Un amplio conjunto de organizaciones y entidades de la sociedad civil coincidimos en constatar que nos encontramos ante un momento realmente decisivo para recuperar y mantener el buen estado de conservación de nuestros ecosistemas acuáticos, no sólo para cumplir con la Directiva Marco del Agua y resto de compromisos europeos en esta materia, sino para adaptarnos a la realidad que nos impone el cambio climático, reducir nuestra vulnerabilidad frente a los crecientes riesgos de sequías e inundaciones y garantizar un uso sostenible del agua, con unas demandas adaptadas a los recursos realmente disponibles. Por otro lado, afrontamos presiones privatizadoras, tanto en lo que se refiere a la mercantilización de los derechos de agua como a la privatización de los servicios de agua y saneamiento e incluso de la gestión del regadío.

El crecimiento insostenible de las demandas hídricas, tanto en el regadío como en los usos urbano-industriales, constituye actualmente uno de los principales problemas para lograr un uso sostenible del agua y el buen estado ecológico de nuestros ecosistemas.

El resultado final de este enorme incremento de las demandas deriva en la creación de problemas de escasez a causa sobre todo de la mala gestión, del exceso de usos consuntivos, de la generación de expectativas y de las perspectivas de negocio a través de los mercados de aguas. Frente a esta escasez construida, se vienen aplicando fallidas estrategias de oferta, básicamente embalses y trasvases. España es el quinto país del mundo con mayor número de grandes presas, más de 1.200 y el primero del mundo en número de presas por habitante y kilómetro cuadrado. Pese a ello, estas estrategias de oferta siguen sin resolver el problema. Los nuevos embalses tienen una utilidad decreciente y ocasionan importantes impactos ambientales, culturales, patrimoniales y sociales. Además, los embalses y trasvases alientan el incremento de las demandas, de forma que lejos de resolver el déficit hídrico muchas veces lo agravan.

A ello hay que añadir los progresivos insumos correspondientes a fertilizantes, plaguicidas y otro tipo de tratamientos que empobrecen la biota del suelo y contribuyen al aumento de la contaminación del agua, ya sea por escorrentía o por filtración.

Las políticas de la oferta también se utilizan para evitar resolver problemas de contaminación en acuíferos o ríos. Es habitual plantear nuevas infraestructuras ante problemas de contaminación en vez de intentar resolver esos problemas.

Las estrategias de oferta, basadas en embalses y trasvases, así como el exceso de demandas hídricas, tanto en regadío como con la expansión de los núcleos urbanos, y la contaminación difusa o puntual, están ocasionando un grave deterioro de los ecosistemas. Este deterioro se traduce especialmente en una reducción drástica de los caudales circulantes y la sobreexplotación masiva de las aguas subterráneas, responsables en gran medida del mal estado ecológico de buena parte de nuestros ríos, acuíferos, aguas de transición y humedales. A pesar de los compromisos asumidos por España para cumplir con las exigencias de la Directiva Marco del Agua, los planes hidrológicos vigentes reconocen que el 43 % de los ríos, humedales y estuarios siguen en mal estado, y que el 44% de los acuíferos no alcanzan el buen estado.

3. Detener los procesos de deterioro, apropiación y sobreexplotación de ríos y acuíferos, a fin de garantizar su sostenibilidad y el buen estado ecológico de las aguas, al servicio del interés general, respetando un régimen de caudales ambientales adecuado y demás exigencias de la Directiva Marco del Agua, recuperando los acuíferos como nuestras principales reservas estratégicas en sequía y acabando con el desgobierno de las aguas subterráneas que supone la existencia de cientos de miles de pozos ilegales. En esta línea, y teniendo en cuenta la recesión prevista de caudales con el cambio climático, es necesaria una revisión del sistema de concesiones a la luz de los recursos realmente existentes y previstos, con el fin de garantizar las necesidades hídricas de los ecosistemas acuáticos. Igualmente se debe garantizar la calidad del agua frente a la contaminación urbana y agraria (nitratos, fosfatos y pesticidas), reduciendo así la necesidad de nuevas captaciones e infraestructuras de abastecimiento derivadas de problemas de calidad.

4. Se debe incorporar a la normativa en el más alto nivel posible el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, mediante una adecuada regulación que garantice el nivel de prelación que le corresponde y asegurar que éste se implemente. Es necesario revertir los procesos de mercantilización del agua y de privatización de nuestros servicios de abastecimiento y saneamiento, para recuperarlos como servicios de interés general, bajo una gestión pública transparente y participativa. Entre otras medidas, es necesario acabar con los cánones concesionales y derogar la «Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local», en defensa de la autonomía municipal y en favor del agua pública, así como revertir el creciente proceso de mercantilización del agua de riego, de privatización de la gestión del regadío y de acaparamiento de aguas y de tierras que quiebran cualquier perspectiva de equidad social.

5. Es imprescindible acabar con la corrupción en torno al agua, que crece al transformar el agua y los servicios de abastecimiento y saneamiento en grandes negocios privados. Para ello es necesario promover cambios institucionales para una plena transparencia en la gestión del agua, incluyendo acceso a los datos reales y actualizados de consumos, así como una participación ciudadana efectiva en un marco de democracia deliberativa.