La plataforma, de la que forma parte SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología) lanza un documento con propuestas para un sistema agroalimentario justo, sostenible, saludable y desde el territorio. Reforzar la agricultura familiar, asegurar precios justos para productores y consumidores, garantizar el derecho a una alimentación sana y sostenible, impulsar la educación y culturas alimentarias y asegurar una gobernanza alimentaria participativa, son las cinco propuestas que plantean.
En el Día Mundial, el Foro de Acción Rural (FAR) reivindica la importancia de la alimentación sostenible como un motor de transformación, en el que el medio rural, la agricultura familiar, la naturaleza y los territorios ocupan un papel central para garantizar el derecho a una alimentación sana y revitalizar los pueblos. Además de ser una pieza clave para afrontar la crisis climática, de biodiversidad y demográfica en la que estamos inmersos.
El sistema agroalimentario industrial actual enfrenta grandes desafíos: desde la vulnerabilidad al cambio climático o a las diferentes crisis (pandemias, conflictos bélicos, incremento del precio de los alimentos), la degradación ambiental, la falta de relevo generacional o de reparto justo de ayudas públicas.
Frente a ello, nos encontramos en un momento importante en el que se pone en juego el futuro de la alimentación. Por un lado, en el seno de la UE se están decidiendo las orientaciones para el futuro Marco Financiero más allá de 2028, que prevén el diseño de nuevos Planes Nacionales, en los que, por primera vez, se integrarán diversos fondos europeos clave para el futuro del sistema alimentario. Y al mismo tiempo, en el ámbito nacional, se está poniendo en marcha el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que abre una oportunidad única para situar la alimentación sostenible, justa y territorial como una de las vías más eficaces para alcanzar sus objetivos.
Por ello, el FAR plataforma que agrupa a entidades estatales de carácter social, agrario, ambiental, municipalista, de producción ecológica, personas consumidoras y otras, que trabajan por un desarrollo sostenible del medio rural presenta una propuestacon cinco ejes para avanzar hacia una transición agroalimentaria justa y sostenible.
En primer lugar, las organizaciones piden reforzar la agricultura familiar sostenible con la aprobación de una Ley de Agricultura Familiar y la reorientación de la PAC (Política Agraria Común), para priorizar el apoyo público en torno a la agricultura familiar, formada por pequeñas y medianas explotaciones, y, en especial, a aquellas en Red Natura 2000, espacios naturales protegidos y Sistemas agrícolas y ganaderos de alto valor natural. Sin olvidar la importancia de jóvenes y mujeres para un sistema alimentario realmente sostenible.
Por otro lado, la plataforma incide en la necesidad de asegurar precios justos para la producción y el consumo de alimentos, que garanticen la calidad de vida a las personas agricultoras, ganaderas y resto de trabajadoras de la cadena alimentaria, prestando especial atención a la agricultura familiar, como el eslabón más débil de la cadena frente al sector industrial y el comercial.
En tercer lugar, garantizar el derecho a una alimentación sana y sostenible apoyando la producción de proximidad y temporada, así como las cadenas cortas de comercialización y la venta directa, entre otras medidas.
Las organizaciones también recuerdan la importancia de impulsar la educación y culturas alimentarias, incluyendo contenido obligatorio sobre alimentación sostenible y agroecología en los planes educativos, que ponga en valor también el conocimiento campesino y cultural alimentario del territorio rural.
Y por último, asegurar una gobernanza alimentaria participativa para ofrecer procesos y recursos que permitan la participación efectiva de las organizaciones interesadas en las políticas alimentarias, incluida la aplicación y el seguimiento en la nueva Estrategia Nacional de Alimentación, así como en otras herramientas.
Para articular todas estas propuestas con una participación real de la sociedad civil en las políticas agroalimentarias, desde el FAR se pide la creación de un Consejo Nacional de Alimentación. Se brinda, además, el conocimiento y experiencia de la pluralidad de entidades que conforman el Foro para la puesta en marcha de este Consejo.
Desde la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), se han presentado propuestas basadas en evidencias científicas que demuestran que la agricultura y ganadería ecológicas son herramientas indispensables para la adaptación y mitigación del cambio climático. Estas contribuciones se enmarcan dentro de los puntos 1, 2, 4, 5, 7 y 10 del Pacto de Estado, y apuntan a avanzar en una transición agroecológica justa y territorializada que fortalezca la resiliencia climática de los sistemas agroalimentarios.
SEAE subraya que las políticas agrarias deben avanzar hacia una agricultura con agricultores/as y ganaderos/as, que sea agroecológica y mantenga un mundo rural vivo, alejándose del modelo intensivo controlado por fondos de inversión. Esto implica que entre las principales propuestas se incluya el apoyo con incentivos económicos y fiscales dirigidos a compensar los servicios ecosistémicos prestados por la producción ecológica así como el fomento de la conversión a producción ecológica y de la adopción de prácticas agroecológicas (costes iniciales, certificación, inversiones en sistemas agroforestales…) y el impulso del consumo de alimentos ecológicos mediante la formación en nutrición ecológica, la compra pública y otros canales cortos de comercialización.
“La agroecología es una solución integral que combina adaptación, mitigación del cambio climático y revitalización del medio rural. Recomendamos al Pacto de Estado integrar el Derecho a la Alimentación Agroecológica como línea estratégica prioritaria”
La Declaración de la Conferencia Más Allá del Crecimiento es el fruto de un proceso colectivo iniciado hace meses en el que han participado numerosas organizaciones y colectivos de la sociedad civil. Constituye una serie de principios que informan el proceso de cara al Foro Social, que se celebrará en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) los días 13 y 14 de febrero de 2026, y que supone la continuación de la Conferencia desde la deliberación democrática y acción colectiva por una transición ecosocial justa.
La Comisión Europea (CE) ha puesto en marcha una«Hoja de ruta hacia los créditos naturaleza», con el objetivo de “incentivar las inversiones privadas en actuaciones de protección y preservación de la naturaleza, y recompensar a quienes emprendan esas acciones e inviertan en ellas”, tal y como explica en su comunicado.
La hoja de ruta propone el desarrollo de “créditos de naturaleza” como una herramienta financiera voluntaria que sirva para recompensar acciones positivas hacia la biodiversidad, especialmente por parte de agricultores, silvicultores, comunidades locales y otros gestores del territorio.
Así pues, este documento considera a la agricultura ecológica como una base válida y reconocida para integrar y simplificar el sistema de créditos de naturaleza. Es decir, los agricultores y agricultoras ecológicos podrían beneficiarse económicamente a través de este esquema, al ser reconocidos por su impacto positivo en la biodiversidad.
Desde SEAE reclamamos que ya es hora de recompensar, económica y socialmente, los múltiples impactos positivos de la producción ecológica. Unos impactos científicamente probados y obtenidos gracias al sobreesfuerzo e internalización de costes del único sector agroalimentario que en la actualidad puede acreditarlo mediante certificación oficial y común en toda la Unión Europea.
Estándares claros y certificación fiable
La CE explica en su comunicado que “los créditos naturaleza representan una inversión en actuaciones positivas para la naturaleza por parte de una empresa, una institución financiera, una entidad pública o un ciudadano, a cambio de beneficiarse de ecosistemas más limpios, reducción del riesgo, mejora de la reputación y mayor aceptación social de sus proyectos. Estas actuaciones pueden adoptar diferentes formas, algunas de las cuales son la restauración de humedales o la ampliación de las zonas forestales en la UE”.
Destaca además que “estas actuaciones positivas para la naturaleza podrán ser valoradas y certificadas por una organización independiente, de manera que ganarán credibilidad los inversores patrocinadores de las actuaciones realizadas por medio de créditos naturaleza”.
En este sentido, hay un reconocimiento explícito a la producción ecológica en la sección 2.2 por su valor ambiental y su potencial como base para certificar acciones positivas para la biodiversidad. Concretamente, se indica que “siempre que sea posible, la certificación debería basarse en los marcos existentes de la UE, por ejemplo el régimen de agricultura ecológica, para minimizar cargas administrativas.”
En la hoja de ruta se señala que “los créditos a la naturaleza se enfrentan a muchos de los mismos retos que otros sistemas basados en la certificación, como los de agricultura ecológica o eficiencia energética, que comparten el objetivo de identificar y recompensar los resultados medioambientales beneficiosos. A la hora de crear mercados para los créditos de naturaleza, los mercados de carbono pueden ofrecer ideas útiles para diseñar sistemas de alta integridad, resilientes, inclusivos y fiables”.
Un amplio grupo de asociaciones de agricultura, entidades agroecológicas, científicas y colectivos ciudadanos -entre los que está SEAE, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología – lanzamos una campaña bajo el lema “Ni greenwashing ni venenos camuflados. Unidos por una agricultura regenerativa sin agrotóxicos”, con el objetivo de proteger la integridad del concepto de agricultura regenerativa frente a su uso indebido por parte de algunas empresas y certificadoras.
¿Por qué ahora? ¿Qué está pasando con la agricultura regenerativa?
En los últimos años, el término agricultura regenerativa ha ganado protagonismo en los discursos políticos, empresariales y climáticos. Recomendado por organismos como el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), este modelo agrario se basa en la regeneración del suelo, la biodiversidad, el ciclo del agua y la economía local. Frente a una agricultura industrial en crisis ecológica y social, este enfoque se está consolidando como una de las soluciones más prometedoras.
Sin embargo, el rápido auge del concepto ha provocado un proceso de apropiación y vaciado de contenido, que recuerda a lo que ocurrió con términos como «eco» o «bio». En este contexto, certificadoras privadas han empezado a desarrollar sellos de “agricultura regenerativa” que permiten el uso de herbicidas, pesticidas y fertilizantes de síntesis, contraviniendo los principios básicos que sustentan este modelo.
¿Por qué es un problema permitir agrotóxicos en un modelo regenerativo?
Porque es una contradicción en los términos. La agricultura regenerativa –como han definido colectivos de práctica y centros de investigación– se basa en la exclusión del uso de agroquímicos tóxicos, por su impacto negativo sobre la fertilidad del suelo, los polinizadores, la salud humana y la biodiversidad. Numerosos estudios han demostrado que restaurar la vida del suelo y los ecosistemas solo es posible dejando de utilizar insumos tóxicos y adoptando prácticas como la cobertura vegetal, el pastoreo rotativo, la agroforestería o la diversificación productiva.
En este sentido, desde la campaña se recuerda que:
Ni la agricultura ecológica ni la regenerativa usan agrotóxicos.
No se puede regenerar un ecosistema aplicando veneno.
Las certificaciones que lo permiten incurren en greenwashing y perjudican al consumidor y al productor honesto.
Evidencia científica y redes implicadas
Desde entidades como el CREAF (Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales), se subraya que existe una base científica sólida que demuestra que los sistemas agroecológicos y regenerativos son más resilientes al cambio climático, protegen la biodiversidad y garantizan la seguridad alimentaria a largo plazo. Actualmente, el proyecto REGEN está trabajando para generar un marco de referencia científica y práctica en torno a este modelo en el contexto ibérico.
Además, colectivos como la Red Ibérica de Agricultura Regenerativa llevan años definiendo y concretando qué es (y qué no es) esta agricultura, ofreciendo prácticas validadas en campo y manuales técnicos con base científica y práctica.
Objetivos de la campaña
La campaña busca:
Defender públicamente una agricultura regenerativa real y sin agrotóxicos, alineada con la evidencia científica y las prácticas de quienes la desarrollan desde hace años.
Visibilizar los intentos de greenwashing y generar conciencia pública sobre el uso indebido del término.
Apoyar a los productores, científicas/os y entidades que están trabajando por una transición agroecológica y justa.
¿Cómo apoyar?
Difundiendo la campaña y su lema: “Ni greenwashing ni venenos camuflados”.
Entrevistando y dando visibilidad a personas productoras y expertas que practican o investigan sobre agricultura regenerativa real.
SEAE presenta aportaciones a la consulta pública para el “Real Decreto para el fomento de la alimentación saludable y sostenible en la contratación pública de administraciones, centros de personas dependientes o con necesidades especiales”
SEAE propone que el decreto parta del principio de precaución, destacando la especial vulnerabilidad de estos colectivos frente a los efectos de los plaguicidas, incluyendo los impactos neurotóxicos, cancerígenos y disruptores endocrinos. También reclama que se contemplen los riesgos acumulativos del “efecto cóctel” de múltiples residuos químicos presentes en los alimentos.
Principales propuestas al RD
Entre sus principales propuestas se encuentran:
Prohibir plaguicidas sintéticos, especialmente aquellos con riesgo para la salud humana y el medio ambiente.
Establecer un mínimo del 15% de alimentos de producción ecológica certificada en la contratación pública, con carácter creciente y adaptable a cada territorio.
Mejorar los sistemas de control, inspección y sanción para garantizar alimentos libres de residuos.
Fomentar la producción agroecológica, con alimentos de temporada, menor proteína animal, y más legumbres y productos de cercanía.
Dar prioridad a circuitos cortos y economía social, premiando a pequeñas empresas, cooperativas y entidades sin ánimo de lucro.
Incluir formación y asesoramiento técnico para facilitar la transición a modelos alimentarios más saludables y sostenibles.
SEAE apoya sus argumentos en estudios científicos que muestran una mayor calidad nutricional y menor presencia de contaminantes en los productos ecológicos, así como su importancia para proteger la salud pública y el medio ambiente. Puedes consultar las aportaciones aquí.
“Desde SEAE consideramos que el nuevo Real Decreto debe ser una herramienta ambiciosa que impulse un sistema alimentario más justo, sano y sostenible para todos, especialmente para quienes más lo necesitan”.
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