de desarrollo, seguimiento y revisión, acompañado de un plan de comunicación interna y externa, para garantizar su idoneidad y sostenibilidad a largo plazo.
Algunas de las acciones que se proponen a las administraciones públicas, para que puedan impulsar dentro del marco de sus competencias son el apoyo a la presencia en el mercado de productos agrarios y agroalimentarios ecológicos y de proximidad, mediante acciones de promoción entre la ciudadanía. El fomento y la implantación de sistemas y canales de comercialización que permitan acortar la distancia entre productores y consumidores, priorizando la venta de proximidad y el consumo de alimentos ecológicos, frescos y de temporada. La priorización del uso agrario de los suelos y de la custodia del territorio, la protección de la fertilidad de los suelos, de las masas de agua y de la biodiversidad, mediante el establecimiento de incentivos o medidas fiscales El apoyo a las estructuras organizativas del sector agrario y de los consumidores/as, comprometidos/as con el desarrollo local y las relaciones socioeconómicas justas entre productores y consumidores y al intercambio de conocimientos intergeneracional. La reducción de barreras para el acceso a fuentes de materia orgánica y a su compostaje para ser utilizado para acondicionar los suelos para los/as agricultores/as. La instalación de huertos ecológicos en los centros escolares, educativos y sociales. Y la inclusión de aspectos sociales (mujer, jóvenes y cooperación), ambientales (reducción de residuos e impacto ambiental tanto del sistema de producción como del canal y sistema de comercialización) en todos los contratos de suministro de productos agrarios y agroalimentarios del sector público, priorizando aquellos que incluyan productos ecológicos, de proximidad, de temporada y frescos, de conformidad con la Ley 9/2017, de contratos del sector público.
Finalmente, el documento, se refiere a la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural y al Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible del medio rural, sugiriendo su desarrollo e implementación.
Ante la actual situación ambiental, socioeconómica y agroalimentaria, el compromiso político y social para contribuir a paliar las consecuencias del cambio climático, tanto en la mitigación y reducción, como en la adaptación y resiliencia, resulta fundamental.
