A ello también se suma la petición para incrementar la regulación de la financiación de los bancos privados. Se trata de una carta enviada por más de una treintena de organizaciones al Gobierno y diferentes entidades bancarias.
Entre el 30 de junio y el 3 de julio se acoge en Sevilla la Conferencia de Naciones Unidas de Financiación Internacional para el Desarrollo, que se celebra una vez cada diez años. En este contexto, más de 40 organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran Alianza por la Solidaridad–ActionAid, Ecologistas en Acción, End Fossil Finance, Juventud por el Clima, Observatori del Deute en la Globalització (ODG) y a las que se ha sumado SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología), han enviado una misiva a diferentes organismos del Gobierno de España para que se ponga fin a la financiación y las subvenciones fósiles y no agravar más la crisis climática. Entre estos organismos se encuentran el Banco de España, la CNMV, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y el Gabinete de la Presidencia de Pedro Sanchez.
La misiva va acompañada de tres ejemplos de los impactos que las inversiones de bancos españoles, como El Banco Santander, BBVA y CaixaBank están causando en el medio ambiente, acelerando la crisis climática; la pérdida de biodiversidad, fomentando la deforestación; y el militarismo, financiando la industria armamentística y apoyando empresas que contribuyen a la ocupación ilegal por Israel de los Territorios Palestinos o a las acciones que desarrolla en Gaza y que están siendo investigadas como crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio en tribunales internacionales, en base a convenios sobre derechos humanos ratificados todos ellos por el Estado español.
El Banco Santander destaca por ser el banco español que más está financiando el sector del GNL (gas fósil licuado) y el tercero a nivel mundial. Por ejemplo, participa en la destrucción de la biodiversidad poniendo en riesgo a las ballenas del golfo de México con el proyecto Saguaro de exportación de GNL. Por otro lado, está entre los 20 bancos a nivel mundial que más financian tanto la deforestación de las selvas tropicales como las emisiones mundiales de metano, relacionado con la ganadería. Además, es el primero en el ranking de bancos del estado español que financian la industria militar, y presta servicios bancarios a empresas que no deberían ser elegibles ni según su propia “Política sector Defensa”, cuya aprobación y cumplimiento es responsabilidad del Consejo de Administración.
El informe ‘Banking on Climate Chaos’ sitúa a BBVA en la posición 39 de un total de 60 bancos a nivel mundial que más han financiado la crisis climática. Además, el BBVA figura entre los bancos que proporcionan recursos financieros a empresas vinculadas a la deforestación en la Amazonia. BBVA ha financiado a empresas armamentísticas como Boeing, General Dynamics, Leonardo, Oshkosh Corp o Rheinmetall que suministran armas a Israel que están siendo utilizadas en Gaza.
Por su parte, CaixaBank se sitúa en la posición 47 de 60 de bancos que más han financiado la crisis climática en 2023. El grupo CaixaBank aparece en la tercera posición de las entidades financieras con sede en España, por cantidad de crédito a los principales actores en sectores de riesgo para los ecosistemas. CaixaBank pese a su carácter su objetivo de “contribuir al progreso de la sociedad”, ha participado y participa en la financiación de fabricantes de armas y empresas que operan en los Territorios Ocupados Palestinos.
Entre las reclamaciones que las organizaciones han transmitido al Gobierno se encuentra cumplir con los compromisos internacionales que ha suscrito, como el Acuerdo de París, el BOGA (Beyond oil and gas alliance) y el COFFIS (Coalition on Phasing Out Fossil Fuel Incentives Including Subsidies). Y en ese sentido que aumenten la regulación del sector bancario, promuevan la desinversión en combustibles fósiles y se eliminen los subsidios fósiles, tanto directos como indirectos.La misiva finaliza subrayando la necesidad de actuar en otros sectores de forma urgente: “Consideramos indispensable subrayar la urgente necesidad de crear normativas que implementen el control público y social efectivo sobre las actividades empresariales en la totalidad de la cadena de valor. Como también que incorporen la responsabilización administrativa, civil y penal de las empresas transnacionales, incluyendo el sector financiero, bancario y armamentístico, en el caso de recibir denuncias por la violación de los derechos humanos”.
Diversas organizaciones, entre las que se encuentra SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología) advierten que la negativa del Gobierno a incluir objetivos de descarbonización puede condicionar la aprobación de esta ley.
Por ello, se solicita a todos los partidos políticos con representación en las Cortes Generales altura de miras en la defensa del interés común del país.
La falta de voluntad política del Gobierno de incluir objetivos claros y ambiciosos de descarbonización y sostenibilidad del sector transporte-movilidad en el articulado de la Ley de Movilidad Sostenible está poniendo en riesgo que este proyecto de ley se apruebe.
El sector del transporte es, de forma indiscutible, el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en España. En efecto, en 2023 este sector contribuyó con el 32,5 % del total de las emisiones de GEI, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En particular, el transporte por carretera fue, por sí solo, el responsable del 30,1 % del total de dichas emisiones.
Pese a la gravedad de este hecho, los representantes del Grupo Parlamentario Socialista no han dado ninguna explicación convincente de por qué el Gobierno se opone a aceptar las enmiendas registradas que piden incluir en el Artículo 1. OBJETO Y FINALIDAD DE LA LEY, el objetivo de “conseguir la neutralidad climática del sector transporte-movilidad antes de 2050, y en todo caso, en el más corto plazo posible” y a introducir en su redactado esta frase: “se incluirán en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) objetivos concretos y cuantificables de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del sector transporte para 2030 y 2040 respecto a los niveles de 1990, cuya actualización solo se podrá contemplar al alza en las sucesivas revisiones del PNIEC”.
Ese mecanismo de revisión al alza es el mismo que se introdujo en la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética para modificar los objetivos de esta ley. Por otro lado, hay que recordar que en esta ley no se quisieron incluir objetivos de descarbonización del sector transporte, pues en aquel entonces se adujo que de ello se encargaría la futura Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público.
Ejemplos de falta de ambición
Entre otros ejemplos de falta de ambición y compromiso, estas organizaciones han encontrado igualmente una resistencia absoluta, totalmente injustificada, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, a aceptar las enmiendas que piden hacer obligatorios los planes de movilidad sostenible al trabajo en aquellos centros que superen las 100 personas empleadas o 50 por turno. La propuesta actual, tal como está redactada en el artículo 27, establece esa obligación solo a los centros con más de 500 personas trabajadoras o 250 por turno. Esa barrera deja fuera a la mayoría de los centros de trabajo en España.
En efecto, la propuesta del Gobierno no encaja con la realidad del tejido empresarial español. Según datos de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (DGIPYME), en su informe Cifras PYME de febrero de 2024, en España hay más de 2,9 millones de pequeñas y medianas empresas. Las grandes, con más de 250 empleados, apenas llegan a 5.684. Hablamos de un 99,8 % frente a un 0,2 % respectivamente. Una diferencia abrumadora. Eso significa que millones de trabajadoras y trabajadores quedarían fuera de la protección que debería ofrecer la ley.
Según los datos disponibles, alrededor del 30 % de los desplazamientos en día laborable en España son por motivo de desplazamiento al trabajo, la mayoría de los cuales (cerca de un 60 %) se hace por medio del vehículo privado motorizado.
Aunque hoy en día los planes de movilidad sostenible al trabajo son opcionales, excepto en algunas pocas comunidades autónomas, los datos existentes evidencian que, allá donde se aplican con compromiso y continuidad, los resultados llegan: se producen menos accidentes y menos atascos, se contribuye a la mejora de la calidad del aire y a la reducción de las emisiones de GEI.
Por una Ley de Movilidad Sostenible valiente y eficaz
“Debido a las importantes repercusiones que la actividad del transporte y la movilidad tiene en la vida de la ciudadanía, en la salud pública y en el medio ambiente, España necesita urgentemente una Ley de Movilidad Sostenible valiente y eficaz, con ambiciosos objetivos de descarbonización y de avance medioambiental. Nos preocupa que el Gobierno prefiera sacar adelante una ley floja y sin objetivos concretos, y se pierda para siempre la oportunidad de tener una ley verdaderamente útil y eficaz”, concluyen.
Las organizaciones han logrado registrar, gracias a la apertura de miras de numerosos grupos parlamentarios, 64 enmiendas de mejora del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que tratan de introducir objetivos concretos, además de los ya reseñados, para avanzar en el despliegue de la electromovilidad en el medio rural; impulsar el uso de la bicicleta y otros modos de movilidad activa en medios urbanos; reconocer los derechos de la infancia a una movilidad activa y autónoma; incrementar el porcentaje de mercancías transportadas por ferrocarril, posibilitar la apertura de servicios de trenes nocturnos transfronterizos; evitar la posibilidad de apoyar con fondos públicos los combustibles fósiles como el gas natural licuado en el transporte marítimo; o incrementar el porcentaje de combustibles renovables cero emisiones para la aviación y el transporte marítimo.
Entre ellas, además de las dos ya reseñadas, se destacan las siguientes enmiendas:
— Eliminación de vuelos cortos con alternativa ferroviaria de hasta cuatro horas.
— Establecimiento de una cuota mínima obligatoria para 2030 del 6 % de uso de electro combustibles cero emisiones de origen renovable para todos los barcos que entren en puertos españoles.
— Creación del Fondo de Carbono para la descarbonización del transporte y la resiliencia de infraestructuras de transporte.
— Inclusión, dentro de los planes de movilidad sostenible para grandes centros de actividad, de un objetivo obligatorio de incorporación progresiva de vehículos cero emisiones a las flotas de empresa, con más de 50 vehículos, según un calendario establecido.
— Inclusión en el Instrumento de Planificación Estratégica Estatal en Movilidad (IPEEM) de criterios que prioricen los medios de transporte con menor huella de carbono, como el tren y limiten la financiación de nuevos proyectos de vías de alta capacidad y aeropuertos.
— Etiquetas DGT. Modificación de la ineficaz y engañosa actual clasificación ambiental de los vehículos para que en adelante incluya, además de las emisiones de contaminantes atmosféricos, las emisiones de CO2 .
— Creación de instrumentos de mejora de la calidad del gasto en la financiación de las Obligaciones de Servicio Público ferroviarias, para evitar la eliminación arbitraria de servicios públicos ferroviarios.
Manifestación octubre 2025: «Por un tren que vertebre el territorio y enfríe el planeta»
El viernes 24 de octubre de 2025 hay convocada una manifestación por Alianza por el Clima y otras plataformas, para la defensa del ferrocarril público y social: trenes que contribuyan al equilibrio social y territorial, respondiendo así a las necesidades de movimiento y transporte tanto en las grandes concentraciones urbanas como en las zonas rurales, en este último caso ayudando a recuperar población.
Si quieres sumarte a estos colectivos unidos por la defensa del transporte ferroviario como herramienta de desarrollo social, económico y ambiental, tienes más información en https://luchaporeltrenyclima.org/
Desde SEAE compartimos el comunicado enviado por TP Organics, la plataforma tecnológica europea de la que formamos parte y que se dedica a promover la investigación e innovación en agricultura ecológica y agroecología.
BRUSELAS, 3 DE JUNIO DE 2025 – La agricultura y la alimentación son pilares fundamentales de la soberanía europea, generando conjuntamente 900.000 millones de euros en valor añadido en 2022¹. Sin embargo, el sector se enfrenta a fuertes presiones geopolíticas, económicas, sociales y medioambientales. Según las recomendaciones publicadas por la Plataforma Tecnológica Europea TP Organics pide que el próximo Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE (FP10)* otorgue un papel estratégico al sector agroalimentario y proporcione los recursos necesarios para una transición sostenible y competitiva de los sistemas agroalimentarios europeos.
“La resiliencia climática, el acceso a alimentos saludables y asequibles, y una auténtica soberanía alimentaria dependen de la investigación y la innovación que pongan en primer lugar a los agricultores y a la ciudadanía”, afirmó Dora Drexler, miembro del Comité Directivo de TP Organics. “Un FP10 con visión de futuro, que aborde los desafíos sociales como la producción alimentaria sostenible, es esencial para la seguridad y prosperidad de Europa”.
TP Organics celebra la reciente confirmación de la presidenta von der Leyen de que el FP10 seguirá siendo un programa independiente, ya que una base jurídica específica y disposiciones legales claras son fundamentales para proteger la investigación colaborativa orientada al interés público, mantener la transparencia, la confianza pública y la autonomía científica, al tiempo que se enfrentan amenazas globales a la seguridad y competitividad de la UE.
En línea con los informes de Draghi y Heitor, el FP10 debería contar con un presupuesto mínimo de 200.000 millones de euros, de los cuales al menos 20.000 millones deberían destinarse a la investigación e innovación agroalimentaria. Para corregir el déficit estructural de financiación y liberar todo el potencial del sector, el 30% del presupuesto de investigación agroalimentaria debería dedicarse a prioridades ecológicas y agroecológicas, tal como se comprometió en el Plan de Acción de la UE para el Desarrollo de la Producción Ecológica.
Los sistemas ecológicos y agroecológicos ofrecen soluciones escalables y basadas en la ciencia que reducen la dependencia de insumos, aumentan los ingresos agrícolas, crean empleo rural y mejoran la resiliencia climática, todo ello mejorando la biodiversidad y la calidad alimentaria. Estas estrategias ya contribuyen a las prioridades clave de la UE, incluidas las Directrices Políticas de la Comisión Europea 2024–2029, las recomendaciones del Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Agricultura de la UE, y la nueva Visión para la Agricultura y la Alimentación. Desde hace décadas, los enfoques ecológicos y agroecológicos han impulsado los objetivos de la UE en cuanto a competitividad, seguridad, sostenibilidad e innovación. Empoderan a los agricultores para producir alimentos saludables, reducir la dependencia de insumos, adaptarse al clima y fortalecer las economías rurales.
El FP10 debe basarse en el modelo exitoso de Horizonte Europa, centrado en la investigación e innovación multiactor, reuniendo a agricultores, asesores, investigadores, pymes, empresas, ONG y responsables políticos desde el diseño del proyecto hasta su difusión. Esta co-creación garantiza que las preguntas de investigación respondan a las realidades del campo, que el conocimiento fluya en ambas direcciones y que las innovaciones –tecnológicas y sociales– se adopten rápidamente en los distintos territorios. Involucrar a todas las partes interesadas desde el inicio de los nuevos proyectos de investigación, como lo promueve el enfoque multiactor ya bien establecido en Horizonte Europa, es indispensable.
*Más información sobre el FP10
El FP10 (Décimo Programa Marco de la Unión Europea) será el nuevo programa europeo de financiación para la investigación y la innovación, que empezará después de que termine el actual programa, llamado Horizonte Europa (FP9).
El FP10 sirve para:
Financiar proyectos de investigación e innovación en toda Europa.
Apoyar avances científicos y tecnológicos.
Enfrentar grandes desafíos como el cambio climático, la transición energética, la salud, la alimentación sostenible, etc.
Impulsar la economía europea haciendo más competitivos a sus sectores clave.
Por tanto, el FP10 se trata de una gran inversión pública que decidirá qué tipo de ciencia y tecnología se apoya en Europa durante los próximos años, y cómo se construye un futuro más sostenible, justo y competitivo.
SEAE se suma como entidad a la iniciativa de Per l’Horta que tiene como objetivo recoger firmas para que el Defensor del Pueblo interponga un Recurso de Inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 4/2025, aprobado por el actual Gobierno valenciano, que desprotege la huerta valenciana frente a la especulación urbanística. Suma tu adhesión aquí.
En un momento en que la especulación y la degradación ambiental amenazan nuestros territorios, nos dirigimos de nuevo a la ciudadanía para compartir una lucha urgente: la defensa de l’Horta de València.
El Gobierno valenciano ha aprobado el Decreto Ley 4/2025, una reforma que desprotege este espacio único y abre la puerta a su fragmentación y especulación urbanística.
Este ataque no solo nos afecta a la huerta valenciana. Es parte de una dinámica más amplia de precarización de los derechos ambientales y agrarios, que se repite en múltiples territorios. Por eso, os invitamos a sumaros a nuestra exigencia al Defensor del Pueblo para que interponga un Recurso de Inconstitucionalidad contra este decreto.
Permite reclasificaciones de suelo agrario con menos controles y justificaciones, favoreciendo la especulación urbanística.
Se ha aprobado sin un proceso de debate democrático ni de participación ciudadana.
Atenta contra el principio de no regresión en materia ambiental y el derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones que afectan su territorio.
El 14 de febrero, los gobiernos de la UE se reunirán para debatir la propuesta de desregulación de los nuevos OMG. Más de 200 organizaciones de toda Europa nos oponemos a esta nueva ley (entre las que se encuentra SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología) y Ecovalia (Asociación profesional española de la producción ecológica) y lanzamos este manifiesto conjunto (11 febrero 2025): Protección de la actividad de los pequeños y medianos productores de semillas, los agricultores y los sectores ecológicos y no modificados genéticamente en la UE. DESCARGA EL MANIFIESTO (EN INGLÉS) AQUÍ.
Los estados miembro de la Unión Europea están debatiendo actualmente una nueva propuesta de Reglamento sobre los organismos modificados genéticamente (OMG), con consecuencias potencialmente significativas en relación a los cultivos modificados genéticamente (GM) y las plantas silvestres producidas utilizando nuevas técnicas de edición del genoma (NTG). Estas plantas genéticamente modificadas también se llaman «nuevos OMG» o «OMG-NTG» y en su mayor parte están patentadas, al igual que los «antiguos OMG». En caso de implementarse dicha propuesta se reforzará los privilegios de un reducido número de empresas aumentando su control sobre los agricultores y restringiendo la libre circulación de material genético para productores de semillas y agricultores. Esto supone una grave amenaza para la actividad de los pequeños y medianos productores y agricultores europeos de semillas, así como para los sectores ecológico y aquellos que desean poder producir sin OMG.
La ley propuesta excluye los nuevos OMG-NGT de la legislación vigente de la UE que regula los OMG existentes.
En particular, exime a la mayoría de ellos de los controles de seguridad previos a la comercialización, lo que permitirá su liberación intencional en la naturaleza y su presencia en la cadena alimentaria sin ninguna evaluación de los riesgos que podrían plantear para el medio ambiente o la salud humana. La propuesta también exime a la mayoría de ellos de cualquier seguimiento posterior a la dispersión, que es necesario en caso de que surjan problemas para los consumidores o el medio ambiente y no se hayan detectado durante la evaluación de riesgos. Científicos independientes y agencias nacionales de Francia,Alemania y Austria advierten que los nuevos OMG podrían plantear riesgos para el medio ambiente (interacciones modificadas con los polinizadores) y la salud humana (alergenicidad o toxicidad). La propuesta también privará a los productores y ciudadanos de su libertad de elección, ya que la mayoría de los nuevos OMG ya no estarán sujetos a trazabilidad (control) y etiquetado en los productos alimenticios.
Esta desregulación de los nuevos OMG-NGT tendrá importantes repercusiones socioeconómicas para agricultores/as, productores/as de semillas y otros/as agentes de la cadena alimentaria, pero estas repercusiones no se están teniendo en cuenta en la evaluación del riesgo, como debería ser.
Los nuevos problemas que puede suponer para agricultores/as y productores/as de semillas, se explica en el anexo siguiente. Entre ellos se incluyen la biopiratería con la privatización de semillas (privatización de seres vivos), el aumento de riesgo de demandas contra agricultores/as y empresas de semillas por parte de la industria de patentes debido a reclamaciones por infracción de patentes, la carga administrativa debido a la inseguridad jurídica (vigilancia legal constante), el aumento de costes de producción, aumento de la vulnerabilidad del pequeño y mediano negocio, la reducción de la diversidad en las semillas (agrodiversidad) -que los/as agricultores/as necesitan para adaptarse a los efectos del cambio climático- y el aumento de la vulnerabilidad ante la proliferación de plagas y enfermedades. La propuesta también supone una amenaza para los derechos de los agricultores existentes a conservar, utilizar, reutilizar e intercambiar sus semillas (derechos de los agricultores sobre las semillas)y para los pequeños y medianos productores de semillas, y también podría vulnerar los derechos de los agricultores ecológicos y los agricultores no modificados genéticamente.
Además de que un producto agrícola o sistema de producción no puede declararse «sostenible» únicamente sobre la base de un determinado rasgo vegetal, hay que tener en cuenta que, gran parte de la investigación en curso sobre OMG-NTG no está dirigida a lograr la sostenibilidad o traer beneficios a la sociedad, sino más bien a satisfacer las necesidades comerciales o industriales (p.3), por ejemplo, las piñas rosadas.
Las organizaciones signatarias que representan a los/as agricultores/as europeos/as, a las pequeñas y medianas empresas de producción de semillas y a la sociedad civil están profundamente preocupadas por los intentos de acelerar un acuerdo en el Consejo y las negociaciones entre el Consejo y el Parlamento a la luz de los riesgos potenciales de los nuevos OMG-NGT para la salud humana y el medio ambiente, además de las numerosas cuestiones pendientes de definir como las patentes, los métodos de identificación y detección, los precios de las semillas, la diversidad de semillas, la coexistencia, las repercusiones socioeconómicas negativas y el riesgo de un mayor control de la cadena alimentaria por parte de las grandes empresas. La preocupación es mayor a la luz de las soluciones propuestas por el Parlamento Europeo y de las Presidencias belga y polaca del Consejo puesto que no resuelven el problema de las patentes (véase el punto 1.1 del anexo).
Hacemos un llamamiento a los estados miembros de la UE para que protejan a sus agricultores/as y productores/as de semillas, además de a sus ciudadanos y al ambiente.Todo nuevo OMG-NGT debe seguir cumpliendo con los requisitos de evaluación y seguimiento del riesgo, identificación y detección, trazabilidad y etiquetado a lo largo de toda la cadena alimentaria. Y, en ese sentido, los países deben poder restringir el cultivo en su territorio, o prohibirlo en caso de detectar que no se pueden ofrecer las garantías suficientes.
Pedimos a los Estados miembros que pongan fin a la desregulación de las nuevas plantas modificadas genéticamente.
ANEXO
EFECTOS PELIGROSOS DEL REGLAMENTO DE NUEVOS OMG PARA LOS AGRICULTORES Y SUMADORES PEQUEÑOS Y MEDIOS DE LA UE, LOS SECTORES ECOLÓGICOS Y LIBRES DE OMG, Y LA CADENA ALIMENTARIA DE LA UE
Las patentes sobre seres vivos abren la puerta a la biopiratería.
Mayor inseguridad jurídica para productores/as de semillas y agricultores/as y mayor riesgo de acciones legales contra ellos/as, poniendo en riesgo su negocio.
Amenaza a la viabilidad y existencia de sectores económicos ecológicos y libres de OMG.
Aumento irreversible de la dependencia de los/as agricultores/as de un pequeño número de empresas productoras de semillas y aumento previsto de sus costes de producción.
Reducción de la diversidad de semillas adaptadas a las condiciones locales y a los riesgos del cambio climático y la seguridad alimentaria.
Probable aumento de la vulnerabilidad de la cadena alimentaria de la UE.
1. LAS PATENTES SOBRE SERES VIVOS ABREN LA PUERTA A LA BIOPIRERÍA
El Derecho europeo de patentes permite a las empresas privadas solicitar una patente tanto sobre las técnicas utilizadas para obtener una planta (es decir, nuevas técnicas de edición de genes o NTG) como sobre los productos vegetales y la información genética resultante de estas técnicas. Esto significa que las patentes pueden extenderse a las características y el material genético presentes en las plantas obtenidas por mejoramiento convencional (no modificadas genéticamente) o que existen en la naturaleza.
De esta manera, las empresas privadas privatizan recursos genéticos que no les pertenecen (biopiratería) y que los/as productores/as de semillas y agricultores/as ahora pueden usar y reutilizar bajo ciertas condiciones.
Los métodos para la detección e identificación de nuevos OMG son un medio esencial para proteger a los/as agricultores/as contra esta ampliación abusiva del ámbito de aplicación de las patentes, que de otro modo podría generalizarse debido a la falta de transparencia (véase el punto 2.3).
Los tratados internacionales (arts. 19 y 21) reconocen el derecho de los agricultores a las semillas, es decir, el derecho a conservar, utilizar, reutilizar, intercambiar y vender sus semillas.
1.1 Soluciones falsas
El Parlamento Europeo y el Consejo reconocen la importancia del problema de las patentes, pero las soluciones que proponen no resolverán el problema. Según un estudio jurídico de diciembre de 2024, la solicitud del Parlamento Europeo de excluir las plantas modificadas por las nuevas tecnologías genéticas de la patentabilidad (p. 10) viola las disposiciones del Convenio sobre la Patente Europea (CPE). La prohibición de patentes de nuevos OMG debe hacerse a través del CPE (p. 34), en el que también participan países no pertenecientes a la UE.
En 2024, la Presidencia belga del Consejo presentó una propuesta transaccional, según la cual los nuevos OMG solo pueden beneficiarse de la desregulación total prevista en la propuesta de la Comisión (sin evaluación de riesgos, seguimiento, identificación y detección, trazabilidad o etiquetado) si no están patentados (p. 11). Sin embargo, esto podría constituir una violación del principio de proporcionalidad del Derecho de la Unión (p. 41).
En enero de 2025, la Presidencia polaca presentó una propuesta revisada basada en el texto belga, pero tampoco ofrece una solución. Siempre habría una mayor concentración del sector de las semillas en manos de unas pocas grandes empresas. Esta concentración sería perjudicial para el sector europeo de la cría de pequeñas y medianas empresas, aumentaría la dependencia de los agricultores de estas pocas empresas, aumentaría la vulnerabilidad de nuestra cadena alimentaria y probablemente daría lugar a una menor diversidad de semillas adaptadas a las condiciones agrícolas locales y al cambio climático (véanse los apartados 4, 5 y 6).
Además, por lo que se refiere a las propuestas de las Presidencias belga y polaca, sin los métodos de identificación y detección necesarios para todos los nuevos OMG, no será posible hacer cumplir la ley y prevenir el fraude. Según los expertos, los métodos de detección e identificación son realizables (véanse los puntos 2.3 y 2.4).
2. AUMENTO DE LA INSEGURIDAD JURÍDICA PARA SELECCIONADORES/AS Y AGRICULTORES/AS Y AUMENTO DEL RIESGO DE PENALIZACIONES JUDICIALES CONTRA ELLOS, COMPROMETIÉNDOSE SU ACTIVIDAD.
Debido a la biopiratería, la empresa de semillas titular de la patente puede demandar a los productores/as alegando que ellos (pequeños y medianos productores/as) utilizan semillas y material que le pertenecen (la empresa). Los productores/as que han invertido tiempo y dinero en el desarrollo de una nueva semilla o material de reproducción pueden perder todo su trabajo duramente ganado. Los productores/as también pueden perder el acceso a los recursos genéticos que necesitan para hacer su trabajo (privilegio de los productores/as). Con un acceso reducido a la biodiversidad, les será más difícil desarrollar cultivos resistentes al clima adaptados a las condiciones locales, y la innovación disminuirá en la UE. Es probable que los productores/as vean aumentar sus costes y su carga de trabajo, ya que deberán verificar cuidadosamente qué material pertenece a la industria de patentes para evitar, en la medida de lo posible, problemas legales. También pueden no tener los medios para contratar a un abogado en el caso de un juicio. Esto ya es un problema para muchos productores/as que tienen que pedir a un laboratorio que secuencie el material genético (ADN) de todas sus plantas para garantizar que el rasgo patentado no se incluya en sus variedades, lo cual es costeso y lleva mucho tiempo.
2.2 Agricultores
La biopiratería y las demandas también representan una amenaza para los pequeños y medianos agricultores, ya que muchos de ellos practican el fitomejoramiento en la granja, una selección tradicional de nuevas variedades de plantas, y utilizan sus propias semillas campesinas, que están bien adaptadas a sus necesidades (condiciones de cultivo en sus granjas). En caso de una demanda, los agricultores podrían perder el derecho a usar y reutilizar sus propias semillas. Esto aumentaría sus costes de producción, ya que no tendrían más remedio que comprar semillas transgénicas y perderían el acceso a semillas adaptadas a sus condiciones de crecimiento. Los agricultores ecológicos y no modificados genéticamente también pueden ser demandados si sus cultivos están contaminados accidentalmente con material modificado genéticamente (véase el apartado 3).
2.3.Falta de detección y trazabilidad
Con la propuesta, ya no habrá obligación de publicar métodos para la identificación y detección de nuevos vegetales OMG y la mayoría de ellos no tendrán trazabilidad, es decir, no se seguirán después de su difusión en las explotaciones o en la naturaleza.
La falta de trazabilidad significa que será más difícil, si no imposible, para los productores/as y agricultores saber de dónde proviene el material que están utilizando y, por lo tanto, garantizar que no esté patentado.
Sin trazabilidad y métodos de detección e identificación, será imposible para los agricultores y productores/as demostrar, en caso de enjuiciamiento, que el material que utilizan no está patentado. Los/as agricultores/a no cuentan con medios para realizar al secuenciación genética (ADN) de sus semillas para demostrar que se han obtenido mediante sistemas de obtención convencionales y no mediante la edición genética, para lo que necesitan métodos de identificación y detección. Por lo tanto, en caso de procedimientos de infracción, será imposible para los agricultores demostrar que no han utilizado material patentado en caso de contaminación o privatización de sus semillas (inversión de la carga de la prueba, que normalmente debe ser soportada por el propietario del producto patentado que causa el daño). Además, sus semillas y cultivos pueden ser incautados (pág. 15) mientras dure el juicio, y pueden ser destruidos en caso de condena (pág. 21). Para muchos agricultores y ganaderos a pequeña escala, esto sería una carga económica de la que tal vez no puedan recuperarse financieramente. A largo plazo, los agricultores pueden no tener más remedio que comprar semillas genéticamente modificadas patentadas cada año, para evitar posibles demandas por infracción.
La nueva propuesta de desregulación de los OMG permite que las empresas privadas con importantes recursos económicos queden exentas de responsabilidad por los daños a la salud o al medio ambiente causados por sus productos. En cambio, esta responsabilidad recaerá en los agricultores y pastores europeos, que no podrán demostrar que no causaron este daño, mientras que sus cultivos y subproductos pueden destruirse y corren el riesgo de recibir fuertes multas por daños.
2.4 Soluciones falsas
En virtud de la legislación vigente sobre OMG, el propietario de la planta modificada genéticamente está obligado a publicar el método de detección y todos los OMG están sujetos a trazabilidad.
La propuesta podría violar los derechos fundamentales de los agricultores ecológicos a la propiedad y a la libertad de empresa (pág. 14). Al amenazar la viabilidad del sector europeo de la agricultura ecológica, la propuesta contradice el objetivo de la Comisión Europea de dedicar el 25 % de las tierras agrícolas a la agricultura ecológica de aquí a 2030 con el fin de facilitar la transformación hacia un sistema alimentario sostenible en la UE.
La legislación vigente sobre OMG permite a los países definir medidas de coexistencia a nivel nacional. Estas medidas otorgan a los Estados miembros el derecho a desarrollar determinadas medidas prácticas para prevenir la contaminación por OMG. Estas medidas, que también pueden ser de cultivo o geográficamente específicas (como las distancias de separación), benefician tanto a los agricultores que cultivan OMG como a los que no, ya que reducen el riesgo de contaminación y los costes económicos asociados, así como el riesgo de litigios entre agricultores. La legislación existente sobre OMG también prevé la posibilidad de prohibir y restringir el cultivo de OMG en su territorio, lo que ya están haciendo 18 países y regiones de Europa. Esta medida permite a los países proporcionar protección contra la contaminación y decidir sobre el uso de sus tierras y el desarrollo de sus políticas agrícolas.
Además, a falta de medidas nacionales de coexistencia, los agricultores, obtentores y operadores de la cadena alimentaria ecológicos y no modificados genéticamente corren el riesgo de estar más contaminados y tener que asumir los costes de limpieza de sus cultivos y productos, aunque no sean responsables de ello. En 2014, las pérdidas económicas estimadas directamente atribuidas a los problemas causados por el cultivo de OMG ascendieron a 14 756 EUR por agricultor ecológico.
La falta de trazabilidad también dificulta a los agricultores, transformadores y minoristas ecológicos y libres de OMG garantizar que sus productos estén libres de OMG y garantizar la coexistencia a lo largo de toda la cadena alimentaria, de un operador a otro. La ausencia de OMG es una piedra angular esencial de su modelo de negocio que se verá gravemente comprometida si ya no se puede garantizar que esté libre de OMG.
4. AUMENTO IRREVERSIBLE DE LA DEPENDENCIA DE LOS AGRICULTORES CON RESPECTO A UN PEQUEÑO NÚMERO DE EMORESAS PRODUCTORAS DE SEMILLAS Y AUMENTO PREVISTO DE SUS COSTES DE PRODUCCIÓN
A largo plazo, la concentración de recursos genéticos en manos de unas pocas grandes empresas de semillas y la consiguiente reducción de la agrobiodiversidad son incompatibles con la soberanía alimentaria (que incluye el derecho de los pueblos a definir sus propios sistemas alimentarios) y pueden suponer una amenaza para la seguridad alimentaria mundial. Las variedades tradicionales de los agricultores y las llamadas «landraces» (especies adaptadas localmente a su entorno), así como la diversidad de semillas actualmente desarrolladas por productores/as europeos pequeños y medianos, son más resistentes que aquellas con baja diversidad genética.
6. Probable aumento de la vulnerabilidad de la cadena alimentaria de la UE
Los mercados mundiales de materias primas y las cadenas de suministro controladas por las empresas se han visto sacudidos en los últimos tres años (pandemia de COVID-19, guerra en Ucrania). La escasez de fertilizantes, la volatilidad y el alza de los precios de los alimentos, la pérdida de cultivos y los estantes vacíos se han convertido en la nueva norma (p. Podemos esperar más choques en el futuro, por lo que es esencial hacer que nuestra cadena alimentaria sea más resistente. La nueva propuesta de OMG aumentará aún más el control corporativo sobre nuestra cadena alimentaria, y las cadenas de suministro controladas por las empresas están más concentradas y, por lo tanto, pueden ser altamente vulnerables a los choques (pág. 13). Por lo tanto, la nueva desregulación de los OMG corre el riesgo de aumentar la vulnerabilidad de nuestra cadena alimentaria, con consecuencias negativas tanto para agricultores/as como para consumidores/as.
FIRMANTES
IMPULSAN:
Greenpeace
Centro Internazionale Crocevia
European Coordination Via Campesina
IFOAM Organics Europe
Nordic Maize Breeding
POLLINIS
ORGANIZACIONES EUROPEAS E INTERNACIONALES
Corporate Europe Observatory
Biodynamic Federation Demeter
International
EuroCoop
European Consortium for Organic Plant
Breeding (ECO–PB)
Friends of the Earth Europe (FoEE)
Navdanya International
Oxfam
Slow Food
ORGANIZACIONES ESTATALES
PRODUCTORES DE SEMILLAS Y ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE SEMILLAS
Allkorn
Apfel:gut e.V.
Bingenheimer Saatgut AG
BioSaat GmbH
Bloem en Oogst
Dachverband oekologische
Pflanzenzuchtung in Deutschland e.V.
De Beersche Hoeve
De Bolster
De Zaderij
EURGANIC (Dr. Benedikt Haug)
Fondazione Seminare il Futuro
Forschung & Zuchtung Dottenfelderhof
Fund for crop development (FKE)
gzpk (Getreidezuchtung Peter Kunz)
Initiative for GE–free seeds and breeding
Keyserlingk–Institut
KLEINeFARM
KVANN Norwegian Seed Saver
Okologische Tierzucht gGmbH
Rete Semi Rurali ETS
Sativa Rheinau AG
Seed Shepherd
Sito Seeds
Stichting Zaadgoed
Vitale Rassen
Vivaio il Ruscello
ORGANIZACIONES AGRARIAS
AGRIKA s.r.o
Agrodružstvo Tuchyna
AIAB
AltragricolturaBio
Arbeitsgemeinschaft bauerliche
Landwirtschaft (AbL) e.V.
Asociacia vcelarov Slovenska
Association of Croatian Family Farms
Associazione per l’Agricoltura Biodinamica
Associazione per l’agricoltura biodinámica Bolzano–Trento
Associazione Rurale Italiana
Associazione Solidarieta Campagna Italiana (ASCI)
Associazione Veneta Produttori Biologici e Biodinamici (AVeProBi)
Bio Austria
BioForum
Biohuis
Bioland e.V.
Bioland Sudtirol
Boerenforum
Brova, spol. s r.o.
Caring Farmers
Confederation Paysanne
Consorzio della Quarantina
Demeter Associazione Italia
Demeter CS
Demeter Germany
Eco–Farm Nitra s.r.o.
EHNE Bizkaia
Erde & Saat
ETXALDE Nekazaritza Iraunkorra
FARMARIA s.r.o.
Federatie van Agro–ecologische Boeren
Federation Nationale d’Agriculture
Biologique (FNAB)
Federation Nature & Progres
Federazione Italiana Agricoltura Biologica e
Biodinamica (FederBio)
Finnish Organic Producer’s Alliance (FOPA)
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
Foundation Demeter
GemerProdukt Valice, OVD
Hrvatski savez udruga ekoloških proizvodaca
Interessengemeinschaft Nachbau
Junges Bioland e.V.
La Ruda
Norsk Bonde – og Smabrukarlag (The Norwegian Farmer and Smallholder Association)
Northern Greece Organic Farmers Association
PPD Komjatice
Samengreisslerei
SEMA HŠ s.r.o.
Sindicato de obreros del campo – sindicato andaluz de trabajadores (SOC-SAT)
Union des Agriculteurs・rices Bio de Wallonie (UNAB)
Vlaams Agrarisch Centrum
Zeleninarsko potravinarske družstvo (ZPD)
OPERADORES ALIMENTARIOS Y MINORISTAS
AssoBio
Biotatry H&B
BS Profi s.r.o.
Bulgarian Organic Foods Ltd
Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V.
Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) e. V.
Createc msc s.r.o.
Denofa As
EcorNaturaSì
Ekoplaza
Framipek s.r.o
Gino Girolomoni Cooperativa Agricola
Københavns Fødevarefællesskab
Mäspoma spol. s.r.o
MoravoSeed Slovakia s.r.o.
NaNa Bio BV
Odin Foodcoop
Open Farm
Rapunzel Naturkost GmbH
SYNABIO
Zväzu výrobcov krmív, skladovatel’ov aobchodných spolocností
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Aegilops
Agrárna komora Slovenska
Amis de la Terre (FoE France)
ARCHE NOAH
Arci Nazionale
Asociación Vida Sana
Asociatia Mai bine
Association Quinta das Aguias
Associazione Verdi Ambiente e Società
Aucs Aps
Banya–Tanya Alapítvány
Beyond GM
Bioacademy
Bioconsom’acteurs
Biologisk–dynamisk Forening Norge
Biovrt – u skladu s prirodom
Bond Beter Leefmilieu
Broederlijk Delen
Bulgarian Organic Products Association
CELL
Centre of Environmental Activities
Centrum pre trvaloudržateL’né alternatívy (CEPTA)
Coalition Living Earth
Collectif Objectif Zéro OGM (OZO)
Dachverband für Natur– und Umweltschutz De Landgenoten
De Natuur en Milieufederaties
Deafal ONG
Det Fælles Bedste
Druživa, o.z.
Égalité
EKOTREND Slovakia – Zväz ekologickéhopol’nohospodárstva
Fairwatch
Federazione Nazionale Pro Natura
Fondacija Alica
Foundation AgriNatura for Agricutural
Biodiversity (Fundacja AgriNatura)
Foundation for Environment and Agriculture
Foundation for Organic Agriculture
BIOSELENA
France Nature Environnement (FNE)
Friends of the Earth (SPZ)
Fundación Savia por el Compromiso y los Valores
Fundacja Strefa Zieleni
Fundacja Zielone Swiatło (Green Light Foundation)
Gen-ethisches Netzwerk e.V.
Générations Futures
GM Freeze
GMWatch
Grøn Hverdag
Groupe International d’Études
Transdisciplinaires (GIET)
IG Lebendige Vielfalt
Iniciatíva My sme les
Instytut Spraw Obywatelskich (the Civil Affairs Institute)
ISDE, Associazione Medici per l’Ambiente
LandschappenNL
Legambiente
Mediterranean Institute for Nature and
Anthropos (MedINA)
Miljøbevægelsen NOAH
Natagora
Natur og Ungdom
Nature et Progrès
Naturvernforbundet (Norwegian Society for the Conservation of Nature)
obcianska iniciatíva Slovensko bez GMO
OGM dangers
Økologisk Norge
Organic Agriculture Association
OZ Vidiecky parlament na Slovensku
Pesticide Action Network Netherlands
Polish Ecological Club
Save Our Seeds
Schola Campesina Aps
Seeds4All
Slovenský zväz záhradkárov Republikovývýbor o. z.
Slow Food Italia
Slow Food Luxembourg
Slow Food Pressburg
Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE)
Solidagro
Społeczny Instytut Ekologiczny (Social Ecological Institute)
Eventos como sequías prolongadas o las lluvias torrenciales son cada vez más frecuentes en el Mediterráneo debido al cambio climático y los humedales desempeñan un papel fundamental ante ellos, por su función de regulador del agua y mitigación de inundaciones. Sin embargo, la superficie de estas zonas húmedas sigue reduciéndose, lo que podría afectar a su capacidad de amortiguar fenómenos climáticos extremos. Es más, según el Inventario Nacional de Zonas Húmedas (INZH) casi el 50% de los humedales de nuestro país se encuentran en una situación de conservación desfavorable o han desaparecido y que solo el 13,2% pueden considerarse en buen estado de conservación atendiendo a “la calidad del hábitat que precisan sus poblaciones de aves”.
En este contexto, el día 6 de febrero, coincidiendo con que febrero acoge el Día de los Humedales, más de 30 entidades científicas, ambientales y sociales han presentado en València el “Manifiesto por los Humedales”, en el que instan a las administraciones a reforzar la protección y restauración de estos ecosistemas y dotarlas de un presupuesto. En concreto, reclaman un compromiso estable para la conservación de estos ecosistemas, respaldado por un presupuesto dentro del “Plan Estratégico de Humedales 2030”. También subrayan la necesidad de mejorar la calidad del agua y promover una gestión más sostenible de los recursos hídricos para frenar su degradación. Según las entidades firmantes, la reducción de humedales puede afectar a la gestión del agua, la actividad agrícola y la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático.
Durante la presentación se resaltó el papel fundamental de los humedales en la regulación del agua, destacándose L’Albufera de València como ejemplo de cómo estos ecosistemas mitigan los efectos de fenómenos extremos. “Invertir en humedales no es un gasto, es apostar por la sostenibilidad y la seguridad de nuestras vidas. Ignorar su conservación equivale a debilitar nuestras barreras naturales frente al cambio climático y a pasar por alto la imperiosa necesidad de adaptar nuestros paisajes”, señalan las organizaciones firmantes del manifiesto.
La iniciativa ha sido impulsada por Fundación Global Nature, el Grupo de Investigación de Limnología del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (Universitat de València), el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (Universitat Politècnica de València), la Fundación Nueva Cultura del Agua, Acció Ecologista-AGRÓ, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, la Fundación Limne, la Fundació Assut y la Associació Per L’Horta. En los últimos días, más de 20 organizaciones adicionales se han sumado al llamamiento y continúa abierta a todos aquellos que quieran adherirse a ella.
El manifiesto está abierto a nuevas adhesiones hasta el 29/02/2025 a través del siguiente formulario
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