La Red de Ciudades por la Agroecología ha celebrado este 1 y 2 de octubre la Asamblea y Encuentro anual para poner en común buenas prácticas en este ámbito. Es ya la cuarta edición de esta cita anual donde también ha participado la Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) como parte del COS (Consejo de Organizaciones Sociales). Durante el encuentro se han presentado una “batería de 14 acciones” en torno a cinco objetivos dirigidos a “adaptar los sistemas agroalimentarios locales a los impactos de las emergencias globales y mitigar sus causas”. Las medidas se basan en los resultados de un informe elaborado a tal efecto, y en el que se recuerda la relación entre la producción agroalimentaria y los gases de efecto invernadero.
Como una de las principales conclusiones del encuentro, se constata que «para lograr una alimentación sostenible hace falta fomentar la agricultura ecológica, los canales cortos de comercialización y el cambio en los hábitos de los consumidores». A continuación, un resumen de uno de los debates principales del encuentro, retransmitido por EFE Agro.
La Red de Ciudades por la Agroecología, que engloba a una veintena de ciudades españolas, ha organizado una conferencia junto a la celebración de su asamblea anual, que este año se ha desarrollado de forma telemática. El debate virtual, dedicado a las políticas alimentarias locales frente al cambio climático y otros riesgos globales, ha sido moderado por el director general de Efeagro, Pedro Damián Diego, que ha resaltado la necesidad de abordar en conjunto la producción de alimentos y la protección ambiental para que «esa producción se dé en condiciones saludables».
La directora general de Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, Sabine Juelicher, ha sostenido que se requieren redes locales y regionales para hacer frente a problemas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o la crisis sanitaria. Ha considerado que la agricultura, que aporta un 10 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, es «parte del problema» pero también tiene que ser «parte de la solución». En ese sentido, ha mencionado iniciativas impulsadas por la Comisión como el Pacto Verde Europeo y las estrategias de biodiversidad y «De la granja a la mesa», que promueven la transición hacia una agricultura sostenible.
Juelicher ha señalado que la nueva Política Agraria Común (PAC) dará «oportunidades económicas» a los productores con el fin de avanzar en los objetivos fijados, como el aumento de la superficie de agricultura ecológica y la reducción del uso de fitosanitarios, fertilizantes y antibióticos.
El jefe de unidad adjunto de la dirección general de Agricultura de la Comisión, Ricard Ramón, ha explicado que pretenden aumentar los estándares europeos y tener en cuenta la sostenibilidad en la puesta en marcha de los acuerdos comerciales firmados con terceros países, en la negociación de futuros pactos y en la Organización Mundial del Comercio (OMC). «No queremos que la política europea sirva para dejar de producir determinadas producciones intensivas en emisiones de gases de efecto invernadero y que se desplacen a otras zonas», ha argumentado el responsable.
Sobre la producción ecológica, Ramón ha afirmado que han detectado problemas en su comercialización y la necesidad de impulsar su consumo «para que los consumidores lleven a los agricultores a cambiar de modelo». Además de mejorar la organización de la cadena alimentaria para dar más poder de negociación a los agricultores, Ramón ha insistido en acercar a estos actores con los consumidores, «que están dispuestos a pagar más cuando saben que lo consumido va a ir en beneficio de la sostenibilidad incluso en tiempos de crisis».
María Navarro, de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha subrayado que «cambiar los hábitos del consumidor tiene un potencial de reducción de emisiones tan potente como las medidas de mitigación que se puedan aplicar en el sector primario». Entre las políticas puestas en marcha en España, país altamente vulnerable frente al cambio climático, Navarro ha citado el Plan nacional integrado de energía y clima, que «empieza a poner el foco en las opciones que tiene el consumidor para disminuir su aportación al cambio climático».
Un consumo responsable, la elección de la dieta, la agricultura de proximidad, los circuitos cortos de comercialización y la lucha contra el desperdicio alimentario son algunos de los aspectos sobre los que se trabaja en distintas iniciativas impulsadas a nivel nacional. «Un sistema alimentario adaptado tiene que pasar por recoger todas estas opciones porque tiene beneficios también para las poblaciones rurales y reduce la vulnerabilidad de las ciudades frente al cambio climático en un mundo globalizado», ha apuntado Navarro.
Para la directora de la Cátedra de Agroecología y Sistemas Alimentarios de la Universidad de Vic y miembro del Panel Internacional sobre Cambio Climático Marta Rivera, la estrategia «De la granja a la mesa» es «bienintencionada en principio». Sin embargo, ha opinado, esta estrategia «da mucho peso a la elección libre de los consumidores» sin reconocer el medioambiente alimentario, es decir, los factores que facilitan el que la persona adopte una elección u otra.
A su juicio, los sistemas agroecológicos locales y «basados en la confianza» han sido más resilientes a los impactos del coronavirus frente a los sistemas globalizados, que han sufrido más las restricciones y necesitan más insumos. Rivera ha instado a ver los alimentos como un «bien común» y un «derecho humano», al tiempo que ha defendido la agroecología como un «modelo alternativo» que integra tanto la producción y el consumo de alimentos como la adaptación y mitigación frente al cambio climático.
El informe Sistemas alimentarios locales frente a riesgos globales: de la crisis climática a la COVID-19, es el tercero sobre políticas alimentarias locales de la Red de Ciudades por la Agroecología, y aborda las vulnerabilidades y estrategias a implementar frente a las emergencias globales, en especial la climática y la sanitaria. Estas dos crisis tienen elementos estructurales comunes y, por tanto, deben abordarse conjuntamente desde una perspectiva de sistemas alimentarios.
El documento viene a complementar los compromisos políticos promovidos por la Red de Ciudades por la Agroecología en 2020 en torno a la Declaración de Valladolid para el impulso de los sistemas agroalimentarios locales frente a los riesgos globales -ver links de descarga más abajo-, asumida por una veintena de gobiernos municipales el 1 de octubre de 2020 con motivo del IV Encuentro anual de la Red de Ciudades por la Agroecología.
El informe será, por tanto, la base del trabajo a desarrollar por la asociación a lo largo de 2021 en torno a maximizar el papel de las políticas de alimentación sostenible y saludable en la acción climática y la mitigación de nuevos episodios de pandemia relacionados con zoonosis u otros aspectos del sistema alimentario.
Desde la Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) compartimos la denuncia de la Plataforma Escoles que Alimenten, de la que forma parte, solicitando al Ajuntament de València que tenga en cuenta las propuestas y recomendaciones efectuadas por el Consell Alimentari Municipal (CALM) para mejorar la alimentación escolar.
El Ayuntamiento de València ignora las recomendaciones y consejos de sus órganos consultivos para mejorar la alimentación escolar y además de licitar a la baja, lo que limita la calidad de la comida, no incluye cláusulas sociales ni ambientales en sus pliegos, según denuncia la plataforma Escoles que Alimenten.
Integrada por varias entidades que luchan por una alimentación más sostenible, esta plataforma impulsa cambios para que permitan un comedor escolar más educativo, saludable y comprometido con el sector primario local, que lo haga participativo y más justo.
Denuncian a EFE desde este colectivo que el último pliego para licitar el servicio de comedor de uno de los tres colegios de titularidad municipal «desoye» las recomendaciones del grupo de trabajo de compra publica del Consell Alimentari Municipal (CALM).
Además, acusan de «falta de coherencia» a València, que firmó el Pacto de Milán, el primer protocolo internacional que anima a las ciudades a desarrollar sistemas alimentarios sostenibles, y se erigió en Capital Mundial de la Alimentación Sostenible en 2017 pero carece de «comedores escolares saludables».
SOBREPESO Y OBESIDAD EN MENORES JUSTIFICAN EL CAMBIO
Desde la plataforma argumentan la necesidad de tener comedores escolares y sostenibles, ante la realidad de la Comunitat Valenciana de que casi el 29 % de los menores entre 2 y 17 años sufre obesidad (16,94 %) o sobrepeso (11,98 %), más de tres puntos por encima que en 2012 (25,6 %), según la última Encuesta Nacional de Salud.
«Urge un cambio de rumbo que permita dar respuesta a la malnutrición y a la crisis ecosocial», apuntan, y sostienen que los comedores escolares «son clave de ese necesario cambio», tanto por la importancia de una dieta adecuada para la salud como por su papel en fomentar hábitos saludables y sostenibles.
LA REALIDAD DE LOS COMEDORES ESCOLARES EN VALÈNCIA
El CALM fue creado 2018 como órgano consultivo para mejorar la gobernanza de València en materia alimentaria como compromiso de Pacto de Milán, que contemplaba redefinir los programas de los comedores escolares para ofrecer comida sana, de procedencia local, de temporada y producida de manera sostenible.
Profesor Santiago Grisolía, Benimaclet y Fernando de los Ríos son los tres colegios municipales, que dan de comer a 620 comensales y cuya realidad dibuja la plataforma: déficit de verduras y hortalizas de temporada, abuso de derivados cárnicos y productos procesados y ausencia total de alimentos de producción ecológica.
Según Escoles que Alimenten, la mejora de la alimentación en los comedores municipales de València pasa necesariamente por la revisión del proceso de licitación que, según la nueva Ley de Contratos del Sector Público, abre una oportunidad para incorporar cláusulas sociales y ambientales en los pliegos de condiciones.
En 2019, València aprobó la Instrucción de contratación pública responsable para incorpora la ley estatal al ámbito municipal, lo que suponía «un impulso definitivo para que las compras de los comedores escolares municipales garanticen la salud de los alumnos, una producción respetuosa con medio ambiente y justicia social».
DEFICENCIAS EN LAS LICITACIONES
Este es uno de los objetivos del grupo de trabajo de compra pública del CALM que, desde su creación hace casi tres años, ha analizado experiencias de éxito y estudiado cómo mejorar el proceso de licitación, pero cuyos consejos «no se han seguido ahora», y que solo ha obtenido de la Concejalía de Educación «buenas palabras» sin «acciones concretas».
Fruto de este proceso nació un documento de Recomendaciones para la licitación del servicio de comedor con criterios de sostenibilidad, que se espera aprobar en octubre por el CALM para elevar las propuestas al pleno del Consistorio.
Según detallan, las licitaciones de este servicio, desde 2018 en manos del Ayuntamiento y no del consejo escolar de cada centro, se hizo en lotes por colegio, con un importe de casi 2,3 millones, con posibles prórrogas y adjudicada a la UTE ITS-Educater, Ausolan e IRCO, con unas bajas respectivas de 13, 21 y 8 %.
Los contratos se prorrogaron por mutuo acuerdo pero «desoyendo las demandas para modificar el pliego», salvo en el Colegio Profesor Santiago Grisolía, cuya adjudicataria renunció y se encuentra en un nuevo proceso de contratación regidos por unos pliegos que «de nuevo, ignoran las recomendaciones del grupo de trabajo del CALM».
En ellos, según la plataforma, hay una «valoración excesiva de la baja económica», que puede llegar al 49 % lo que califican de «barbaridad» porque «si te gastas menos, la comida es de peor calidad porque no es lo mismo una salchicha que un filete».
Obliga a servir alimentos de origen animal (carne, pescado y huevos todos los días), más productos lácteos cuando según la ONU, es «más saludable» incorporar otros ricos en proteínas vegetal, como frutos secos, legumbres y cereales integrales, y además hace «una incorporación absolutamente insuficiente de criterios sociales y medioambientales».
RECOMENDACIONES DESDE EL CALM
El modelo de licitación debe incluir las recomendaciones del grupo de trabajo de compra pública del CALM: control del Ayuntamiento pero sin olvidar la participación de la comunidad educativa y las familias, estudiar la opción de licitación a precio cerrado y hacer vinculante las recomendaciones para la guía de menús de la Generalitat.
En relación a aspectos medioambientales, debe valorar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el empleo de alimentos de circuitos cortos (sin intermediarios), el uso de alimentos frescos, de temporada y de producción ecológica y procedentes de pesca sostenible y ganadería extensiva.
Igualmente, instan a diseñar un protocolo de seguimiento para garantizar el cumplimiento de aspectos nutricionales, educativos y medioambientales, «más allá de inspecciones sanitarias», y contar con el sector primario.
Desde Escoles que Alimentan confían en que, una vez aprobada la Guía en el pleno municipal, las recomendaciones «se tengan en cuenta para futuras licitaciones».
LA VERSIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
Fuentes de la Concejalía de Educación han explicado a EFE que durante estos últimos meses ha mantenido varias reuniones, presenciales y virtuales, con representantes de CALM y están «en total sintonía» con sus propuestas.
Han incidido en que van a establecer un marco de trabajo para hacer propuestas ante los pliegos para los próximos contratos que se gestionarán dentro de unos meses, los de dos escuelas infantiles y los tres colegios, que van a actualizar y detallar estas propuestas.
Solo hay un colegio cuyo expediente se tramitó en el anterior mandato (en marzo de 2019), y por lo tanto no estaba la concejala actual, pero que ya introducía algunas cuestiones como alimentación saludable o productos de proximidad, y no se pudo paralizar su gestión porque estaba avanzada y era importante no demorar plazos.
Han apuntado que así lo han transmitido a los representantes de CALM, por lo que «no» entienden ni comparten la postura de que ignoran a este grupo ni que «se trabaje desde la incoherencia» y han anunciado que este lunes mantendrán una nueva reunión
Más de 20 ciudades se movilizarán en todo el estado durante el día de hoy, 25 de septiembre, con motivo del Día Global de Acción por el Clima convocado internacionalmente. El manifiesto de esta convocatoria subraya la importancia de transformar el trabajo, que en la actualidad se ha unido a la precariedad, la desigualdad y la destrucción del territorio.
NOTA DE PRENSA JUVENTUD X EL CLIMA – Hoy 25 de septiembre, tras nueve meses marcados por la pandemia del COVID-19, Juventud por el Clima–Fridays For Future España, 2020: Rebelión por el Clima y Alianza por el Clima, plantean una movilización en todo el Estado bajo el lema “Justicia climática para acabar con todas las crisis”. Se suman así a la convocatoria internacional del movimiento ecologista juvenil Fridays For Future, que este 25S se movilizará internacionalmente, en un contexto complejo e incierto, como ya lo hicieron el pasado 24 de abril. Bajo el lema “Justicia climática para salir de las crisis”, las organizaciones firmantes vuelven a unir fuerzas para reclamar un cambio que ponga en el centro a las personas, los cuerpos, los territorios y la Tierra.
Tal y como recoge el manifiesto publicado el pasado martes, los convocantes centrarán sus mensajes en el fundamental papel del trabajo ante la emergencia climática. En el manifiesto se señalan cuestiones clave como el modelo industrial, el turismo, los cuidados y el sector público que deberán afrontar profundos cambios para lograr mantener el incremento de la temperatura global por debajo de 1,5 ºC. Para las plataformas convocantes “los últimos meses han dejado aún más patentes las debilidades y contradicciones de una economía depredadora que se encuentra al límite del colapso; de un sistema neoliberal que precariza los servicios públicos y crea grandes desigualdades; de un sistema patriarcal que infravalora e invisibiliza los trabajos de cuidados necesarios para la vida. Ante esta realidad y una crisis climática que sigue agravándose, se hace imprescindible reducir nuestro consumo de materiales y energía, acompañándolo de una redistribución del trabajo que garantice puestos de trabajo compatibles con una vida digna para todas las personas”.La lucha por el futuro toma más relevancia que nunca.
En más de 20 ciudades de todo el territorio tendrán lugar diversas acciones, respetando con seriedad extrema las medidas de seguridad sanitaria. Desde pegadas de carteles y movilizaciones online hasta sentadas y manifestaciones, se hace evidente que a pesar de la grave situación actual, la protesta sigue siendo un elemento fundamental para la protección del futuro para todas las personas del planeta ante la falta de compromisos a la altura de la emergencia climática que enfrentamos.
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