Por una reconstrucción que apueste por la justicia social, ambiental y la agroecología
Valencia, 27 de octubre de 2026.-Dos años después de la DANA más devastadora de la historia de España, la reconstrucción no puede limitarse a reparar infraestructuras de hormigón, sino apostar por la justicia social, ambiental y agroecológica para no repetir errores pasados y proteger realmente a la población. Este es el mensaje principal del manifiesto conjunto que se lanza de manera previa al aniversario del 29O, de más de una decena de organizaciones de familiares de víctimas, colectivos vecinales, entidades del tercer sector social, así como organizaciones agrícolas y ecologistas, entre las que se encuentra SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología).
La alianza denuncia que, transcurridos dos años del desastre y tras repetirse recientemente nuevos episodios torrenciales en la Comunidad Valenciana, las Administraciones públicas continúan cometiendo los mismos errores del pasado: una reconstrucción centrada en el asfalto, escolleras rígidas de hormigón y parches asistenciales que perpetúan el modelo de vulnerabilidad territorial que agravó la catástrofe.
Frente a una reconstrucción basada en el hormigón, los colectivos reclaman una transformación profunda con dotación presupuestaria suficiente, transparencia y participación comunitaria vinculante.
Decálogo de demandas con medidas urgentes
El manifiesto incluye un decálogo de demandas prioritarias de la sociedad civil en forma de diez ejes estratégicos de obligado cumplimiento para las Administraciones a nivel local, autonómico y estatal. Plantea una transformación profunda del territorio, del modelo agrario y de la política climática, superando la reconstrucción tradicional de hormigón para frenar el calentamiento global por debajo del límite de 1,5 °C. Para lograrlo, propone impulsar las comunidades energéticas ciudadanas y exige aplicar una estricta justicia climática que obligue a las corporaciones fósiles a sufragar los daños y la adaptación de los pueblos.
“Después de 233 muertos, no aceptamos que la lección de la DANA sea solo construir más rápido. La lección debe ser construir mejor, con seguridad y, sobre todo, saber también dónde no se debe construir”, ha señalado Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d’octubre.
Por su parte, Helena Cifre, coordinadora de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), con sede en Catarroja, ha apuntado que “reconstruir no es volver al modelo intensivo. Necesitamos suelos vivos con cubierta vegetal que retengan el agua y frenen la erosión. Setos, ribazos y bosques de ribera que ralenticen las riadas y den refugio a la fauna auxiliar. Por eso pedimos apoyo técnico, formación, inversión y precios justos para las familias productoras. El consumo local y agroecológico debe ser parte de la reconstrucción”.
“Debemos tener claro que la adaptación tiene límites, no habrá bosque de ribera ni dique de hormigón capaz de protegernos en un clima desbocado. La ciencia es clara: la única forma de frenar esta espiral de temporales extremos es abandonar de raíz los combustibles fósiles y apostar por las renovables. Es un profundamente inmoral que la factura del cambio climático la esté pagando la ciudadanía con sus impuestos, mientras los verdaderos causantes: las empresas petroleras y gasistas, celebran cada día beneficios récord. Quien contamina, debe pagar y reparar”, ha señalado Francisco del Pozo, responsable de la campaña contra los combustibles fósiles de Greenpeace.
En el plano urbanístico e hidrológico, exige una moratoria inmediata a nuevos desarrollos en zonas de riesgo y la congelación de licencias de obra, blindando los suelos agrícolas y renaturalizando los cauces fluviales mediante vegetación de ribera y Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) para que la tierra actúe como una esponja natural frente a temporales extremos. Esta transición se apoya en una estrategia decidida de reconstrucción agroecológica y soberanía alimentaria, priorizando suelos con cubierta vegetal, asesoramiento técnico y precios justos para el campesinado frente al modelo agroindustrial intensivo.
Las demandas sociales
Asimismo, las demandas colocan los derechos sociales, los servicios esenciales y la seguridad comunitaria en el corazón de la reconstrucción, exigiendo el rediseño adaptativo o el traslado fuera de las áreas de peligro de infraestructuras críticas como colegios, residencias y centros sanitarios, además de priorizar una red metropolitana de transporte público y el modelo de “ciudades de 15 minutos” frente a la dependencia individual del coche.
En materia de vivienda, las organizaciones reclaman urgentemente regular el precio de los alquileres para frenar la especulación, ampliar el parque público social y rehabilitar hogares bajo estándares de cero emisiones. Finalmente, el manifiesto defiende una gobernanza biorregional y descentralizada que reconozca a los Comités Locals d’Emergència i Reconstrucció (CLERs) en mesas territoriales permanentes, junto a una gestión de emergencias basada en la verdad, la asunción de responsabilidades y la formación continua de la población a través de simulacros periódicos.
La alianza , que reúne el mayor consenso de la sociedad civil y de la que forma parte SEAE, presenta un decálogo de medidas para garantizar los derechos sociales y afrontar la emergencia climática, en plena movilización por la vivienda, a las puertas de la huelga general del 11N y ante unas elecciones en las que la justicia climática y social están en juego.
La justicia climática y social en el centro
Ante las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre, Alianza por el Clima presenta un decálogo de medidas para situar la justicia climática y social en el centro de la próxima legislatura. La plataforma, integrada por las cinco grandes organizaciones ecologistas, los principales sindicatos y numerosas entidades sociales, de cooperación, agrarias y de defensa de los derechos humanos, hace públicas diez demandas para impulsar una transformación ecosocial que garantice una vida digna para todas las personas, reduzca las desigualdades y permita afrontar la emergencia climática. Lo hace en un momento excepcional: miles de personas se mantienen acampadas en plazas de todo el país y se preparan para la huelga general del 11 de noviembre.
Bajo el lema “Casas para vivir, un planeta para habitar”, el documento recoge un amplio consenso de la sociedad civil organizada sobre las transformaciones necesarias para responder a los principales desafíos sociales y ambientales. Alianza por el Clima defiende que el acceso a la vivienda, los salarios y las condiciones laborales dignas, la protección de los servicios públicos, la transición energética y la lucha contra el cambio climático no pueden abordarse como problemas independientes. La alianza considera que las múltiples crisis que atraviesa la sociedad están interrelacionadas y que su resolución exige políticas estructurales capaces de actuar sobre sus causas comunes.
La publicación del decálogo coincide con la presentación, este 21 de octubre, del nuevo Informe sobre la Brecha de Emisiones 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que confirma la insuficiencia de los compromisos climáticos internacionales. El documento advierte de que el calentamiento global superará los 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales y señala que, para limitar al máximo esa superación y regresar a dicho umbral antes de finales de siglo, será necesario reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero un 18 % para 2030 y un 45 % para 2035, respecto a 2025.
Para Alianza por el Clima, estas conclusiones evidencian las consecuencias de décadas de falta de ambición política y refuerzan la urgencia de acelerar la acción climática. Frente al negacionismo y al retroceso de las políticas ambientales, la plataforma reclama que el próximo ciclo político afronte la crisis ecológica como una prioridad inseparable de la defensa de los derechos sociales. En este sentido, insiste en que la transformación ecológica no puede aplazarse ni desarrollarse a costa de las condiciones de vida de la mayoría social, sino que debe convertirse en una oportunidad para garantizar derechos, mejorar el bienestar colectivo y reducir las desigualdades.
El decálogo plantea una hoja de ruta que vincula la reducción de emisiones con la garantía de derechos fundamentales y la mejora de las condiciones materiales de vida. Entre sus principales reivindicaciones figuran el acceso a una vivienda digna y adaptada a los impactos climáticos, la ampliación del parque público de vivienda social, la protección frente a la pobreza energética y el impulso de una rehabilitación energética que no provoque procesos de especulación, gentrificación o expulsión de la población de sus hogares.
Las organizaciones reclaman también una transformación de los pueblos y las ciudades que garantice espacios públicos saludables, transporte colectivo accesible, servicios públicos de calidad y entornos preparados para afrontar las consecuencias del cambio climático. A ello se suma la exigencia de establecer una hoja de ruta vinculante para abandonar los combustibles fósiles, acelerar una transición energética justa en todos los sectores productivos y reforzar las políticas de prevención y adaptación frente a incendios, inundaciones, sequías y olas de calor.
Las propuestas incluyen, además, el desarrollo de un modelo alimentario saludable y sostenible, el apoyo a la agricultura y ganadería familiar y la agroecología, la protección de los derechos laborales y el impulso de una reconversión industrial que garantice alternativas para las personas trabajadoras y los territorios afectados. En el ámbito internacional, el decálogo reclama una mayor financiación climática para el Sur global, el respeto a los derechos humanos y una transición energética que no reproduzca nuevas formas de extractivismo y desigualdad.
Todas estas medidas se articulan en torno a un principio común: quienes más contaminan y más recursos concentran deben asumir una mayor responsabilidad en la financiación de la transición y la reparación de los daños ambientales. Para ello, Alianza por el Clima propone una fiscalidad progresiva que permita reforzar los servicios públicos, proteger a los colectivos más vulnerables, garantizar que el coste de la transformación no recaiga sobre quienes menos han contribuido a la crisis climática y que las decisiones sobre esa transformación se tomen con la participación efectiva de la sociedad civil.
Un consenso amplio de la sociedad civil ante el próximo ciclo político
En este contexto, Alianza por el Clima recuerda que la protección climática no es únicamente una cuestión de voluntad política. La opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en julio de 2025 reconoce las obligaciones de los Estados en materia de protección del sistema climático y advierte de que determinadas actuaciones u omisiones, incluido el mantenimiento de actividades vinculadas a los combustibles fósiles, pueden generar responsabilidad internacional como actos ilícitos.
Desde la diversidad de organizaciones que componen la Alianza y su comprensión de las diversas luchas que representan, la plataforma considera que las próximas elecciones generales representan un momento decisivo para definir las políticas de los próximos años y reclama a todas las candidaturas compromisos concretos, verificables y suficientes para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y de los acuerdos internacionales en materia climática. El poder ciudadano que se expresa en las calles se debe traducir en participación real, garantizando los derechos que reconoce el Convenio de Aarhus: acceso a la información, participación pública en las decisiones ambientales y acceso a la justicia, junto con la plena protección del derecho a la protesta.
Alianza por el Clima insiste en que la magnitud de los desafíos actuales exige abandonar las respuestas parciales y emprender una transformación profunda del modelo económico, energético, democrático y social. Una transformación que, según la plataforma, debe situar la vida, los derechos y el bienestar de las personas y del planeta por encima de los intereses particulares, garantizar la participación de la ciudadanía y asegurar que ninguna persona ni territorio quede atrás.
El Foro de Acción Rural denuncia que naturaleza y desarrollo rural sólo pueden avanzar unidas
El Foro de Acción Rural (FAR), plataforma abierta y deliberativa que agrupa a organizaciones estatales del ámbito agrario, ambiental, sindical, forestal, de municipalismo, consumo y de desarrollo rural – entre las que está SEAE-, quiere trasladar un mensaje sereno y constructivo ante los debates que se están produciendo en distintos territorios sobre la orientación de las políticas agrarias, ambientales y de cohesión territorial: la protección del medio ambiente y el desarrollo del medio rural no son objetivos enfrentados, sino dos caras de un mismo proyecto de país. Quienes producen alimentos, gestionan los montes y habitan los pueblos son, de hecho, los primeros conservadores del territorio.
El FAR recuerda que existe un amplio consenso social, científico e institucional en torno a la necesidad de avanzar hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles, saludables y justos. Renunciar a esa ambición no protege al medio rural: lo debilita. La pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo y del agua, y los efectos cada vez más visibles del cambio climático —sequías prolongadas, episodios extremos de lluvia, incendios— golpean primero y con más fuerza a la agricultura, la ganadería y la silvicultura, y con ellas a la economía y al empleo de nuestros pueblos.
Un medio rural sostenible es un medio rural con futuro
Desde esa mirada compartida, y al margen de cualquier posicionamiento partidista, el FAR reafirma sus propuestas:
Apostar por una agricultura y ganadería familiar, profesional y sostenible, que reside y trabaja en el territorio, conserva el patrimonio natural y cultural y merece un apoyo público prioritario y precios justos en la cadena alimentaria.
Mantener la ambición ambiental y climática de las políticas europeas —Pacto Verde, Estrategia de Biodiversidad, De la Granja a la Mesa— dotándolas de los recursos, la flexibilidad y el acompañamiento necesarios para que sean una oportunidad, y no una carga, para el sector primario.
Defender una PAC fuerte y bien orientada, que priorice a las pequeñas y medianas fincas, a los sistemas de alto valor natural y a la Red Natura 2000, y que reconozca el papel del enfoque LEADER y del desarrollo local participativo.
Situar a las mujeres rurales en el centro: impulsar la titularidad compartida, su presencia en los órganos de decisión y el reconocimiento de su trabajo, imprescindible para romper el círculo de masculinización, envejecimiento y despoblamiento.
Facilitar el relevo generacional con acceso a la tierra, a la vivienda, a la financiación y a la formación, para que las personas jóvenes puedan construir su proyecto de vida en los pueblos.
Garantizar servicios públicos de calidad y una transición justa que genere empleo digno y cohesión social y territorial en el medio rural.
El FAR hace un llamamiento a todas las administraciones —europea, estatal y autonómicas— y al conjunto de las fuerzas políticas y sociales a preservar los consensos alcanzados y a construir, mediante el diálogo y la participación, un gran acuerdo por el mundo rural. La estabilidad normativa y la certidumbre son tan necesarias para el campo como la lluvia: los agricultores y las agricultoras, las ganaderas y los ganaderos, los silvicultores y las silvicultoras, y las comunidades rurales necesitan horizontes claros para invertir, innovar y seguir cuidando del territorio.
«El medio rural español no tiene que elegir entre producir y conservar: lleva siglos haciendo ambas cosas. Nuestra tarea colectiva es acompañarle con políticas justas, estables y ambiciosas para que pueda seguir haciéndolo, en beneficio de toda la sociedad», señalan desde el Foro de Acción Rural.
Por parte de SEAE añadimos que «la producción ecológica y la agroecología son la vía para lograr sistemas agroalimentarios saludables, justos y respetuosos con la vida. Frente a un modelo que agota los suelos y el agua, la agroecología cuida la fertilidad de la tierra, protege la biodiversidad y reduce la dependencia de insumos químicos, al tiempo que sostiene el tejido social y económico de los pueblos».
El Foro de Acción Rural (FAR) es una plataforma abierta y deliberativa integrada por asociaciones y organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal, que elabora propuestas dirigidas a los poderes públicos en las materias que afectan al mundo rural, con vocación de ser un referente para la sociedad y las administraciones. Forman parte del FAR: Red TERRAE, WWF España, UPA, CCOO, UGT, COSE, FADEMUR, REDR, REDER, Fundación Global Nature, SEO/BirdLife, SEAE – Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología -, UNAC, CECU y COAG.
Nota de prensa de l’Aliança Fulla Verda, coalición de la que SEAE forma parte activa.
L’Aliança Fulla Verda mantiene su pulso frente a la posible tramitación de la Proposición de Ley de Producción Agraria Sostenible (PAS), elaborada por el PSC y actualmente en fase de propuesta, que todavía no ha sido presentada al Parlament para su tramitación.
Este conglomerado de entidades, que actúa como lobby en defensa de la producción agraria ecológica, está siguiendo muy de cerca la evolución de la propuesta del Departament d’Agricultura de implantar un certificado agrario que evalúe la supuesta viabilidad ambiental de las fincas. De aprobarse, el certificado de producción agraria sostenible sustituiría al de producción integrada.
Fue el Consell Català de la Producció Integrada (CCPI) quien registró la marca «agricultura sostenible» en la Oficina Española de Patentes y Marcas en 2019. Ahora, l’Aliança ha solicitado su caducidad por falta de uso, al no haber encontrado evidencias de su utilización efectiva. El CCPI tiene hasta el 6 de julio para aportar pruebas de uso real de la marca o para justificar su ausencia.
La solicitud de caducidad es una de las acciones que l’Aliança ha emprendido para frenar el desarrollo de la marca, la certificación y la ley de producción agraria sostenible. Algunas de estas acciones se han desarrollado en el ámbito europeo, dado que el interés del gobierno catalán es que la certificación sea reconocida también en otros países de la Unión Europea.
En esta línea, la Generalitat ya presentó ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual el logotipo vinculado a la nueva certificación: una mariquita con una de sus alas en forma de hoja verde con nervios blancos. Precisamente, la hoja verde es el logo europeo de la producción agraria ecológica, y este fue uno de los argumentos que l’Aliança utilizó en febrero al solicitar la denegación absoluta de la solicitud de la marca de certificación.
El sector ecológico no se opone a la evaluación ambiental de las fincas agrarias, y comprende el deseo del gobierno de impulsar medidas que orienten al sector hacia mejoras ambientales. Sin embargo, l’Aliança ha exigido siempre que se utilice una denominación que no confunda a las personas consumidoras ni perjudique a las fincas y empresas ya inscritas en el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.
Otras acciones previas
Entre las actuaciones anteriores figuran las denuncias ante la Agència Catalana de Consum por el uso indebido del término «la agricultura sostenible» en campañas de promoción de la producción integrada. El uso del artículo determinado ante ese término da a entender que no existe ningún otro sistema de producción con criterios ecológicos, excluyendo así a la agricultura ecológica.
En marzo de 2025, l’Aliança presentó observaciones al proyecto de reglamento de uso de la marca de certificación de la producción agraria sostenible —que incluye las normas técnicas que se pretenden fomentar (número de notificación 2024/0682/ES del Sistema de Información sobre Reglamentación Técnica, TRIS, de la Comisión Europea)—, dado que el Departament d’Agricultura pretende que su proyecto sirva de modelo también a escala de la UE.
«L’Aliança pide que se opte por una denominación diferente que no dé lugar a interpretaciones erróneas ni compita directamente con el sello de la producción agraria ecológica»
TP Organics, plataforma tecnológica europea de la que SEAE forma parte a través de IFOAM Organics Europe, ha publicado junto a otras cuatro plataformas tecnológicas europeas y nueve organizaciones agroalimentarias de la Unión Europea una declaración conjunta que insta a las instituciones comunitarias a integrar plenamente la agricultura, la bioeconomía y los sistemas alimentarios entre las prioridades de investigación e innovación (I+i).
El documento subraya que el sector agroalimentario europeo constituye una prioridad estratégica para la competitividad, la resiliencia y la seguridad alimentaria de Europa, especialmente en un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica, la presión climática y la incertidumbre económica. En pleno debate sobre el Fondo Europeo de Competitividad y el nuevo Horizonte Europa, la coalición considera imprescindible que la agricultura, la alimentación y la bioeconomía sean reconocidas como sectores estratégicos dentro de las futuras prioridades e instrumentos de financiación de la UE.
Al unir fuerzas con una amplia coalición de actores agroalimentarios, TP Organics busca reforzar la voz colectiva del sector ante las personas responsables políticas y contribuir a garantizar apoyo e inversión a largo plazo para una investigación e innovación agroalimentaria responsable. El sector ecológico, recuerda el texto, sigue desempeñando un papel destacado como motor de innovación agroecológica y de desarrollo rural en toda Europa.
Tres demandas clave a las instituciones europeas
Incluir explícitamente la agricultura, la bioeconomía y la alimentación en el título de la Ventana de Políticas 2 del Fondo Europeo de Competitividad y de Horizonte Europa.
Garantizar financiación específica para la I+i agroalimentaria, acorde con su importancia estratégica.
Asegurar una representación equitativa de todas las partes interesadas —comunidad investigadora, productoras y productores, industria y sociedad civil— en el establecimiento de prioridades.
Cómo apoyar la iniciativa
Desde SEAE animamos a las entidades del sector ecológico y agroecológico a sumarse a esta llamada. Tras recibir nuevas muestras de interés, TP Organics ha abierto una segunda ronda de adhesiones: las organizaciones que deseen respaldar públicamente la declaración pueden enviar su confirmación junto con su logotipo antes del lunes 11 de mayo (final del día). A continuación se publicará una versión actualizada del documento con las nuevas firmantes.
También puede apoyarse la iniciativa compartiendo las publicaciones de TP Organics en LinkedIn y BlueSky, difundiendo la declaración entre los propios contactos y haciéndola llegar a las administraciones nacionales y las instituciones europeas.
Reconozca el párkinson como enfermedad profesional para trabajadoras y trabajadores agrícolas expuestos a fitosanitarios, con los mismos derechos y prestaciones que ya existen en Francia, Italia y Alemania.
Impulse estudios epidemiológicos que analicen la incidencia del párkinson vinculada a la actividad agrícola en el territorio español.
Hay casos de párkinson que no se pueden evitar pero los provocados por la exposición laboral a plaguicidas, sí. La administración tiene la obligación de prevenirlos y, cuando la enfermedad aparece, de reconocerla oficialmente y garantizar las ayudas necesarias.
Concretamente, las organizaciones impulsoras de esta iniciativa – Ecologistas en Acción, SEAE y WWF – solicitan al:
Ministerio de Trabajo que reconozca el párkinson como enfermedad profesional en personas expuestas a plaguicidas.
Ministerio de Sanidad que se impulsen estudios epidemiológicos que analicen la incidencia de esta enfermedad en relación con la actividad agrícola.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que revise el Marco de Acción Prioritario sobre el uso de plaguicidas e incorpore en él objetivos vinculantes y ambiciosos de reducción de su uso e impacto.
Más de 150.000 personas conviven en España con el párkinson y cada año se diagnostican unos 10.000 nuevos casos. El envejecimiento de la población podría triplicar la cifra en las próximas tres décadas.
En nuestro entorno, tres países ya han traducido esa evidencia en derechos laborales:
Francia, desde mayo de 2012, mediante un decreto que incluyó el párkinson provocado por plaguicidas en el cuadro de enfermedades profesionales agrícolas.
Italia, lo aplica por la vía del INAIL, que incluye el párkinson en sus tablas de enfermedades profesionales desde 2008.
Alemania, que desde marzo de 2024 lo reconoce a través de la recomendación científica del Consejo Médico Asesor del Ministerio Federal de Trabajo, actualizada en septiembre de 2025; la Mutua Agraria alemana ha acreditado ya cerca de 550 casos.
España, pese a ser uno de los Estados de la UE que más plaguicidas consume, ni reconoce ni investiga esta relación.
Esta petición se acompaña del estreno del documental «Párkinson tóxico«, del fotoperiodista Santi Donaire con Alba García Fijo. A través de testimonios del ámbito científico y de personas del campo que han desarrollado la enfermedad tras años de contacto con plaguicidas, la pieza reúne las evidencias médicas, laborales y humanas que sostienen esta reclamación.
Se ha estrenado en Pamplona/Iruña, el miércoles 22 de abril de 2026, a las 19:30 h, en el Aulario del Campus de Arrosadía (UPNA), dentro del XVI Congreso Internacional SEAEAgroecología: raíces y futuro.
Más información sobre evidencias entre la relación de párkinson y plaguicidas
Suma a tu organización
Si tu colectivo, asociación, sindicato, cooperativa o entidad quiere proteger la salud de quienes trabajan en el campo y contribuir a prevenir el párkinson, firma la adhesión.
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