La alianza , que reúne el mayor consenso de la sociedad civil y de la que forma parte SEAE, presenta un decálogo de medidas para garantizar los derechos sociales y afrontar la emergencia climática, en plena movilización por la vivienda, a las puertas de la huelga general del 11N y ante unas elecciones en las que la justicia climática y social están en juego.
La justicia climática y social en el centro
Ante las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre, Alianza por el Clima presenta un decálogo de medidas para situar la justicia climática y social en el centro de la próxima legislatura. La plataforma, integrada por las cinco grandes organizaciones ecologistas, los principales sindicatos y numerosas entidades sociales, de cooperación, agrarias y de defensa de los derechos humanos, hace públicas diez demandas para impulsar una transformación ecosocial que garantice una vida digna para todas las personas, reduzca las desigualdades y permita afrontar la emergencia climática. Lo hace en un momento excepcional: miles de personas se mantienen acampadas en plazas de todo el país y se preparan para la huelga general del 11 de noviembre.
Bajo el lema “Casas para vivir, un planeta para habitar”, el documento recoge un amplio consenso de la sociedad civil organizada sobre las transformaciones necesarias para responder a los principales desafíos sociales y ambientales. Alianza por el Clima defiende que el acceso a la vivienda, los salarios y las condiciones laborales dignas, la protección de los servicios públicos, la transición energética y la lucha contra el cambio climático no pueden abordarse como problemas independientes. La alianza considera que las múltiples crisis que atraviesa la sociedad están interrelacionadas y que su resolución exige políticas estructurales capaces de actuar sobre sus causas comunes.
La publicación del decálogo coincide con la presentación, este 21 de octubre, del nuevo Informe sobre la Brecha de Emisiones 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que confirma la insuficiencia de los compromisos climáticos internacionales. El documento advierte de que el calentamiento global superará los 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales y señala que, para limitar al máximo esa superación y regresar a dicho umbral antes de finales de siglo, será necesario reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero un 18 % para 2030 y un 45 % para 2035, respecto a 2025.
Para Alianza por el Clima, estas conclusiones evidencian las consecuencias de décadas de falta de ambición política y refuerzan la urgencia de acelerar la acción climática. Frente al negacionismo y al retroceso de las políticas ambientales, la plataforma reclama que el próximo ciclo político afronte la crisis ecológica como una prioridad inseparable de la defensa de los derechos sociales. En este sentido, insiste en que la transformación ecológica no puede aplazarse ni desarrollarse a costa de las condiciones de vida de la mayoría social, sino que debe convertirse en una oportunidad para garantizar derechos, mejorar el bienestar colectivo y reducir las desigualdades.
El decálogo plantea una hoja de ruta que vincula la reducción de emisiones con la garantía de derechos fundamentales y la mejora de las condiciones materiales de vida. Entre sus principales reivindicaciones figuran el acceso a una vivienda digna y adaptada a los impactos climáticos, la ampliación del parque público de vivienda social, la protección frente a la pobreza energética y el impulso de una rehabilitación energética que no provoque procesos de especulación, gentrificación o expulsión de la población de sus hogares.
Las organizaciones reclaman también una transformación de los pueblos y las ciudades que garantice espacios públicos saludables, transporte colectivo accesible, servicios públicos de calidad y entornos preparados para afrontar las consecuencias del cambio climático. A ello se suma la exigencia de establecer una hoja de ruta vinculante para abandonar los combustibles fósiles, acelerar una transición energética justa en todos los sectores productivos y reforzar las políticas de prevención y adaptación frente a incendios, inundaciones, sequías y olas de calor.
Las propuestas incluyen, además, el desarrollo de un modelo alimentario saludable y sostenible, el apoyo a la agricultura y ganadería familiar y la agroecología, la protección de los derechos laborales y el impulso de una reconversión industrial que garantice alternativas para las personas trabajadoras y los territorios afectados. En el ámbito internacional, el decálogo reclama una mayor financiación climática para el Sur global, el respeto a los derechos humanos y una transición energética que no reproduzca nuevas formas de extractivismo y desigualdad.
Todas estas medidas se articulan en torno a un principio común: quienes más contaminan y más recursos concentran deben asumir una mayor responsabilidad en la financiación de la transición y la reparación de los daños ambientales. Para ello, Alianza por el Clima propone una fiscalidad progresiva que permita reforzar los servicios públicos, proteger a los colectivos más vulnerables, garantizar que el coste de la transformación no recaiga sobre quienes menos han contribuido a la crisis climática y que las decisiones sobre esa transformación se tomen con la participación efectiva de la sociedad civil.
Un consenso amplio de la sociedad civil ante el próximo ciclo político
En este contexto, Alianza por el Clima recuerda que la protección climática no es únicamente una cuestión de voluntad política. La opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en julio de 2025 reconoce las obligaciones de los Estados en materia de protección del sistema climático y advierte de que determinadas actuaciones u omisiones, incluido el mantenimiento de actividades vinculadas a los combustibles fósiles, pueden generar responsabilidad internacional como actos ilícitos.
Desde la diversidad de organizaciones que componen la Alianza y su comprensión de las diversas luchas que representan, la plataforma considera que las próximas elecciones generales representan un momento decisivo para definir las políticas de los próximos años y reclama a todas las candidaturas compromisos concretos, verificables y suficientes para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y de los acuerdos internacionales en materia climática. El poder ciudadano que se expresa en las calles se debe traducir en participación real, garantizando los derechos que reconoce el Convenio de Aarhus: acceso a la información, participación pública en las decisiones ambientales y acceso a la justicia, junto con la plena protección del derecho a la protesta.
Alianza por el Clima insiste en que la magnitud de los desafíos actuales exige abandonar las respuestas parciales y emprender una transformación profunda del modelo económico, energético, democrático y social. Una transformación que, según la plataforma, debe situar la vida, los derechos y el bienestar de las personas y del planeta por encima de los intereses particulares, garantizar la participación de la ciudadanía y asegurar que ninguna persona ni territorio quede atrás.
Madrid, 24 de febrero de 2026 — En el marco del evento “Por una Transición Justa de los Combustibles Fósiles”, celebrado hoy en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, se ha lanzado públicamente la Declaración “Por una transición justa de los combustibles fósiles”, respaldada por más de 100 organizaciones de la sociedad civil española, entre las que está SEAE, Greenpeace, Amnistía Internacional, Ecologistas en Acción, Friends of the Earth, Comisiones Obreras, Fridays for Future y decenas más.
El encuentro, impulsado por la campaña del Tratado sobre los Combustibles Fósiles en España junto a Alianza por el Clima, ha reunido a voces destacadas de la academia, la política y la sociedad civil para posicionar la salida de los combustibles fósiles en el centro del debate público y político, a dos meses de la Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles, que tendrá lugar en el puerto carbonífero colombiano de Santa Marta, del 24 al 29 de abril de 2026, y será co-organizada con los Países Bajos.
La Declaración presentada recuerda que la extracción de combustibles fósiles es la principal causa de la emergencia climática y la base de un sistema extractivista que agrava las desigualdades y vulnera derechos humanos. Sin embargo, hoy no existe ningún mecanismo legal internacional vinculante capaz de frenar su expansión ni de planificar de forma ordenada una transición energética justa que nos aleje definitivamente de la dependencia fósil y de sus impactos devastadores.
Frente a ello, las organizaciones firmantes exigen al Gobierno de España:
Comprometerse a ejercer liderazgo político en la Conferencia de Santa Marta.
Impulsar en la Unión Europea un mecanismo internacional vinculante que establezca una eliminación progresiva, planificada y justa de los combustibles fósiles.
Sumarse formalmente al llamamiento internacional por un Tratado sobre Combustibles Fósiles.
Desde Alianza por el Clima, Javier Andaluz Prieto señaló: “Llevamos 30 años negociando bajo la CMNUCC y, mientras tanto, la producción y la financiación de los combustibles fósiles siguen aumentando. Eso demuestra que el sistema actual no está funcionando. No podemos dejar la transición energética en manos del mercado. Necesitamos un plan claro, vinculante y basado en la equidad para salir de nuestra dependencia de la extracción fósil sin dejar atrás a ningún país, trabajador o comunidad. España tiene la oportunidad de asumir un papel determinante en Europa y en el mundo sumándose al Tratado sobre los Combustibles Fósiles antes o durante la histórica Conferencia de Santa Marta. El momento es ahora.”
Ester Galende, coordinadora de la campaña del Tratado sobre los Combustibles Fósiles en España, afirmó: “Con esta declaración, la sociedad civil española envía un mensaje claro al gobierno: España debe llegar a Santa Marta como un país dispuesto a ejercer su liderazgo en materia climática y promover la creación de un nuevo instrumento internacional vinculante para acelerar una transición justa global. Nuestro país tiene hoy la oportunidad —y la responsabilidad— de sumarse al llamamiento por un Tratado sobre los Combustibles Fósiles. No hablamos solo de clima; hablamos de justicia social, de soberanía energética y de coherencia política. Santa Marta debe ser el momento en que nuestro país dé ese paso valiente y necesario.”
Miles de personas han salido a las calles este fin de semana en más de 15 ciudades españolas, convocadas por Alianza por el Clima, para exigir un cambio urgente de modelo económico y medidas efectivas de justicia climática. Las movilizaciones en España han formado parte de una jornada de acción global que se ha desarrollado simultáneamente en decenas de países. En Belém, sede de la COP30, casi 100.000 personas se han manifestado para exigir a los líderes mundiales reunidos compromisos vinculantes frente a la emergencia climática. Según datos preliminares de los organizadores, a lo largo del día se registraron protestas en los cinco continentes, con una participación estimada de cientos de miles de personas en todo el mundo.
Alianza por el Clima denuncia la dependencia de combustibles fósiles que agrava desigualdades y provoca fenómenos extremos como olas de calor, inundaciones e incendios.
La jornada principal del sábado 15 de noviembre ha concentrado las mayores movilizaciones, con cientos de personas en Madrid y València, entre otras ciudades. Las acciones han incluido desde manifestaciones y concentraciones hasta performances participativas y actos simbólicos. En Madrid, cerca de 300 manifestantes se han congregado en la Plazuela de Lina Morgan llevando a cabo un mosaico humano, mientras que en Barcelona la concentración ha reunido a cientos de manifestantes en el Moll d’Espanya. También se han registrado movilizaciones en Málaga, Córdoba, Pamplona-Iruña, Xixón, Sant Cugat del Vallès y Burgos, además de actos previos el viernes 14 en Bilbao y Logroño. La lista completa de convocatorias puede encontrarse aquí.
Las protestas, celebradas bajo el lema «El clima exige acción, el futuro esperanza«, han denunciado el actual modelo económico basado en combustibles fósiles que «agrava las desigualdades sociales, eleva el coste de bienes básicos y genera crisis diversas que benefician solo a unos pocos, mientras aumentan los fenómenos extremos como olas de calor, inundaciones e incendios». Más de 50 organizaciones han firmado el manifiesto lanzado por la Alianza por el Clima, que exige un pacto sociopolítico que garantice los medios necesarios para reducir urgentemente las emisiones y afrontar los crecientes riesgos climáticos, reclamando que «el poder, los recursos y las decisiones estén en manos de las comunidades que arden y se inundan, no en las de quienes se lucran de nuestra vulnerabilidad».
Firmantes del manifiesto de la Alianza por el Clima:
El manifiesto, bajo el lema «El clima exige acción, el futuro esperanza» que reclama una transición justa, ha sido firmado por más de 50 organizaciones sociales, ambientales y sindicales.
AFCE
Alianza por la Emergencia Climática de Paterna, San Antonio de Benageber y L’Eliana
Alianza por la Emergencia Climática en Aragón
AMES (Asociación de Moda Ética y Sostenible)
Amnistía Internacional
Amnistía Internacional Madrid
Amycos.org
Asamblea Cívica por el Clima
Asociación Bee Garden
Asociación La Burra Verde
Asociación retoglobal.eu
Asociación retoglobal
Asociación Una por Una
ATTAC País Valencià
Attac
Canopia Coop. V. / Espacio de Encuentros Rurales La Surera
La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo
La Corriente
La Garbancita Ecológica
La Garbancita Ecológica S. Coop. Mad
La Imprenta, Estrategias y Artefactos Culturales
Málaga por la Regeneración
Manos Unidas
Mesa por el Clima de Granada
Observatori del Deute en la Globalització (ODG)
Oikocredit Euskadi
ONGAWA
Organización Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles
Oxfam Intermón
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
Rebelión o Extinción
Senderar ONG
Unión Renovables
URBE
WWF
Sobre la Alianza por el Clima:
Alianza por el Clima es una plataforma de organizaciones sociales de ámbito estatal formada en 2015 e integrada por las grandes organizaciones ecologistas (Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF), los sindicatos más representativos (CCOO, UGT), las organizaciones del ámbito agrario (Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), UPA, COAG), las ONGs de Desarrollo (La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo de España, Oxfam Intermón, Caritas, ONGAWA, Manos Unidas, REDES-ONGD), Fundación Renovables, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Fridays For Future (FFF)/Juventud por el Clima, Rebelión o Extinción (XR España), ECODES, ATTAC, Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), Federación de Scouts-Exploradores de España (ASDE), Asociación Española de Educación Ambiental, Save The Children, Marea Deliberativa, Movimiento Laudato Si, entre muchas otras organizaciones.
Desde la Alianza por el Clima – plataforma de la que forma parte SEAE-, convocamos a todas las organizaciones comprometidas con la justicia social, los derechos humanos, la equidad y la sostenibilidad a sumarse a nuestra movilización del 15 de noviembre.FIRMA EL MANIFIESTO y únete a las movilizaciones.
La convocatoria coincide con las movilizaciones mundiales previstas en torno a la COP30 tras récords de temperatura, grandes incendios forestales e inundaciones en España.
Alianza por el Clima, organización que aglutina a colectivos ecologistas, sociales y ciudadanos comprometidos entre los que se encuentra SEAE, ha anunciado la convocatoria para una movilización a nivel estatal el 14 y 15 de noviembre.
La convocatoria llega en un momento crítico, tras los récords de temperatura, las inundaciones de Valencia y la devastadora ola de grandes incendios forestales del pasado verano. “Todavía estamos a tiempo de hacer algo”, insiste la organización, “y es el momento de hacerlo: cada día que pasa sin actuar es un día perdido para nuestro futuro», advierten. Alianza por el Clima espera congregar a miles de personas de todo el Estado español en lo que promete ser «la mayor movilización climática del año».
La acción de Alianza por el Clima también se conecta con la Cúpula dos Povos, un espacio autónomo que está siendo construido por más de 400 movimientos populares y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo como alternativa popular a la COP30 oficial de Brasil.
La Cúpula dos Povos espera movilizar la participación de más de 15.000 personas y representa “el reconocimiento de que no puede existir justicia climática sin las voces de los pueblos de la Amazonía y de todas las comunidades afectadas”. Este proceso, organizado desde agosto de 2023, busca fortalecer la construcción popular y converger las agendas socioambiental, feministas y de justicia social, demostrando que las soluciones reales son urgentes y que la verdadera justicia climática solo se logrará cuando todos estén movilizados y unidos para transformar la realidad.
La movilización de Alianza por el Clima también está en conexión con la iniciativa global Draw The Line, una coalición mundial que convoca a la ciudadanía a «trazar una línea roja» contra las injusticias, las desigualdades, la contaminación y la violencia, y a favor de un futuro basado en la paz, la energía limpia, los derechos y la equidad. Esta campaña global, que incluye acciones desde septiembre hasta noviembre de 2025, busca presionar a los líderes mundiales antes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York y la cumbre climática COP30 en Brasil. Con más de 100 organizaciones participantes a nivel internacional, incluyendo 350.org, Greenpeace, Oxfam y Amnistía Internacional, «Draw The Line» representa un llamamiento conjunto para exigir una transición justa del sistema, la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, financiación climática real y el fin de las desigualdades, objetivos que se alinean perfectamente con los propósitos de la movilización en el Estado español del 14 y 15 de noviembre.
Desde la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), se han presentado propuestas basadas en evidencias científicas que demuestran que la agricultura y ganadería ecológicas son herramientas indispensables para la adaptación y mitigación del cambio climático. Estas contribuciones se enmarcan dentro de los puntos 1, 2, 4, 5, 7 y 10 del Pacto de Estado, y apuntan a avanzar en una transición agroecológica justa y territorializada que fortalezca la resiliencia climática de los sistemas agroalimentarios.
SEAE subraya que las políticas agrarias deben avanzar hacia una agricultura con agricultores/as y ganaderos/as, que sea agroecológica y mantenga un mundo rural vivo, alejándose del modelo intensivo controlado por fondos de inversión. Esto implica que entre las principales propuestas se incluya el apoyo con incentivos económicos y fiscales dirigidos a compensar los servicios ecosistémicos prestados por la producción ecológica así como el fomento de la conversión a producción ecológica y de la adopción de prácticas agroecológicas (costes iniciales, certificación, inversiones en sistemas agroforestales…) y el impulso del consumo de alimentos ecológicos mediante la formación en nutrición ecológica, la compra pública y otros canales cortos de comercialización.
“La agroecología es una solución integral que combina adaptación, mitigación del cambio climático y revitalización del medio rural. Recomendamos al Pacto de Estado integrar el Derecho a la Alimentación Agroecológica como línea estratégica prioritaria”
Desde la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE) nos unimos a la movilización por la justicia climática convocada por las más de 400 organizaciones que formamos parte de Alianza por el Clima. Con esta movilización, ya son más de 10 países europeos movilizándonos por la justicia climática.
Porque confiamos en que tenemos un futuro por construir, en el que la Agroecología hace el camino.
Este es el manifiesto con el que se convoca a la movilización: ¡comparte y únete!
#UN FUTURO POR CONSTRUIR
Tras un año más de récords de temperatura y desastres derivados de la emergencia climática que afectan desproporcionadamente a quienes menos tienen, los gobiernos del mundo siguen sin estar a la altura de lo que exige la ciudadanía y la comunidad científica.
En Europa, la doble amenaza del negacionismo, que niega toda evidencia científica, y el retardismo, que defiende medidas que solo buscan retrasar la lucha contra el cambio climático, derivan en una tendencia peligrosa que contamina las políticas públicas y pone en riesgo los derechos de todas las personas y de nuestro planeta. Este tipo de corrientes perpetúan nuestra dependencia de los combustibles fósiles a pesar de sus devastadoras consecuencias medioambientales, y utilizan el “lavado verde” mientras la crisis climática sigue avanzando. Frente a ambos, la ciencia sigue siendo nuestra guía.
Necesitamos actuar ya para redirigir el rumbo. En un contexto político convulso, marcado por una creciente militarización contraria al clima y al respeto de los Derechos Humanos, la instrumentalización de la crisis del campo contra las políticas ecologistas, unas políticas climáticas cada vez más distantes de las comunidades que habitan los territorios, y las elecciones europeas como telón de fondo, los compromisos de los gobiernos deben ser más ambiciosos para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados.
La emergencia climática no admite prórrogas ni pasos hacia atrás, especialmente en un país mediterráneo como España, muy vulnerable al cambio climático, donde el 75% de nuestro territorio está en peligro de desertificación. Esto está afectando a nuestra salud, a la biodiversidad, a la agricultura, al agua, a las personas; en definitiva, está afectando a nuestra vida. Debemos acabar de forma urgente con el uso de combustibles fósiles. En este sentido, es imprescindible establecer el fin inmediato de las subvenciones a las empresas fósiles; no paguemos con dinero público la contaminación de nuestro planeta.
Necesitamos una transición justa y solidaria, que no deje a nadie atrás y que garantice a las personas un futuro que merezca la pena ser vivido. En consecuencia, exigimos que la financiación de la lucha contra el cambio climático corra a cargo de los países ricos, que son los principales causantes del cambio climático, así como la condonación inmediata de la deuda internacional de los países del Sur Global, deuda que les imposibilita adaptarse a un cambio climático que no han causado y del que se ven inevitablemente afectados. Una transición que nos permita tener ecosistemas sanos, sistemas alimentarios sostenibles y saludables, soberanía alimentaria y energética, ciudades habitables y servicios públicos de calidad.
Aunque lo que sucede en la Unión Europea pueda resultarnos algo muy lejano, lo ocurrido en estos últimos años ha puesto de manifiesto cómo las políticas que se dictan allí marcan las políticas nacionales en cuestiones climáticas que impactan directamente en nuestras vidas. Por ello, desde las organizaciones firmantes animamos a toda la ciudadanía europea a reflexionar y a participar en las concentraciones convocadas para el próximo 1 de junio en más de 10 países europeos, para que nuestra voz se escuche por encima de los bulos y el negacionismo.
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