Por una reconstrucción que apueste por la justicia social, ambiental y la agroecología
Valencia, 27 de octubre de 2026.-Dos años después de la DANA más devastadora de la historia de España, la reconstrucción no puede limitarse a reparar infraestructuras de hormigón, sino apostar por la justicia social, ambiental y agroecológica para no repetir errores pasados y proteger realmente a la población. Este es el mensaje principal del manifiesto conjunto que se lanza de manera previa al aniversario del 29O, de más de una decena de organizaciones de familiares de víctimas, colectivos vecinales, entidades del tercer sector social, así como organizaciones agrícolas y ecologistas, entre las que se encuentra SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología).
La alianza denuncia que, transcurridos dos años del desastre y tras repetirse recientemente nuevos episodios torrenciales en la Comunidad Valenciana, las Administraciones públicas continúan cometiendo los mismos errores del pasado: una reconstrucción centrada en el asfalto, escolleras rígidas de hormigón y parches asistenciales que perpetúan el modelo de vulnerabilidad territorial que agravó la catástrofe.
Frente a una reconstrucción basada en el hormigón, los colectivos reclaman una transformación profunda con dotación presupuestaria suficiente, transparencia y participación comunitaria vinculante.
Decálogo de demandas con medidas urgentes
El manifiesto incluye un decálogo de demandas prioritarias de la sociedad civil en forma de diez ejes estratégicos de obligado cumplimiento para las Administraciones a nivel local, autonómico y estatal. Plantea una transformación profunda del territorio, del modelo agrario y de la política climática, superando la reconstrucción tradicional de hormigón para frenar el calentamiento global por debajo del límite de 1,5 °C. Para lograrlo, propone impulsar las comunidades energéticas ciudadanas y exige aplicar una estricta justicia climática que obligue a las corporaciones fósiles a sufragar los daños y la adaptación de los pueblos.
“Después de 233 muertos, no aceptamos que la lección de la DANA sea solo construir más rápido. La lección debe ser construir mejor, con seguridad y, sobre todo, saber también dónde no se debe construir”, ha señalado Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d’octubre.
Por su parte, Helena Cifre, coordinadora de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), con sede en Catarroja, ha apuntado que “reconstruir no es volver al modelo intensivo. Necesitamos suelos vivos con cubierta vegetal que retengan el agua y frenen la erosión. Setos, ribazos y bosques de ribera que ralenticen las riadas y den refugio a la fauna auxiliar. Por eso pedimos apoyo técnico, formación, inversión y precios justos para las familias productoras. El consumo local y agroecológico debe ser parte de la reconstrucción”.
“Debemos tener claro que la adaptación tiene límites, no habrá bosque de ribera ni dique de hormigón capaz de protegernos en un clima desbocado. La ciencia es clara: la única forma de frenar esta espiral de temporales extremos es abandonar de raíz los combustibles fósiles y apostar por las renovables. Es un profundamente inmoral que la factura del cambio climático la esté pagando la ciudadanía con sus impuestos, mientras los verdaderos causantes: las empresas petroleras y gasistas, celebran cada día beneficios récord. Quien contamina, debe pagar y reparar”, ha señalado Francisco del Pozo, responsable de la campaña contra los combustibles fósiles de Greenpeace.
En el plano urbanístico e hidrológico, exige una moratoria inmediata a nuevos desarrollos en zonas de riesgo y la congelación de licencias de obra, blindando los suelos agrícolas y renaturalizando los cauces fluviales mediante vegetación de ribera y Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) para que la tierra actúe como una esponja natural frente a temporales extremos. Esta transición se apoya en una estrategia decidida de reconstrucción agroecológica y soberanía alimentaria, priorizando suelos con cubierta vegetal, asesoramiento técnico y precios justos para el campesinado frente al modelo agroindustrial intensivo.
Las demandas sociales
Asimismo, las demandas colocan los derechos sociales, los servicios esenciales y la seguridad comunitaria en el corazón de la reconstrucción, exigiendo el rediseño adaptativo o el traslado fuera de las áreas de peligro de infraestructuras críticas como colegios, residencias y centros sanitarios, además de priorizar una red metropolitana de transporte público y el modelo de “ciudades de 15 minutos” frente a la dependencia individual del coche.
En materia de vivienda, las organizaciones reclaman urgentemente regular el precio de los alquileres para frenar la especulación, ampliar el parque público social y rehabilitar hogares bajo estándares de cero emisiones. Finalmente, el manifiesto defiende una gobernanza biorregional y descentralizada que reconozca a los Comités Locals d’Emergència i Reconstrucció (CLERs) en mesas territoriales permanentes, junto a una gestión de emergencias basada en la verdad, la asunción de responsabilidades y la formación continua de la población a través de simulacros periódicos.
Nota de prensa de l’Aliança Fulla Verda, coalición de la que SEAE forma parte activa.
L’Aliança Fulla Verda mantiene su pulso frente a la posible tramitación de la Proposición de Ley de Producción Agraria Sostenible (PAS), elaborada por el PSC y actualmente en fase de propuesta, que todavía no ha sido presentada al Parlament para su tramitación.
Este conglomerado de entidades, que actúa como lobby en defensa de la producción agraria ecológica, está siguiendo muy de cerca la evolución de la propuesta del Departament d’Agricultura de implantar un certificado agrario que evalúe la supuesta viabilidad ambiental de las fincas. De aprobarse, el certificado de producción agraria sostenible sustituiría al de producción integrada.
Fue el Consell Català de la Producció Integrada (CCPI) quien registró la marca «agricultura sostenible» en la Oficina Española de Patentes y Marcas en 2019. Ahora, l’Aliança ha solicitado su caducidad por falta de uso, al no haber encontrado evidencias de su utilización efectiva. El CCPI tiene hasta el 6 de julio para aportar pruebas de uso real de la marca o para justificar su ausencia.
La solicitud de caducidad es una de las acciones que l’Aliança ha emprendido para frenar el desarrollo de la marca, la certificación y la ley de producción agraria sostenible. Algunas de estas acciones se han desarrollado en el ámbito europeo, dado que el interés del gobierno catalán es que la certificación sea reconocida también en otros países de la Unión Europea.
En esta línea, la Generalitat ya presentó ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual el logotipo vinculado a la nueva certificación: una mariquita con una de sus alas en forma de hoja verde con nervios blancos. Precisamente, la hoja verde es el logo europeo de la producción agraria ecológica, y este fue uno de los argumentos que l’Aliança utilizó en febrero al solicitar la denegación absoluta de la solicitud de la marca de certificación.
El sector ecológico no se opone a la evaluación ambiental de las fincas agrarias, y comprende el deseo del gobierno de impulsar medidas que orienten al sector hacia mejoras ambientales. Sin embargo, l’Aliança ha exigido siempre que se utilice una denominación que no confunda a las personas consumidoras ni perjudique a las fincas y empresas ya inscritas en el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.
Otras acciones previas
Entre las actuaciones anteriores figuran las denuncias ante la Agència Catalana de Consum por el uso indebido del término «la agricultura sostenible» en campañas de promoción de la producción integrada. El uso del artículo determinado ante ese término da a entender que no existe ningún otro sistema de producción con criterios ecológicos, excluyendo así a la agricultura ecológica.
En marzo de 2025, l’Aliança presentó observaciones al proyecto de reglamento de uso de la marca de certificación de la producción agraria sostenible —que incluye las normas técnicas que se pretenden fomentar (número de notificación 2024/0682/ES del Sistema de Información sobre Reglamentación Técnica, TRIS, de la Comisión Europea)—, dado que el Departament d’Agricultura pretende que su proyecto sirva de modelo también a escala de la UE.
«L’Aliança pide que se opte por una denominación diferente que no dé lugar a interpretaciones erróneas ni compita directamente con el sello de la producción agraria ecológica»
Reconozca el párkinson como enfermedad profesional para trabajadoras y trabajadores agrícolas expuestos a fitosanitarios, con los mismos derechos y prestaciones que ya existen en Francia, Italia y Alemania.
Impulse estudios epidemiológicos que analicen la incidencia del párkinson vinculada a la actividad agrícola en el territorio español.
Hay casos de párkinson que no se pueden evitar pero los provocados por la exposición laboral a plaguicidas, sí. La administración tiene la obligación de prevenirlos y, cuando la enfermedad aparece, de reconocerla oficialmente y garantizar las ayudas necesarias.
Concretamente, las organizaciones impulsoras de esta iniciativa – Ecologistas en Acción, SEAE y WWF – solicitan al:
Ministerio de Trabajo que reconozca el párkinson como enfermedad profesional en personas expuestas a plaguicidas.
Ministerio de Sanidad que se impulsen estudios epidemiológicos que analicen la incidencia de esta enfermedad en relación con la actividad agrícola.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que revise el Marco de Acción Prioritario sobre el uso de plaguicidas e incorpore en él objetivos vinculantes y ambiciosos de reducción de su uso e impacto.
Más de 150.000 personas conviven en España con el párkinson y cada año se diagnostican unos 10.000 nuevos casos. El envejecimiento de la población podría triplicar la cifra en las próximas tres décadas.
En nuestro entorno, tres países ya han traducido esa evidencia en derechos laborales:
Francia, desde mayo de 2012, mediante un decreto que incluyó el párkinson provocado por plaguicidas en el cuadro de enfermedades profesionales agrícolas.
Italia, lo aplica por la vía del INAIL, que incluye el párkinson en sus tablas de enfermedades profesionales desde 2008.
Alemania, que desde marzo de 2024 lo reconoce a través de la recomendación científica del Consejo Médico Asesor del Ministerio Federal de Trabajo, actualizada en septiembre de 2025; la Mutua Agraria alemana ha acreditado ya cerca de 550 casos.
España, pese a ser uno de los Estados de la UE que más plaguicidas consume, ni reconoce ni investiga esta relación.
Esta petición se acompaña del estreno del documental «Párkinson tóxico«, del fotoperiodista Santi Donaire con Alba García Fijo. A través de testimonios del ámbito científico y de personas del campo que han desarrollado la enfermedad tras años de contacto con plaguicidas, la pieza reúne las evidencias médicas, laborales y humanas que sostienen esta reclamación.
Se ha estrenado en Pamplona/Iruña, el miércoles 22 de abril de 2026, a las 19:30 h, en el Aulario del Campus de Arrosadía (UPNA), dentro del XVI Congreso Internacional SEAEAgroecología: raíces y futuro.
Más información sobre evidencias entre la relación de párkinson y plaguicidas
Suma a tu organización
Si tu colectivo, asociación, sindicato, cooperativa o entidad quiere proteger la salud de quienes trabajan en el campo y contribuir a prevenir el párkinson, firma la adhesión.
El pasado 10 de diciembre de 2025, la Comisión Europea publicó la Comunicación «Simplificar para lograr una competitividad sostenible», un paquete de modificaciones en diversas normativas ambientales europeas que, bajo el pretexto de reducir la carga administrativa, esconde retrocesos muy preocupantes en la protección del agua.
Entre las medidas más graves que se plantean está la reducción o eliminación de las obligaciones del Sistema de Gestión Ambiental en instalaciones industriales respecto al inventario de sustancias químicas y el análisis de riesgos. También se propone que las instalaciones de ganadería intensiva y acuicultura dejen de reportar a la Comisión Europea los impactos sobre el agua, la energía y los materiales. Y se pretende suspender algunos requerimientos de la Responsabilidad Ampliada del Productor, el principio por el que las empresas responden de los residuos que generan sus productos.
Por si esto fuera poco, la reforma está prevista para antes del verano de 2026, saltándose los procedimientos de revisión establecidos en la propia Directiva y sin pasar por la preceptiva evaluación de impacto.
Un retroceso inaceptable
La DMA, aprobada en el año 2000, es el instrumento fundamental que obliga a los Estados Miembros a mejorar y a evitar el deterioro de ríos, humedales y acuíferos. Su principio de No Deterioro es una conquista ambiental irrenunciable. Debilitarla no solo pone en riesgo los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad, sino también la salud humana, la seguridad hídrica y actividades económicas como la agricultura, que dependen directamente de la disponibilidad y calidad del agua.
El documento Evidencias científicas sobre la producción ecológica de SEAE ya recogía referencias sobre que la contaminación de acuíferos es uno de los impactos directos de la agricultura convencional intensiva, y que algunas administraciones ya recomiendan la conversión a la agricultura ecológica en zonas vulnerables para mejorar la calidad del agua. La evidencia científica es clara: la menor aplicación de fertilizantes de síntesis, el mayor uso de cubiertas vegetales y la gestión agroecológica del suelo reducen la lixiviación de nitratos y la contaminación por plaguicidas en los acuíferos.
Por qué SEAE firma este manifiesto
Desde SEAE llevamos más de treinta años defendiendo que la producción ecológica y agroecológica no es solo una opción productiva, sino una herramienta activa de protección ambiental. Proteger la Directiva Marco del Agua es proteger la base misma sobre la que se sostiene la agricultura ecológica. No tiene sentido hablar de transición agroecológica mientras se desmonta la normativa que garantiza el buen estado de las masas de agua de las que dependen nuestros cultivos y nuestra alimentación.
El agua limpia no es una ventaja competitiva: es un derecho y un bien común. Reclamar su protección forma parte de nuestra razón de ser como organización científico-técnica comprometida con la sostenibilidad del sistema agroalimentario.
Porque todavía estamos lejos de alcanzar los objetivos que la propia Directiva se marcó. Y porque el futuro del agua, como el de la agricultura, no puede sacrificarse de esta manera.
La relación entre agroquímicos, salud y presión corporativa será uno de los temas centrales del XVI Congreso Internacional de SEAE, que se celebrará del 22 al 25 de abril de 2026 en el campus Arrosadia de la Universidad Pública de Navarra. Bajo el lema «Agroecología: raíces y futuro», el congreso acogerá un conversatorio específico sobre este nudo crítico con la participación de Celsa Peiteado (WWF España) y Nicolás Olea, catedrático de la Universidad de Granada y referente en investigación sobre disruptores endocrinos. La protección del agua y la reducción del uso de sustancias químicas de síntesis en la agricultura son, precisamente, dos de las razones más poderosas para defender tanto la Directiva Marco del Agua como el modelo agroecológico.
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