Por una reconstrucción que apueste por la justicia social, ambiental y la agroecología
Valencia, 27 de octubre de 2026.-Dos años después de la DANA más devastadora de la historia de España, la reconstrucción no puede limitarse a reparar infraestructuras de hormigón, sino apostar por la justicia social, ambiental y agroecológica para no repetir errores pasados y proteger realmente a la población. Este es el mensaje principal del manifiesto conjunto que se lanza de manera previa al aniversario del 29O, de más de una decena de organizaciones de familiares de víctimas, colectivos vecinales, entidades del tercer sector social, así como organizaciones agrícolas y ecologistas, entre las que se encuentra SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología).
La alianza denuncia que, transcurridos dos años del desastre y tras repetirse recientemente nuevos episodios torrenciales en la Comunidad Valenciana, las Administraciones públicas continúan cometiendo los mismos errores del pasado: una reconstrucción centrada en el asfalto, escolleras rígidas de hormigón y parches asistenciales que perpetúan el modelo de vulnerabilidad territorial que agravó la catástrofe.
Frente a una reconstrucción basada en el hormigón, los colectivos reclaman una transformación profunda con dotación presupuestaria suficiente, transparencia y participación comunitaria vinculante.
Decálogo de demandas con medidas urgentes
El manifiesto incluye un decálogo de demandas prioritarias de la sociedad civil en forma de diez ejes estratégicos de obligado cumplimiento para las Administraciones a nivel local, autonómico y estatal. Plantea una transformación profunda del territorio, del modelo agrario y de la política climática, superando la reconstrucción tradicional de hormigón para frenar el calentamiento global por debajo del límite de 1,5 °C. Para lograrlo, propone impulsar las comunidades energéticas ciudadanas y exige aplicar una estricta justicia climática que obligue a las corporaciones fósiles a sufragar los daños y la adaptación de los pueblos.
“Después de 233 muertos, no aceptamos que la lección de la DANA sea solo construir más rápido. La lección debe ser construir mejor, con seguridad y, sobre todo, saber también dónde no se debe construir”, ha señalado Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d’octubre.
Por su parte, Helena Cifre, coordinadora de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), con sede en Catarroja, ha apuntado que “reconstruir no es volver al modelo intensivo. Necesitamos suelos vivos con cubierta vegetal que retengan el agua y frenen la erosión. Setos, ribazos y bosques de ribera que ralenticen las riadas y den refugio a la fauna auxiliar. Por eso pedimos apoyo técnico, formación, inversión y precios justos para las familias productoras. El consumo local y agroecológico debe ser parte de la reconstrucción”.
“Debemos tener claro que la adaptación tiene límites, no habrá bosque de ribera ni dique de hormigón capaz de protegernos en un clima desbocado. La ciencia es clara: la única forma de frenar esta espiral de temporales extremos es abandonar de raíz los combustibles fósiles y apostar por las renovables. Es un profundamente inmoral que la factura del cambio climático la esté pagando la ciudadanía con sus impuestos, mientras los verdaderos causantes: las empresas petroleras y gasistas, celebran cada día beneficios récord. Quien contamina, debe pagar y reparar”, ha señalado Francisco del Pozo, responsable de la campaña contra los combustibles fósiles de Greenpeace.
En el plano urbanístico e hidrológico, exige una moratoria inmediata a nuevos desarrollos en zonas de riesgo y la congelación de licencias de obra, blindando los suelos agrícolas y renaturalizando los cauces fluviales mediante vegetación de ribera y Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) para que la tierra actúe como una esponja natural frente a temporales extremos. Esta transición se apoya en una estrategia decidida de reconstrucción agroecológica y soberanía alimentaria, priorizando suelos con cubierta vegetal, asesoramiento técnico y precios justos para el campesinado frente al modelo agroindustrial intensivo.
Las demandas sociales
Asimismo, las demandas colocan los derechos sociales, los servicios esenciales y la seguridad comunitaria en el corazón de la reconstrucción, exigiendo el rediseño adaptativo o el traslado fuera de las áreas de peligro de infraestructuras críticas como colegios, residencias y centros sanitarios, además de priorizar una red metropolitana de transporte público y el modelo de “ciudades de 15 minutos” frente a la dependencia individual del coche.
En materia de vivienda, las organizaciones reclaman urgentemente regular el precio de los alquileres para frenar la especulación, ampliar el parque público social y rehabilitar hogares bajo estándares de cero emisiones. Finalmente, el manifiesto defiende una gobernanza biorregional y descentralizada que reconozca a los Comités Locals d’Emergència i Reconstrucció (CLERs) en mesas territoriales permanentes, junto a una gestión de emergencias basada en la verdad, la asunción de responsabilidades y la formación continua de la población a través de simulacros periódicos.
Nota de prensa de l’Aliança Fulla Verda, coalición de la que SEAE forma parte activa.
L’Aliança Fulla Verda mantiene su pulso frente a la posible tramitación de la Proposición de Ley de Producción Agraria Sostenible (PAS), elaborada por el PSC y actualmente en fase de propuesta, que todavía no ha sido presentada al Parlament para su tramitación.
Este conglomerado de entidades, que actúa como lobby en defensa de la producción agraria ecológica, está siguiendo muy de cerca la evolución de la propuesta del Departament d’Agricultura de implantar un certificado agrario que evalúe la supuesta viabilidad ambiental de las fincas. De aprobarse, el certificado de producción agraria sostenible sustituiría al de producción integrada.
Fue el Consell Català de la Producció Integrada (CCPI) quien registró la marca «agricultura sostenible» en la Oficina Española de Patentes y Marcas en 2019. Ahora, l’Aliança ha solicitado su caducidad por falta de uso, al no haber encontrado evidencias de su utilización efectiva. El CCPI tiene hasta el 6 de julio para aportar pruebas de uso real de la marca o para justificar su ausencia.
La solicitud de caducidad es una de las acciones que l’Aliança ha emprendido para frenar el desarrollo de la marca, la certificación y la ley de producción agraria sostenible. Algunas de estas acciones se han desarrollado en el ámbito europeo, dado que el interés del gobierno catalán es que la certificación sea reconocida también en otros países de la Unión Europea.
En esta línea, la Generalitat ya presentó ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual el logotipo vinculado a la nueva certificación: una mariquita con una de sus alas en forma de hoja verde con nervios blancos. Precisamente, la hoja verde es el logo europeo de la producción agraria ecológica, y este fue uno de los argumentos que l’Aliança utilizó en febrero al solicitar la denegación absoluta de la solicitud de la marca de certificación.
El sector ecológico no se opone a la evaluación ambiental de las fincas agrarias, y comprende el deseo del gobierno de impulsar medidas que orienten al sector hacia mejoras ambientales. Sin embargo, l’Aliança ha exigido siempre que se utilice una denominación que no confunda a las personas consumidoras ni perjudique a las fincas y empresas ya inscritas en el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.
Otras acciones previas
Entre las actuaciones anteriores figuran las denuncias ante la Agència Catalana de Consum por el uso indebido del término «la agricultura sostenible» en campañas de promoción de la producción integrada. El uso del artículo determinado ante ese término da a entender que no existe ningún otro sistema de producción con criterios ecológicos, excluyendo así a la agricultura ecológica.
En marzo de 2025, l’Aliança presentó observaciones al proyecto de reglamento de uso de la marca de certificación de la producción agraria sostenible —que incluye las normas técnicas que se pretenden fomentar (número de notificación 2024/0682/ES del Sistema de Información sobre Reglamentación Técnica, TRIS, de la Comisión Europea)—, dado que el Departament d’Agricultura pretende que su proyecto sirva de modelo también a escala de la UE.
«L’Aliança pide que se opte por una denominación diferente que no dé lugar a interpretaciones erróneas ni compita directamente con el sello de la producción agraria ecológica»
TP Organics, plataforma tecnológica europea de la que SEAE forma parte a través de IFOAM Organics Europe, ha publicado junto a otras cuatro plataformas tecnológicas europeas y nueve organizaciones agroalimentarias de la Unión Europea una declaración conjunta que insta a las instituciones comunitarias a integrar plenamente la agricultura, la bioeconomía y los sistemas alimentarios entre las prioridades de investigación e innovación (I+i).
El documento subraya que el sector agroalimentario europeo constituye una prioridad estratégica para la competitividad, la resiliencia y la seguridad alimentaria de Europa, especialmente en un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica, la presión climática y la incertidumbre económica. En pleno debate sobre el Fondo Europeo de Competitividad y el nuevo Horizonte Europa, la coalición considera imprescindible que la agricultura, la alimentación y la bioeconomía sean reconocidas como sectores estratégicos dentro de las futuras prioridades e instrumentos de financiación de la UE.
Al unir fuerzas con una amplia coalición de actores agroalimentarios, TP Organics busca reforzar la voz colectiva del sector ante las personas responsables políticas y contribuir a garantizar apoyo e inversión a largo plazo para una investigación e innovación agroalimentaria responsable. El sector ecológico, recuerda el texto, sigue desempeñando un papel destacado como motor de innovación agroecológica y de desarrollo rural en toda Europa.
Tres demandas clave a las instituciones europeas
Incluir explícitamente la agricultura, la bioeconomía y la alimentación en el título de la Ventana de Políticas 2 del Fondo Europeo de Competitividad y de Horizonte Europa.
Garantizar financiación específica para la I+i agroalimentaria, acorde con su importancia estratégica.
Asegurar una representación equitativa de todas las partes interesadas —comunidad investigadora, productoras y productores, industria y sociedad civil— en el establecimiento de prioridades.
Cómo apoyar la iniciativa
Desde SEAE animamos a las entidades del sector ecológico y agroecológico a sumarse a esta llamada. Tras recibir nuevas muestras de interés, TP Organics ha abierto una segunda ronda de adhesiones: las organizaciones que deseen respaldar públicamente la declaración pueden enviar su confirmación junto con su logotipo antes del lunes 11 de mayo (final del día). A continuación se publicará una versión actualizada del documento con las nuevas firmantes.
También puede apoyarse la iniciativa compartiendo las publicaciones de TP Organics en LinkedIn y BlueSky, difundiendo la declaración entre los propios contactos y haciéndola llegar a las administraciones nacionales y las instituciones europeas.
«Se trata de una peligrosa carrera a mínimos que pone en riesgo la agroecología, la seguridad alimentaria, la salud y la soberanía alimentaria»
Desde la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE) manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur, prevista para este 17 de enero de 2026. Este tratado, presentado como un hito económico y geopolítico, representa en realidad una carrera a mínimos en materia de derechos sociales y salubridad ambiental y alimentaria, incompatible con los objetivos de sostenibilidad, acción climática y transición agroecológica que Europa dice defender. Como productoras y consumidoras, con la aprobación de este acuerdo vamos a perder por completo la capacidad de decisión sobre nuestra alimentación, una cuestión mucho más que preocupante.
Este acuerdo profundizará la vulnerabilidad en todas las escalas sociales del sistema alimentario. La pequeña agricultura y la producción ecológica quedarán aún más expuestas a la competencia desleal, al uso intensivo de sustancias tóxicas y a los impactos crecientes del cambio climático, mientras que las grandes corporaciones reforzarán su control sobre los medios de producción —tierra, semillas, insumos y canales de distribución— y concentrarán las decisiones estratégicas sobre qué, cómo y para quién se producen los alimentos. Esta pérdida de control colectivo sobre la alimentación nos hace a todas las personas más dependientes y frágiles frente a un modelo que prioriza el beneficio económico sobre la vida. En este escenario, el derecho a una alimentación sana y suficiente se vacía de contenido y se impone una lógica en la que, cada vez más, trabajaremos únicamente para poder comer.
El acuerdo UE–Mercosur se inscribe en una arquitectura de tratados de libre comercio que priorizan la mercantilización de bienes y servicios por encima de los derechos humanos, la protección de la naturaleza y el arraigo de los sistemas productivos en los territorios. Bajo esta lógica, los alimentos dejan de ser un derecho básico para convertirse en meras mercancías, y la regulación pública se subordina a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales. Este enfoque reduce la capacidad de los Estados y de las comunidades para proteger la salud, el medio ambiente y las economías locales, y consolida un modelo que concentra poder y decisiones en manos de unos pocos actores privados. Frente al poder corporativo, como persona, como ciudadanía, comunidades rurales, verdaderas productoras de alimentos, productoras familiares y trabajadores y trabajadoras del campo, perdemos completamente nuestros derechos sobre nuestra producción agraria y nuestra alimentación.
En definitiva, es un acuerdo intolerable en cuanto a que este modelo de liberalización comercial reproduce esquemas propios del siglo XX, obsoletos y ampliamente responsables de la crisis climática, la pérdida acelerada de biodiversidad y el aumento de las desigualdades sociales. Lejos de corregir estos impactos, el acuerdo los profundiza.
Impactos múltiples incompatibles con nuestro futuro
El tratado favorece un incremento del comercio de productos agrícolas y ganaderos asociados a modelos extractivistas altamente dependientes de monocultivos, agrotóxicos y fertilizantes químicos, así como a la expansión de la ganadería industrial. Esto supone una presión directa sobre ecosistemas clave como la Amazonía, el Cerrado o el Gran Chaco, acelerando la deforestación, la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad. Además, al incentivar largas cadenas de suministro globales y el intercambio de materias primas agrícolas por productos industriales altamente contaminantes, el acuerdo contradice frontalmente los compromisos climáticos asumidos por la Unión Europea.
Queremos destacar que uno de los aspectos más preocupantes del acuerdo UE–Mercosur es su impacto sobre la seguridad alimentaria y las condiciones laborales en el campo. La entrada al mercado europeo de productos procedentes de sistemas productivos con menores exigencias ambientales, sanitarias y laborales supone una amenaza directa para la seguridad alimentaria y la salud pública y para los derechos y salud de las personas trabajadoras del campo.
El acuerdo promueve una competencia desleal que empuja a una armonización a la baja de los estándares, normalizando el uso de sustancias tóxicas prohibidas en la UE y debilitando los marcos de protección existentes. Como hemos señalado desde SEAE en distintas ocasiones, este proceso penaliza especialmente a la agricultura ecológica y a quienes apuestan por producir alimentos sanos, sin venenos y respetando los límites del planeta.
Otro de los aspectos más preocupantes de este acuerdo UE–Mercosur es que favorece el acaparamiento de tierras, mercados y capacidad de decisión por parte de un reducido número de grandes empresas transnacionales. Al concentrar el control de la alimentación en manos corporativas, se debilita la soberanía alimentaria de los pueblos y se margina a la pequeña y mediana agricultura, tanto en Europa como en América del Sur.
Lejos de promover economías rurales vivas, diversificadas y resilientes, el tratado refuerza la dependencia de las economías sudamericanas de exportaciones a bajo precio basadas en la sobreexplotación de recursos naturales, al tiempo que pone en riesgo la pequeña agricultura campesina de todos los territorios involucrados.
Una alternativa necesaria: decrecimiento, comercio justo, agroecología y derechos humanos
Desde una perspectiva decrecentista, el acuerdo UE–Mercosur consolida un modelo económico incompatible con la agroecología y la soberanía alimentaria, al situar el crecimiento del comercio global por encima de la sostenibilidad de los sistemas agrarios y de la autonomía de los territorios. El fomento de flujos masivos de materias primas y alimentos a larga distancia incrementa la huella ecológica global, intensifica la presión sobre ecosistemas estratégicos y desvaloriza los esfuerzos de las cooperativas agroecológicas, que trabajan desde la proximidad, la diversidad productiva y el respeto a los ciclos naturales.
El decrecimiento plantea la necesidad de reducir la dependencia de los mercados globales y fortalecer circuitos cortos y economías locales. Sin embargo, el acuerdo avanza en la dirección contraria, reforzando el control corporativo de la cadena alimentaria y debilitando el papel de las cooperativas como herramientas de democratización económica y territorial. Esta visión es compartida por el Foro Social Más Allá del Crecimiento, que agrupa a más de 90 organizaciones y promueve un modelo ecosocial centrado en la vida, los límites planetarios y la justicia social, en plena consonancia con los principios que defiende SEAE.
Desde SEAE defendemos que la alimentación agroecológica es un derecho de las personas que además cuida el planeta. Es imprescindible avanzar hacia marcos de cooperación internacional basados en la solidaridad, la protección de los derechos humanos, la salud pública, el bienestar animal y el respeto a los límites planetarios.
La agroecología ofrece una hoja de ruta clara para esta transición: sistemas alimentarios locales y territorializados, libres de tóxicos, socialmente justos y ambientalmente sostenibles. Cualquier acuerdo internacional que ignore estos principios supone un paso atrás.
Por todo ello, SEAE rechaza el acuerdo UE–Mercosur y se suma a las voces de la sociedad civil europea y latinoamericana que exigen su abandono. Este tratado no solo amenaza la agricultura ecológica y la pequeña producción agraria, sino que compromete la salud pública, la seguridad alimentaria, la viabilidad de los sistemas agrarios locales y la capacidad de los pueblos para decidir cómo producir y consumir sus alimentos.
Defender lo ecológico, la soberanía alimentaria y la justicia social no es una opción ideológica: es una necesidad urgente para garantizar un futuro viable.
Desde el programa radiofónico especializado en temas agrícolas, La Trilla (Servimedia), entrevistan a Aina Calafat (coordinadora del área de Internacional y de Alianzas e Incidencia de SEAE) sobre el informe publicado de Tribunal de Cuentas Europeo en relación a las ayudas a la producción ecológica.
El Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado (septiembre 2024) en informe titulado “Agricultura ecológica en la UE. Las lagunas e incoherencias restan eficacia a la política”, en el que se evalúa “la concepción, la ejecución y el seguimiento de las ayudas de la UE a la agricultura ecológica”, constatando que “no hay ninguna estrategia ni objetivos para el sector ecológico con posterioridad a 2030”.
Este informe abarca el período 2014-2022 así como las disposiciones y los programas vigentes para el período 2023-2027. Las conclusiones generales de este informe señalan que “las políticas nacionales y de la UE para el sector ecológico presentaban lagunas” debido a, entre otras cuestiones:
Los fondos de la PAC se utilizaron para aumentar la superficie cultivada ecológicamente, sin tener suficientemente en cuenta los objetivos medioambientales y de mercado establecidos por la política de la UE en materia de agricultura ecológica.
No fue posible evaluar el impacto de la política debido a restricciones en los datos.
El marco estratégico de la política de la UE relativa al sector ecológico, como son los planes de acción, carece de elementos importantes como que, por ejemplo, sigue sin incluir metas cuantificables para los objetivos y acciones definidos, ni un modo de medir los progresos. La única meta es el objetivo no vinculante del 25 % de tierras cultivadas ecológicamente, por tanto, solo se centra en el aumento de la superficie y no en otras cuestiones como el consumo.
Desde SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología) consideramos que este es un informe que el sector estaba esperando y, además, es lo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo: que haya mayor recogida de datos y que las políticas vayan más allá de una vinculación al apoyo de la superficie.
Destacar que este informe evalúa las políticas, no evalúa la producción ecológica. Por tanto, lo que se señala en las conclusiones son los fallos que hay en las políticas de apoyo a la producción ecológica.
Cuando el informe se convierte en noticia: titulares sesgados
A raíz de la publicación del informe del TCE, numerosos medios han recogido la noticia, destacando principalmente datos parciales o sesgados. En este sentido, y en relación a la labor de divulgación que realiza SEAE, Aina Calafat ha atendido a los medios para responder sobre los contenidos y dudas acerca de este informe.
De la entrevista, destacamos la siguiente información de importancia sobre este informe:
De la entrevista, destacamos la siguiente información de importancia sobre este informe:
El sector estaba esperando un informe como éste; otra cosa son los titulares que se han sacado, que son sesgados o interpretaciones parciales. Es decir, desde hace mucho tiempo el sector viene reclamando lo que este informe señala: que haya una mayor recogida de datos y que las políticas vayan más allá de una vinculación al apoyo solo a la superficie.
El informe evalúa las políticas, no evalúa la producción ecológica, por tanto, las conclusiones son sobre los fallos que hay en las políticas de apoyo a la producción ecológica.
A lo largo del informe se pone en valor lo que es la producción ecológica, no se cuestiona. De hecho, el informe destaca que la producción ecológica es la única producción que ahora mismo está certificada y que en este sentido, tiene que cumplir las normas. Por ejemplo, el punto 14 excluye del análisis y del informe al sistema de control de la producción ecológica, porque esto ya se hizo en el 2019 con buenos resultados.
Lo que cuestiona el informe es, por un lado, la necesidad de una mayor recopilación de datos, algo en lo que el sector ecológico podría aportar mucha información al ser un sector controlado y auditado todos los años. Y por otro lado, que el dinero que se está destinando a la producción ecológica solo está incentivando la superficie o que crezca la superficie. No está incentivando, por ejemplo, el consumo ni tampoco que haya una mayor conexión entre producción, transformación o, incluso, producción dentro de la cadena, que no vincula los pastos. Tampoco incentiva que los cereales extensivos vayan asociados a un ganado cuando eso sí reforzaría el crecimiento de la producción ecológica.
Señalando el ejemplo de España, a pesar de ser el segundo Estado miembro en superficie en producción ecológica, tiene un consumo muy bajo. Y, de hecho, es de los Estados miembros en los que menos se conoce el sello ecológico. A pesar de tener un plan de acción para la producción ecológica, todavía no se ha empezado a aplicar. En ese plan sí tiene en cuenta todos esos aspectos que recoge el informe del Tribunal de Cuentas Europeo: Mejorar en investigación, mejorar en recogida de datos, mejorar en conexión con el consumidor… Algo que favorecerá tanto al sector ecológico como al convencional, pues si se quiere fomentar esa transición, se necesita apoyar al sector para poder estar en un mercado en el que compite en desigualdad de condiciones.
Desde SEAE esperamos que este informe sirva para que haya un cambio en la lógica de las ayudas de la PAC. Ya no solo a producción ecológica, sino a la PAC en general, que incentive esas explotaciones diversificadas, pequeñas y familiares, y que realmente apoye a un tejido social vinculado al sistema, a la producción agraria, y a los territorios rurales. También esperamos que sirva para impulsar cambios más a nivel local, a nivel estatal y autonómico.
Las recomendaciones del TCE a la Comisión
En base a las constataciones indicadas en el informe, el TCE recomienda a la Comisión:
Reforzar el marco estratégico de la UE para el desarrollo del sector ecológico, estableciendo una forma de medir los avances y fijando una visión para después de 2030;
Mejorar la integración de los objetivos medioambientales y de mercado en las ayudas de la PAC y orientar mejor los fondos posteriores a 2027 para desarrollar el sector ecológico;
Garantizar la disponibilidad de datos pertinentes para evaluar el desarrollo de la agricultura ecológica y su impacto en el medio ambiente y el clima mediante un uso más eficaz de las herramientas y la información existentes.
En definitiva, indica que las ayudas de la UE a la producción ecológica “deben ser más ambiciosas”.
Compartimos la nota de prensa de la Por otra PACcomo una de las cinco entidades de la Coalición que forman parte del Comité de Seguimiento del PEPAC, que se celebra hoy tras más de un año de silencio.
Resulta un despropósito la convocatoria de este órgano de participación para ‘debatir’ modificaciones de normas que ya han sido aprobadas y publicadas en el BOE hace dos días y enviadas a Bruselas.
En todo el proceso de reducción de los requisitos ambientales para acceder a estas subvenciones agrarias, el diálogo con todos los agentes implicados, más allá de las OPAs, ha sido insuficiente.
Solo unas políticas agrarias que contribuyan a proteger el suelo, el agua y la biodiversidad podrán asegurar un futuro para la agricultura y la ganadería.
21 de mayo de 2024 (nota de prensa COALICIÓN POR OTRA PAC).El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación celebra hoy el Comité de Seguimiento del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC). En él se deben informar y consultar a todo los agentes implicados las modificaciones de este documento. Sin embargo, la versión definitiva de algunos de dichos cambios, como los relativos a la flexibilización de la condicionalidad de la PAC, ya han sido aprobados por Real Decreto y publicados en el BOE hace dos días. Las entidades de la Coalición Por Otra PAC que forman parte del Comité – Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), Fundación Global Nature, Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) y WWF España- entienden que esto contradice la esencia de este órgano de participación.
Además, las organizaciones han contado con apenas cuatro días para analizar la extensa y compleja documentación que se presenta hoy en la reunión. Esto dificulta poder hacer un análisis y valoración a detalle y desluce una vez más la base participativa sobre la que se crea este órgano.
Se da la circunstancia de que hace más de un año que no se convocaba el comité. Justo en un momento tan crítico en el que se han flexibilizado los condicionantes ambientales para acceder a la PAC lo que comprometerá su capacidad para contribuir a sus propios objetivos. “De poco sirve estar presentes en espacios de participación como este comité y enviar alegaciones si las decisiones que afectan al conjunto se toman en reuniones a puerta cerrada con solo una parte de los agentes afectados. Participar no es solo estar presente e informado, es tener la posibilidad de trasladar opiniones y que estas sean tomadas en consideración”, señalan fuentes de Por Otra PAC.
Las cinco entidades de la Coalición han participado a lo largo de todo el proceso de elaboración del actual PEPAC haciendo aportaciones o contribuyendo a los debates. A continuación se detallan algunas de sus valoraciones:
Aina Calafat, responsable de Incidencia y Proyectos Internacionales de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE): “Seguimos sin una redistribución de las ayudas que sirvan para compensar la economía de escala de las producciones agrícolas y ganaderas diversificadas y familiares. Es cierto que en esta modificación hay un ligero aumento a las ayudas para la producción ecológica, algo positivo. Pero desde SEAE consideramos imprescindible que este PEPAC contemple apoyar la implementación del Plan estratégico de la Producción Ecológica, acompañando la conversión de nuevas fincas y la transición de toda la cadena alimentaria”.
Inmaculada Férriz, técnica de Programas de Conservación de SEO/BirdLife: “Una cuestión importante es la integración de la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) en el PEPAC. En primer lugar, se aprobó el Plan antes de que la DAE estuviera finalizada y, por tanto, no podía incorporar sus prescripciones. Y, aunque se hicieron posteriormente ciertos ajustes al texto normativo, las modificaciones ya aprobadas en el PEPAC van en contra de las recomendaciones de este informe preceptivo. Tampoco se garantiza que se tendrá en cuenta todo lo que se solicitaba incorporar para asegurar el cumplimiento de los objetivos y normativa ambiental de aplicación”.
Vanessa Sánchez, responsable de Políticas y Cambio Climático de Fundación Global Nature: “Algunas de las flexibilizaciones introducidas en las diferentes BCAM y Ecorregímenes pueden ser positivas -como el aumento del presupuesto en las CCAA para agricultura ecológica o la mejora en los requisitos de los ecorregímenes respecto a las consideraciones de la ganadería extensiva-. Pero otras cuestiones como la eliminación del reconocimiento de elementos no productivos de biodiversidad en la BCAM 8.1 o la eliminación de la obligatoriedad de cumplir unos mínimos requisitos en rotaciones de la BCAM 7 (permitiendo una laxa diversificación de cultivos, que ya se comprobó en el greening aplicado en PAC 2014-20 que no tenía resultados positivos) suponen graves retrocesos”.
Amaya Sánchez, coordinadora de Políticas para Sistemas Alimentarios Sostenibles de WWF España: “Entendemos la necesidad de apoyar a los agricultores y simplificar en lo posible las gestiones administrativas asociadas a las ayudas que reciben, pero creemos que la solución no pasa por la exención de los controles de la condicionalidad a las explotaciones de menos de 10 hectáreas y la ausencia de penalización en caso de incumplimiento. Esta medida lanza un mensaje de impunidad para aquellas explotaciones que estén cometiendo ilegalidades como el robo del agua, y deja manga ancha a quienes hacen competencia desleal frente a quienes cumplen con la legislación vigente.”
Eduardo Montero, responsable de alimentación de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU): “Es necesario apoyar y hacer más sencillo el consumo de alimentos de proximidad y producido de forma sostenible. La PAC debe ser un instrumento que lo haga posible, dirigiendo la financiación a productoras agrarias locales que producen de forma responsable para que estos alimentos puedan llegar a los puntos de venta en más cantidad y a unos precios más competitivos.”
Una parte del sector agrario y las autoridades competentes se confunden si consideran que los requisitos ambientales son el origen de sus problemas estructurales. “Solo unas políticas agrarias que contribuyan a proteger el suelo, el agua y la biodiversidad podrán asegurar un futuro para la agricultura y la ganadería. Por eso es vital que esta forma de operar, sin transparencia y sin contar con todos los agentes implicados, no se repita en el desarrollo de futuras propuestas legislativas como la Ley de Agricultura Familiar, la Estrategia Nacional de la Alimentación…”, concluyen fuentes de la Coalición Por Otra PAC.
Sobre la Coalición Por Otra PAC
La Coalición Por Otra PAC agrupa más de 50 entidades de diversos ámbitos -ganadería extensiva, producción ecológica, defensa ambiental, desarrollo rural, bienestar animal, nutrición y consumo-, que buscan conseguir una nueva Política Agraria Común (PAC) verde y justa que impulse la transición agroecológica.
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