La controvertida propuesta legislativa sobre las denominadas Nuevas Técnicas Genómicas (NGT, por sus siglas en inglés) se encuentra en su fase final. La decisión recae ahora en el Parlamento Europeo. El movimiento ecológico europeo, del que SEAE forma parte a través de IFOAM Organics Europe, tiene un mensaje urgente para las y los europarlamentarios: defender la soberanía alimentaria europea y aprovechar esta última oportunidad en el pleno para rechazar el texto en su forma actual, que carece de salvaguardas mínimas.
Un acuerdo que no responde a las demandas del sector
El 3 de diciembre de 2025, tras meses de intensas negociaciones sobre la propuesta de la Comisión Europea, las instituciones colegisladoras de la UE alcanzaron un acuerdo político provisional en las negociaciones de trílogo entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo. El texto de compromiso no aborda cuestiones clave (ver nota de prensa de IFOAM Organics Europe): la transparencia hacia productoras y productores y hacia las personas consumidoras se ha eliminado, y no se ha planteado ningún enfoque jurídico significativo en materia de patentes.
Cuando el Parlamento fijó su posición y votó la propuesta original de la Comisión a principios de 2024, las y los eurodiputados decidieron introducir, en primer lugar, trazabilidad completa en toda la cadena de suministro y etiquetado para las personas consumidoras y, en segundo lugar, enmiendas sobre la patentabilidad y el alcance de los derechos de patente sobre cultivos NGT, con el fin de defender el rico y diverso sector europeo de mejora vegetal frente a una mayor monopolización de los recursos genéticos por parte de grandes multinacionales. Sin embargo, durante las negociaciones del trílogo, estos elementos esenciales de la posición del Parlamento se abandonaron por completo. En otras palabras, el acuerdo de compromiso socava las demandas parlamentarias originales.
Patentes sobre semillas: una amenaza histórica
Si se atiende al tema de las patentes, la envergadura y trascendencia histórica de la cuestión son enormes. Ya en 1995, el Parlamento Europeo rechazó un acuerdo de trílogo por preocupaciones sobre derechos de patente excesivos y para proteger a agricultoras y agricultores, así como a obtentoras y obtentores europeos, frente a la apropiación de recursos genéticos. Este caso constituye uno de los tres rechazos de un acuerdo de trílogo que se han producido en la historia de la Unión Europea.
Las patentes sobre plantas, que en principio están prohibidas en la UE, se conceden desde hace tiempo mediante una interpretación laxa del derecho europeo de patentes. La futura legislación sobre NGT proporcionaría a las empresas de semillas aún más margen legal para patentar propiedades vegetales de cualquier origen. Los OMG se utilizan a menudo para justificar patentes, y dichas reivindicaciones suelen ser muy amplias, cubriendo secuencias genéticas o rasgos independientemente de cómo se hayan obtenido. El creciente número de patentes sobre semillas concedidas por la Oficina Europea de Patentes supone una amenaza para el modelo de innovación y el tejido económico del sector de mejora vegetal en Europa, basado en cientos de pequeñas y medianas empresas (ver infografía de IFOAM Organics Europe). En Alemania, en una alianza histórica, una coalición de agricultoras y agricultores convencionales y ecológicos exigió conjuntamente el fin de las patentes sobre semillas en el verano de 2025.
Herramientas de movilización ciudadana
IFOAM Organics Europe hace un llamamiento a la movilización de la ciudadanía, las empresas y las asociaciones para un último impulso ante las y los europarlamentarios. Estas son las principales iniciativas en marcha:
Herramienta automática de envío de correos electrónicos para la ciudadanía:No GMOs through the back door! – Demeter International. Además de difundir la herramienta, es posible sumarse a la acción e integrarla en sitios web propios en cada idioma nacional. Para más información, contactar con Lea Schuler (lea.schuler@demeter.de).
Modelo de carta para empresas dirigida a responsables políticos, con el título «¡Detened el caballo de Troya de la desregulación de la ingeniería genética!» (elaborada por Bioland y disponible en inglés de forma libre en la extranet de IFOAM Organics Europe).
SEAE, como entidad miembro de IFOAM Organics Europe, traslada este llamamiento al sector ecológico español. Para más información o para coordinar acciones de incidencia, es posible contactar con Helene Schmutzler, responsable de política sobre OMG en IFOAM Organics Europe (helene.schmutzler@organicseurope.bio).
El pasado 10 de diciembre de 2025, la Comisión Europea publicó la Comunicación «Simplificar para lograr una competitividad sostenible», un paquete de modificaciones en diversas normativas ambientales europeas que, bajo el pretexto de reducir la carga administrativa, esconde retrocesos muy preocupantes en la protección del agua.
Entre las medidas más graves que se plantean está la reducción o eliminación de las obligaciones del Sistema de Gestión Ambiental en instalaciones industriales respecto al inventario de sustancias químicas y el análisis de riesgos. También se propone que las instalaciones de ganadería intensiva y acuicultura dejen de reportar a la Comisión Europea los impactos sobre el agua, la energía y los materiales. Y se pretende suspender algunos requerimientos de la Responsabilidad Ampliada del Productor, el principio por el que las empresas responden de los residuos que generan sus productos.
Por si esto fuera poco, la reforma está prevista para antes del verano de 2026, saltándose los procedimientos de revisión establecidos en la propia Directiva y sin pasar por la preceptiva evaluación de impacto.
Un retroceso inaceptable
La DMA, aprobada en el año 2000, es el instrumento fundamental que obliga a los Estados Miembros a mejorar y a evitar el deterioro de ríos, humedales y acuíferos. Su principio de No Deterioro es una conquista ambiental irrenunciable. Debilitarla no solo pone en riesgo los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad, sino también la salud humana, la seguridad hídrica y actividades económicas como la agricultura, que dependen directamente de la disponibilidad y calidad del agua.
El documento Evidencias científicas sobre la producción ecológica de SEAE ya recogía referencias sobre que la contaminación de acuíferos es uno de los impactos directos de la agricultura convencional intensiva, y que algunas administraciones ya recomiendan la conversión a la agricultura ecológica en zonas vulnerables para mejorar la calidad del agua. La evidencia científica es clara: la menor aplicación de fertilizantes de síntesis, el mayor uso de cubiertas vegetales y la gestión agroecológica del suelo reducen la lixiviación de nitratos y la contaminación por plaguicidas en los acuíferos.
Por qué SEAE firma este manifiesto
Desde SEAE llevamos más de treinta años defendiendo que la producción ecológica y agroecológica no es solo una opción productiva, sino una herramienta activa de protección ambiental. Proteger la Directiva Marco del Agua es proteger la base misma sobre la que se sostiene la agricultura ecológica. No tiene sentido hablar de transición agroecológica mientras se desmonta la normativa que garantiza el buen estado de las masas de agua de las que dependen nuestros cultivos y nuestra alimentación.
El agua limpia no es una ventaja competitiva: es un derecho y un bien común. Reclamar su protección forma parte de nuestra razón de ser como organización científico-técnica comprometida con la sostenibilidad del sistema agroalimentario.
Porque todavía estamos lejos de alcanzar los objetivos que la propia Directiva se marcó. Y porque el futuro del agua, como el de la agricultura, no puede sacrificarse de esta manera.
La relación entre agroquímicos, salud y presión corporativa será uno de los temas centrales del XVI Congreso Internacional de SEAE, que se celebrará del 22 al 25 de abril de 2026 en el campus Arrosadia de la Universidad Pública de Navarra. Bajo el lema «Agroecología: raíces y futuro», el congreso acogerá un conversatorio específico sobre este nudo crítico con la participación de Celsa Peiteado (WWF España) y Nicolás Olea, catedrático de la Universidad de Granada y referente en investigación sobre disruptores endocrinos. La protección del agua y la reducción del uso de sustancias químicas de síntesis en la agricultura son, precisamente, dos de las razones más poderosas para defender tanto la Directiva Marco del Agua como el modelo agroecológico.
Madrid, 24 de febrero de 2026 — En el marco del evento “Por una Transición Justa de los Combustibles Fósiles”, celebrado hoy en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, se ha lanzado públicamente la Declaración “Por una transición justa de los combustibles fósiles”, respaldada por más de 100 organizaciones de la sociedad civil española, entre las que está SEAE, Greenpeace, Amnistía Internacional, Ecologistas en Acción, Friends of the Earth, Comisiones Obreras, Fridays for Future y decenas más.
El encuentro, impulsado por la campaña del Tratado sobre los Combustibles Fósiles en España junto a Alianza por el Clima, ha reunido a voces destacadas de la academia, la política y la sociedad civil para posicionar la salida de los combustibles fósiles en el centro del debate público y político, a dos meses de la Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles, que tendrá lugar en el puerto carbonífero colombiano de Santa Marta, del 24 al 29 de abril de 2026, y será co-organizada con los Países Bajos.
La Declaración presentada recuerda que la extracción de combustibles fósiles es la principal causa de la emergencia climática y la base de un sistema extractivista que agrava las desigualdades y vulnera derechos humanos. Sin embargo, hoy no existe ningún mecanismo legal internacional vinculante capaz de frenar su expansión ni de planificar de forma ordenada una transición energética justa que nos aleje definitivamente de la dependencia fósil y de sus impactos devastadores.
Frente a ello, las organizaciones firmantes exigen al Gobierno de España:
Comprometerse a ejercer liderazgo político en la Conferencia de Santa Marta.
Impulsar en la Unión Europea un mecanismo internacional vinculante que establezca una eliminación progresiva, planificada y justa de los combustibles fósiles.
Sumarse formalmente al llamamiento internacional por un Tratado sobre Combustibles Fósiles.
Desde Alianza por el Clima, Javier Andaluz Prieto señaló: “Llevamos 30 años negociando bajo la CMNUCC y, mientras tanto, la producción y la financiación de los combustibles fósiles siguen aumentando. Eso demuestra que el sistema actual no está funcionando. No podemos dejar la transición energética en manos del mercado. Necesitamos un plan claro, vinculante y basado en la equidad para salir de nuestra dependencia de la extracción fósil sin dejar atrás a ningún país, trabajador o comunidad. España tiene la oportunidad de asumir un papel determinante en Europa y en el mundo sumándose al Tratado sobre los Combustibles Fósiles antes o durante la histórica Conferencia de Santa Marta. El momento es ahora.”
Ester Galende, coordinadora de la campaña del Tratado sobre los Combustibles Fósiles en España, afirmó: “Con esta declaración, la sociedad civil española envía un mensaje claro al gobierno: España debe llegar a Santa Marta como un país dispuesto a ejercer su liderazgo en materia climática y promover la creación de un nuevo instrumento internacional vinculante para acelerar una transición justa global. Nuestro país tiene hoy la oportunidad —y la responsabilidad— de sumarse al llamamiento por un Tratado sobre los Combustibles Fósiles. No hablamos solo de clima; hablamos de justicia social, de soberanía energética y de coherencia política. Santa Marta debe ser el momento en que nuestro país dé ese paso valiente y necesario.”
«Se trata de una peligrosa carrera a mínimos que pone en riesgo la agroecología, la seguridad alimentaria, la salud y la soberanía alimentaria»
Desde la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE) manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur, prevista para este 17 de enero de 2026. Este tratado, presentado como un hito económico y geopolítico, representa en realidad una carrera a mínimos en materia de derechos sociales y salubridad ambiental y alimentaria, incompatible con los objetivos de sostenibilidad, acción climática y transición agroecológica que Europa dice defender. Como productoras y consumidoras, con la aprobación de este acuerdo vamos a perder por completo la capacidad de decisión sobre nuestra alimentación, una cuestión mucho más que preocupante.
Este acuerdo profundizará la vulnerabilidad en todas las escalas sociales del sistema alimentario. La pequeña agricultura y la producción ecológica quedarán aún más expuestas a la competencia desleal, al uso intensivo de sustancias tóxicas y a los impactos crecientes del cambio climático, mientras que las grandes corporaciones reforzarán su control sobre los medios de producción —tierra, semillas, insumos y canales de distribución— y concentrarán las decisiones estratégicas sobre qué, cómo y para quién se producen los alimentos. Esta pérdida de control colectivo sobre la alimentación nos hace a todas las personas más dependientes y frágiles frente a un modelo que prioriza el beneficio económico sobre la vida. En este escenario, el derecho a una alimentación sana y suficiente se vacía de contenido y se impone una lógica en la que, cada vez más, trabajaremos únicamente para poder comer.
El acuerdo UE–Mercosur se inscribe en una arquitectura de tratados de libre comercio que priorizan la mercantilización de bienes y servicios por encima de los derechos humanos, la protección de la naturaleza y el arraigo de los sistemas productivos en los territorios. Bajo esta lógica, los alimentos dejan de ser un derecho básico para convertirse en meras mercancías, y la regulación pública se subordina a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales. Este enfoque reduce la capacidad de los Estados y de las comunidades para proteger la salud, el medio ambiente y las economías locales, y consolida un modelo que concentra poder y decisiones en manos de unos pocos actores privados. Frente al poder corporativo, como persona, como ciudadanía, comunidades rurales, verdaderas productoras de alimentos, productoras familiares y trabajadores y trabajadoras del campo, perdemos completamente nuestros derechos sobre nuestra producción agraria y nuestra alimentación.
En definitiva, es un acuerdo intolerable en cuanto a que este modelo de liberalización comercial reproduce esquemas propios del siglo XX, obsoletos y ampliamente responsables de la crisis climática, la pérdida acelerada de biodiversidad y el aumento de las desigualdades sociales. Lejos de corregir estos impactos, el acuerdo los profundiza.
Impactos múltiples incompatibles con nuestro futuro
El tratado favorece un incremento del comercio de productos agrícolas y ganaderos asociados a modelos extractivistas altamente dependientes de monocultivos, agrotóxicos y fertilizantes químicos, así como a la expansión de la ganadería industrial. Esto supone una presión directa sobre ecosistemas clave como la Amazonía, el Cerrado o el Gran Chaco, acelerando la deforestación, la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad. Además, al incentivar largas cadenas de suministro globales y el intercambio de materias primas agrícolas por productos industriales altamente contaminantes, el acuerdo contradice frontalmente los compromisos climáticos asumidos por la Unión Europea.
Queremos destacar que uno de los aspectos más preocupantes del acuerdo UE–Mercosur es su impacto sobre la seguridad alimentaria y las condiciones laborales en el campo. La entrada al mercado europeo de productos procedentes de sistemas productivos con menores exigencias ambientales, sanitarias y laborales supone una amenaza directa para la seguridad alimentaria y la salud pública y para los derechos y salud de las personas trabajadoras del campo.
El acuerdo promueve una competencia desleal que empuja a una armonización a la baja de los estándares, normalizando el uso de sustancias tóxicas prohibidas en la UE y debilitando los marcos de protección existentes. Como hemos señalado desde SEAE en distintas ocasiones, este proceso penaliza especialmente a la agricultura ecológica y a quienes apuestan por producir alimentos sanos, sin venenos y respetando los límites del planeta.
Otro de los aspectos más preocupantes de este acuerdo UE–Mercosur es que favorece el acaparamiento de tierras, mercados y capacidad de decisión por parte de un reducido número de grandes empresas transnacionales. Al concentrar el control de la alimentación en manos corporativas, se debilita la soberanía alimentaria de los pueblos y se margina a la pequeña y mediana agricultura, tanto en Europa como en América del Sur.
Lejos de promover economías rurales vivas, diversificadas y resilientes, el tratado refuerza la dependencia de las economías sudamericanas de exportaciones a bajo precio basadas en la sobreexplotación de recursos naturales, al tiempo que pone en riesgo la pequeña agricultura campesina de todos los territorios involucrados.
Una alternativa necesaria: decrecimiento, comercio justo, agroecología y derechos humanos
Desde una perspectiva decrecentista, el acuerdo UE–Mercosur consolida un modelo económico incompatible con la agroecología y la soberanía alimentaria, al situar el crecimiento del comercio global por encima de la sostenibilidad de los sistemas agrarios y de la autonomía de los territorios. El fomento de flujos masivos de materias primas y alimentos a larga distancia incrementa la huella ecológica global, intensifica la presión sobre ecosistemas estratégicos y desvaloriza los esfuerzos de las cooperativas agroecológicas, que trabajan desde la proximidad, la diversidad productiva y el respeto a los ciclos naturales.
El decrecimiento plantea la necesidad de reducir la dependencia de los mercados globales y fortalecer circuitos cortos y economías locales. Sin embargo, el acuerdo avanza en la dirección contraria, reforzando el control corporativo de la cadena alimentaria y debilitando el papel de las cooperativas como herramientas de democratización económica y territorial. Esta visión es compartida por el Foro Social Más Allá del Crecimiento, que agrupa a más de 90 organizaciones y promueve un modelo ecosocial centrado en la vida, los límites planetarios y la justicia social, en plena consonancia con los principios que defiende SEAE.
Desde SEAE defendemos que la alimentación agroecológica es un derecho de las personas que además cuida el planeta. Es imprescindible avanzar hacia marcos de cooperación internacional basados en la solidaridad, la protección de los derechos humanos, la salud pública, el bienestar animal y el respeto a los límites planetarios.
La agroecología ofrece una hoja de ruta clara para esta transición: sistemas alimentarios locales y territorializados, libres de tóxicos, socialmente justos y ambientalmente sostenibles. Cualquier acuerdo internacional que ignore estos principios supone un paso atrás.
Por todo ello, SEAE rechaza el acuerdo UE–Mercosur y se suma a las voces de la sociedad civil europea y latinoamericana que exigen su abandono. Este tratado no solo amenaza la agricultura ecológica y la pequeña producción agraria, sino que compromete la salud pública, la seguridad alimentaria, la viabilidad de los sistemas agrarios locales y la capacidad de los pueblos para decidir cómo producir y consumir sus alimentos.
Defender lo ecológico, la soberanía alimentaria y la justicia social no es una opción ideológica: es una necesidad urgente para garantizar un futuro viable.
Los colectivos organizadores, entre los que está SEAE, queremos construir las bases de un nuevo modelo ecosocial que cuestione el capitalismo verde y proponga una alternativa basada en el decrecimiento y la economía del bienestar que frene al fascismo y supere el modelo económico actual.
El Foro Social tiene como objetivo generar un espacio de diálogo y confluencias para construir democráticamente las bases de un nuevo modelo ecosocial que cuestione el fracasado capitalismo verde y confronte el fascismo proponiendo alternativas más allá del crecimiento. Estas se construirán a través del decrecimiento para el bienestar, frenando las políticas neoliberales y al fascismo y superando el modelo económico actual en vías de colapso.
De esta forma, durante el encuentro, se avanzará en debates estratégicos, se compartirán diagnósticos y se trazarán las líneas de acción para una transición ecosocial justa desde el protagonismo popular. A su vez, las jornadas servirán para establecer redes entre colectivos y reforzar espacios de reflexión transversal que avancen en el desarrollo de la agenda más allá del crecimiento con medidas propositivas.
Este proyecto social y político, articulado desde la sociedad civil, es independiente de los partidos. Trabaja con su propia agenda y programa de acción para una transición ecosocial que, poniendo la vida en el centro, supere el modelo económico capitalista basado en el crecimiento perpetuo, que genera injusticia social y degradación ecológica.
Este será el primer Foro Social y, para asegurar el cumplimiento de los ambiciosos objetivos de los que parte, los colectivos y organizaciones marcan como horizonte realizar una segunda sesión a finales de 2026.
Éxito de la conferencia de septiembre
El Foro Social surge como continuación de la ‘Conferencia Más Allá del Crecimiento: por una economía orientada al bienestar de las personas y del planeta’, que llenó la Sala Ernest Lluch del Congreso en septiembre de 2025. Desde entonces, el grupo motor formado por una decena de organizaciones ha conseguido sumar más de 90 adhesiones colectivas al foro y a la declaración conjunta.
SEAE se suma al llamamiento urgente para proteger la agrobiodiversidad europea.
A medida que los Estados miembros de la UE entran en la fase final de las negociaciones sobre el Reglamento relativo a la Producción y Comercialización de Material Reproductivo Vegetal (PRM por sus siglas en inglés), una amplia coalición de más de 200 organizaciones de agricultores, obtentores, conservadores de semillas y entidades medioambientales ha enviado una carta conjunta a los ministros de Agricultura de la UE para lanzar una advertencia urgente: si no se restablecen salvaguardas esenciales para la agrobiodiversidad y los derechos de los agricultores, Europa corre el riesgo de consolidar un sistema de semillas incapaz de responder a los desafíos de la resiliencia climática, la sostenibilidad agraria y la soberanía alimentaria.
Los firmantes –entre ellos representantes de la agricultura ecológica y agroecológica, pequeñas empresas semilleras y redes de conservación– alertan de que la propuesta actual del Consejo no proporciona el espacio jurídico necesario para que agricultores, obtentores e iniciativas de semillas sigan conservando y desarrollando la diversidad de cultivos europea. Por el contrario, podría suponer un grave retroceso respecto a derechos esenciales ya reconocidos en varios países europeos. Según el calendario actual del Consejo, la Presidencia danesa prevé evaluar el apoyo de los Estados miembros en la reunión de agregados del 28 de noviembre, seguida de un posible mandato para el COREPER a mediados de diciembre, que concluiría el proceso interno del Consejo.
«Si el Consejo no corrige el rumbo antes de finalizar su posición, Europa socavará a los propios actores que mantienen viva la agrobiodiversidad», señaló Magdalena Prieler (ARCHE NOAH). «Estamos pendientes de una decisión que podría proteger los derechos de los agricultores y la diversidad de semillas, o bien restringirlos de forma irreversible. Los Estados miembros deben elegir con responsabilidad».
Por su parte, Eric Gall, subdirector de IFOAM Organics Europe, destacó la necesidad de un marco que refleje la realidad de los sistemas ecológicos y agroecológicos: «Es esencial que la futura legislación sobre PRM proporcione el espacio legal para un mercado de semillas diversificado y para que los agricultores puedan elegir las variedades más adecuadas a sus sistemas productivos. Por ejemplo, limitar las variedades de conservación a ciertas especies y a su región de origen obstaculizará gravemente a muchos agricultores y obtentores ecológicos y agroecológicos que actualmente dependen de ellas».
Agrobiodiversidad en riesgo
La diversidad de cultivos y variedades es la base de una agricultura resiliente. Una mayor diversidad genética permite que las plantas se adapten a plagas, enfermedades y condiciones climáticas cambiantes, y sostiene una producción de alimentos más sostenible. Sin embargo, la agrobiodiversidad lleva décadas disminuyendo drásticamente. Las pequeñas empresas semilleras, las redes de conservación y los sistemas de intercambio entre agricultores son esenciales para mantener y renovar esta diversidad. No obstante, el actual borrador del PRM podría endurecer aún más el marco regulatorio aplicable a estas actividades no comerciales que fomentan la diversidad, en lugar de protegerlas.
«El fitomejoramiento en finca, la gestión dinámica y los intercambios entre agricultores son esenciales para adaptar las plantas a las condiciones locales de cultivo y constituyen un pilar de la agroecología», señaló Alessandra Turco, de la Coordinación Europea Vía Campesina. «Estas prácticas no son comercialización y deben reconocerse como derechos colectivos de los agricultores, fuera del ámbito del reglamento PRM, tal y como ya ocurre en varios países de la UE».
Un momento decisivo, con graves consecuencias si se desaprovecha
Con la fecha límite interna del Consejo acercándose rápidamente, las organizaciones de la sociedad civil advierten de que los Estados miembros disponen de una última y estrecha ventana para integrar salvaguardas esenciales:
Excluir las actividades de conservación en finca y gestión dinámica del ámbito del PRM. Tratar los intercambios con fines de conservación o mejora como comercialización amenaza a miles de iniciativas locales de semillas.
Garantizar los derechos de los agricultores a guardar, utilizar e intercambiar sus semillas –incluida la compensación financiera–. Estos derechos están reconocidos internacionalmente (TIRFAA, UNDROP, CDB) y deben aplicarse en la legislación de la UE, fuera del ámbito de la comercialización PRM.
Asegurar un registro sencillo y accesible para variedades de conservación antiguas y de nueva creación, para todas las especies y sin limitaciones geográficas. Su uso no debe verse restringido por criterios regionales o por tipo de cultivo.
Exigir que las pruebas de Valor para la Cultivación y el Uso Sostenible (VSCU) se realicen en condiciones ecológicas o de bajos insumos. La sostenibilidad debe evaluarse como un sistema y no como un conjunto de rasgos aislados.
Proteger a las nanoempresas frente a cargas administrativas desproporcionadas. Estas pequeñas empresas semilleras son esenciales para mantener la disponibilidad de variedades localmente adaptadas.
Garantizar la transparencia sobre métodos de obtención y derechos de propiedad intelectual. Agricultores y obtentores necesitan información clara para tomar decisiones fundamentadas y para salvaguardar el libre acceso a los recursos genéticos.
La coalición insta a los ministros de Agricultura a rectificar la propuesta antes de que el Consejo finalice su posición, asegurando que el reglamento refleje las necesidades de los agricultores, horticultores, obtentores y redes semilleras que sostienen la resiliencia agrícola de Europa.
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