SEAE se suma a la huelga general por la vivienda del 11N

SEAE se suma a la huelga general por la vivienda del 11N

11n, a la huelga general

Convocan la huelga los sindicatos de inquilinas, que han sumado a sindicatos laborales de todo el Estado. Piden casas para vivir y no para especular, un gran parque público de vivienda, que nadie pierda su hogar, una bajada de precios y salarios, pensiones y servicios públicos dignos. Las organizaciones convocantes sostienen que el empobrecimiento de la mayoría trabajadora no es un accidente, porque tiene responsables y beneficiarios.

Los datos oficiales apuntan en esa dirección. Según el INE, la inflación cerró septiembre en el 4,9 % interanual, y el indicador adelantado de octubre la mantiene en esa cifra. El grupo de vivienda, que incluye alquiler y suministros, subió un 7,2 %.

SEAE no trabaja en política de vivienda, pero el problema llega de lleno a la agroecología. Lo que pagamos en la tienda tiene poco que ver con lo que cobran agricultoras, agricultores, ganaderas y ganaderos. Según el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) de COAG, en abril de 2026 la granja cobraba 1,30 euros por kilo de cerdo y en el supermercado se pagaban 6,90 euros. Fue la mayor diferencia registrada desde abril de 2024. Ni las familias que hacen la compra ni las que producen se quedan con ese margen.

En zonas rurales, la falta de vivienda tiene consecuencias en el campo. Muchas personas jóvenes que quieren incorporarse a la actividad agraria no encuentran dónde vivir cerca de la tierra que van a trabajar. Hay que garantizar servicios básicos como la vivienda, la escuela o la sanidad. 

«Defender la agroecología también es defender que quien cultiva pueda vivir en su pueblo y que quien come pueda pagar el alquiler. Por eso el 11N paramos».

SEAE anima a su base social a parar el 11N en el trabajo, en los estudios, en los cuidados y en el consumo. Las convocatorias de cada barrio y pueblo están en participa.huelgaporlavivienda.org, y las reivindicaciones completas en huelgaporlavivienda.org.

Inscríbete al I Congreso de Comedores Escolares Ecológicos (en Barcelona y en línea)

Inscríbete al I Congreso de Comedores Escolares Ecológicos (en Barcelona y en línea)

Los pliegos que condicionan lo que llega al plato

Si te interesa participar del debate sobre qué se come en los comedores escolares, el I Congreso «Hacia unos comedores escolares ecológicos, de proximidad y saludables» es el lugar. Se celebra el 12 de noviembre en el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, y también se podrá seguir en línea. Y se hace gracias a la organización de XAMEC y la certificación Ecolocal.

Las inscripciones ya están abiertas en congres.xamec.cat.

Se trata de un evento que llega en el momento más indicado. En los próximos meses Cataluña empezará a preparar las licitaciones de comedores para 2027-2028, y los criterios que se fijen en esos pliegos condicionarán lo que llega al plato y qué fincas y productoras podrán abastecer las cocinas. Según XAMEC, cerca de medio millón de niñas y niños comen cada día en los comedores escolares catalanes.

Se espera la participación de administraciones, comunidad educativa, familias, pediatras y personal sanitario, equipos de investigación, campesinado, empresas de restauración colectiva y entidades sociales. Se hablará de alimentación infantil, pero también de cómo acompañar al sector agrario para que haya producción ecológica y local suficiente.

«La comunidad científica alerta cada vez más de los efectos de los plaguicidas sobre la salud infantil y el medio ambiente. En este congreso, profesionales de la medicina, la nutrición y las ciencias ambientales, junto con investigadores y docentes universitarios, se reunirán con el sector ecológico y la restauración colectiva para abordar cómo podemos reducir la huella química en los comedores escolares, que deben ser espacios alimentarios seguros para los niños y las niñas», explica Alejandro Guzmán, portavoz del congreso y responsable de comunicación de XAMEC.

Programa y ponentes

El Congreso de Comedores Escolares Ecológicos se reparte en tres bloques temáticos:

  • Salud infantil, alimentación y contaminantes ambientales
  • Sistema alimentario, producción ecológica y territorio
  • Comedores escolares, compra pública y modelos de gestión

Intervienen, entre otras personas, el médico e investigador Nicolás Olea, el pediatra ambiental Ferran Campillo, el especialista en contaminación química Koldo Hernández, la experta en contratación pública ecológica Ximena Lazo Vitoria y Katrin Kössler, del Instituto LEL del Ministerio de Alimentación de Baden-Württemberg. Completan el cartel Marta G. Rivera-Ferre, Javier Guzmán, Josep Mestres, Regina Monsalve Mayans, Joan Maria Ribas y Piero Carucci.

SEAE, entidad colaboradora de este congreso, estará representada por su presidente, Gonzalo Palomo Guijarro, y por la doctora agrónoma M. Dolores Raigón, de su Junta Directiva.

Al cierre se leerá el manifiesto que se ha elaborado conjuntamente con propuestas para que los próximos contratos den prioridad a la calidad de los alimentos, la producción ecológica certificada, la proximidad y la salud de la infancia.

Para más información sobre este Congreso, visita https://congres.xamec.cat/es

Alianza por el Clima ante el 29N: “Casas para vivir, planeta para habitar”

Alianza por el Clima ante el 29N: “Casas para vivir, planeta para habitar”

La alianza , que reúne el mayor consenso de la sociedad civil y de la que forma parte SEAE, presenta un decálogo de medidas para garantizar los derechos sociales y afrontar la emergencia climática, en plena movilización por la vivienda, a las puertas de la huelga general del 11N y ante unas elecciones en las que la justicia climática y social están en juego.

La justicia climática y social en el centro

Ante las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre, Alianza por el Clima presenta un decálogo de medidas para situar la justicia climática y social en el centro de la próxima legislatura. La plataforma, integrada por las cinco grandes organizaciones ecologistas, los principales sindicatos y numerosas entidades sociales, de cooperación, agrarias y de defensa de los derechos humanos, hace públicas diez demandas para impulsar una transformación ecosocial que garantice una vida digna para todas las personas, reduzca las desigualdades y permita afrontar la emergencia climática. Lo hace en un momento excepcional: miles de personas se mantienen acampadas en plazas de todo el país y se preparan para la huelga general del 11 de noviembre. Bajo el lema “Casas para vivir, un planeta para habitar”, el documento recoge un amplio consenso de la sociedad civil organizada sobre las transformaciones necesarias para responder a los principales desafíos sociales y ambientales. Alianza por el Clima defiende que el acceso a la vivienda, los salarios y las condiciones laborales dignas, la protección de los servicios públicos, la transición energética y la lucha contra el cambio climático no pueden abordarse como problemas independientes. La alianza considera que las múltiples crisis que atraviesa la sociedad están interrelacionadas y que su resolución exige políticas estructurales capaces de actuar sobre sus causas comunes. La publicación del decálogo coincide con la presentación, este 21 de octubre, del nuevo Informe sobre la Brecha de Emisiones 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que confirma la insuficiencia de los compromisos climáticos internacionales. El documento advierte de que el calentamiento global superará los 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales y señala que, para limitar al máximo esa superación y regresar a dicho umbral antes de finales de siglo, será necesario reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero un 18 % para 2030 y un 45 % para 2035, respecto a 2025. Para Alianza por el Clima, estas conclusiones evidencian las consecuencias de décadas de falta de ambición política y refuerzan la urgencia de acelerar la acción climática. Frente al negacionismo y al retroceso de las políticas ambientales, la plataforma reclama que el próximo ciclo político afronte la crisis ecológica como una prioridad inseparable de la defensa de los derechos sociales. En este sentido, insiste en que la transformación ecológica no puede aplazarse ni desarrollarse a costa de las condiciones de vida de la mayoría social, sino que debe convertirse en una oportunidad para garantizar derechos, mejorar el bienestar colectivo y reducir las desigualdades.
El decálogo plantea una hoja de ruta que vincula la reducción de emisiones con la garantía de derechos fundamentales y la mejora de las condiciones materiales de vida. Entre sus principales reivindicaciones figuran el acceso a una vivienda digna y adaptada a los impactos climáticos, la ampliación del parque público de vivienda social, la protección frente a la pobreza energética y el impulso de una rehabilitación energética que no provoque procesos de especulación, gentrificación o expulsión de la población de sus hogares. Las organizaciones reclaman también una transformación de los pueblos y las ciudades que garantice espacios públicos saludables, transporte colectivo accesible, servicios públicos de calidad y entornos preparados para afrontar las consecuencias del cambio climático. A ello se suma la exigencia de establecer una hoja de ruta vinculante para abandonar los combustibles fósiles, acelerar una transición energética justa en todos los sectores productivos y reforzar las políticas de prevención y adaptación frente a incendios, inundaciones, sequías y olas de calor. Las propuestas incluyen, además, el desarrollo de un modelo alimentario saludable y sostenible, el apoyo a la agricultura y ganadería familiar y la agroecología, la protección de los derechos laborales y el impulso de una reconversión industrial que garantice alternativas para las personas trabajadoras y los territorios afectados. En el ámbito internacional, el decálogo reclama una mayor financiación climática para el Sur global, el respeto a los derechos humanos y una transición energética que no reproduzca nuevas formas de extractivismo y desigualdad. Todas estas medidas se articulan en torno a un principio común: quienes más contaminan y más recursos concentran deben asumir una mayor responsabilidad en la financiación de la transición y la reparación de los daños ambientales. Para ello, Alianza por el Clima propone una fiscalidad progresiva que permita reforzar los servicios públicos, proteger a los colectivos más vulnerables, garantizar que el coste de la transformación no recaiga sobre quienes menos han contribuido a la crisis climática y que las decisiones sobre esa transformación se tomen con la participación efectiva de la sociedad civil.

Un consenso amplio de la sociedad civil ante el próximo ciclo político

En este contexto, Alianza por el Clima recuerda que la protección climática no es únicamente una cuestión de voluntad política. La opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en julio de 2025 reconoce las obligaciones de los Estados en materia de protección del sistema climático y advierte de que determinadas actuaciones u omisiones, incluido el mantenimiento de actividades vinculadas a los combustibles fósiles, pueden generar responsabilidad internacional como actos ilícitos. Desde la diversidad de organizaciones que componen la Alianza y su comprensión de las diversas luchas que representan, la plataforma considera que las próximas elecciones generales representan un momento decisivo para definir las políticas de los próximos años y reclama a todas las candidaturas compromisos concretos, verificables y suficientes para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y de los acuerdos internacionales en materia climática. El poder ciudadano que se expresa en las calles se debe traducir en participación real, garantizando los derechos que reconoce el Convenio de Aarhus: acceso a la información, participación pública en las decisiones ambientales y acceso a la justicia, junto con la plena protección del derecho a la protesta. Alianza por el Clima insiste en que la magnitud de los desafíos actuales exige abandonar las respuestas parciales y emprender una transformación profunda del modelo económico, energético, democrático y social. Una transformación que, según la plataforma, debe situar la vida, los derechos y el bienestar de las personas y del planeta por encima de los intereses particulares, garantizar la participación de la ciudadanía y asegurar que ninguna persona ni territorio quede atrás.
Para más información sobre cómo participar en la Revista Ae, escribe a comunicacion@agroecologia.net
Alianza por el Clima ante el 29N: “Casas para vivir, planeta para habitar”

Alianza por el Clima ante el 29N: “Casas para vivir, planeta para habitar”

La alianza , que reúne el mayor consenso de la sociedad civil y de la que forma parte SEAE, presenta un decálogo de medidas para garantizar los derechos sociales y afrontar la emergencia climática, en plena movilización por la vivienda, a las puertas de la huelga general del 11N y ante unas elecciones en las que la justicia climática y social están en juego.

La justicia climática y social en el centro

Ante las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre, Alianza por el Clima presenta un decálogo de medidas para situar la justicia climática y social en el centro de la próxima legislatura. La plataforma, integrada por las cinco grandes organizaciones ecologistas, los principales sindicatos y numerosas entidades sociales, de cooperación, agrarias y de defensa de los derechos humanos, hace públicas diez demandas para impulsar una transformación ecosocial que garantice una vida digna para todas las personas, reduzca las desigualdades y permita afrontar la emergencia climática. Lo hace en un momento excepcional: miles de personas se mantienen acampadas en plazas de todo el país y se preparan para la huelga general del 11 de noviembre. Bajo el lema “Casas para vivir, un planeta para habitar”, el documento recoge un amplio consenso de la sociedad civil organizada sobre las transformaciones necesarias para responder a los principales desafíos sociales y ambientales. Alianza por el Clima defiende que el acceso a la vivienda, los salarios y las condiciones laborales dignas, la protección de los servicios públicos, la transición energética y la lucha contra el cambio climático no pueden abordarse como problemas independientes. La alianza considera que las múltiples crisis que atraviesa la sociedad están interrelacionadas y que su resolución exige políticas estructurales capaces de actuar sobre sus causas comunes. La publicación del decálogo coincide con la presentación, este 21 de octubre, del nuevo Informe sobre la Brecha de Emisiones 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que confirma la insuficiencia de los compromisos climáticos internacionales. El documento advierte de que el calentamiento global superará los 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales y señala que, para limitar al máximo esa superación y regresar a dicho umbral antes de finales de siglo, será necesario reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero un 18 % para 2030 y un 45 % para 2035, respecto a 2025. Para Alianza por el Clima, estas conclusiones evidencian las consecuencias de décadas de falta de ambición política y refuerzan la urgencia de acelerar la acción climática. Frente al negacionismo y al retroceso de las políticas ambientales, la plataforma reclama que el próximo ciclo político afronte la crisis ecológica como una prioridad inseparable de la defensa de los derechos sociales. En este sentido, insiste en que la transformación ecológica no puede aplazarse ni desarrollarse a costa de las condiciones de vida de la mayoría social, sino que debe convertirse en una oportunidad para garantizar derechos, mejorar el bienestar colectivo y reducir las desigualdades.
El decálogo plantea una hoja de ruta que vincula la reducción de emisiones con la garantía de derechos fundamentales y la mejora de las condiciones materiales de vida. Entre sus principales reivindicaciones figuran el acceso a una vivienda digna y adaptada a los impactos climáticos, la ampliación del parque público de vivienda social, la protección frente a la pobreza energética y el impulso de una rehabilitación energética que no provoque procesos de especulación, gentrificación o expulsión de la población de sus hogares. Las organizaciones reclaman también una transformación de los pueblos y las ciudades que garantice espacios públicos saludables, transporte colectivo accesible, servicios públicos de calidad y entornos preparados para afrontar las consecuencias del cambio climático. A ello se suma la exigencia de establecer una hoja de ruta vinculante para abandonar los combustibles fósiles, acelerar una transición energética justa en todos los sectores productivos y reforzar las políticas de prevención y adaptación frente a incendios, inundaciones, sequías y olas de calor. Las propuestas incluyen, además, el desarrollo de un modelo alimentario saludable y sostenible, el apoyo a la agricultura y ganadería familiar y la agroecología, la protección de los derechos laborales y el impulso de una reconversión industrial que garantice alternativas para las personas trabajadoras y los territorios afectados. En el ámbito internacional, el decálogo reclama una mayor financiación climática para el Sur global, el respeto a los derechos humanos y una transición energética que no reproduzca nuevas formas de extractivismo y desigualdad. Todas estas medidas se articulan en torno a un principio común: quienes más contaminan y más recursos concentran deben asumir una mayor responsabilidad en la financiación de la transición y la reparación de los daños ambientales. Para ello, Alianza por el Clima propone una fiscalidad progresiva que permita reforzar los servicios públicos, proteger a los colectivos más vulnerables, garantizar que el coste de la transformación no recaiga sobre quienes menos han contribuido a la crisis climática y que las decisiones sobre esa transformación se tomen con la participación efectiva de la sociedad civil.

Un consenso amplio de la sociedad civil ante el próximo ciclo político

En este contexto, Alianza por el Clima recuerda que la protección climática no es únicamente una cuestión de voluntad política. La opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en julio de 2025 reconoce las obligaciones de los Estados en materia de protección del sistema climático y advierte de que determinadas actuaciones u omisiones, incluido el mantenimiento de actividades vinculadas a los combustibles fósiles, pueden generar responsabilidad internacional como actos ilícitos. Desde la diversidad de organizaciones que componen la Alianza y su comprensión de las diversas luchas que representan, la plataforma considera que las próximas elecciones generales representan un momento decisivo para definir las políticas de los próximos años y reclama a todas las candidaturas compromisos concretos, verificables y suficientes para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y de los acuerdos internacionales en materia climática. El poder ciudadano que se expresa en las calles se debe traducir en participación real, garantizando los derechos que reconoce el Convenio de Aarhus: acceso a la información, participación pública en las decisiones ambientales y acceso a la justicia, junto con la plena protección del derecho a la protesta. Alianza por el Clima insiste en que la magnitud de los desafíos actuales exige abandonar las respuestas parciales y emprender una transformación profunda del modelo económico, energético, democrático y social. Una transformación que, según la plataforma, debe situar la vida, los derechos y el bienestar de las personas y del planeta por encima de los intereses particulares, garantizar la participación de la ciudadanía y asegurar que ninguna persona ni territorio quede atrás.
Para más información sobre cómo participar en la Revista Ae, escribe a comunicacion@agroecologia.net
SEAE lleva la compra pública ecológica y la lucha contra el lavado verde a las VI Jornadas de Agroecología de Lorca

SEAE lleva la compra pública ecológica y la lucha contra el lavado verde a las VI Jornadas de Agroecología de Lorca

La Región de Murcia produce cada vez más alimentos ecológicos, pero buena parte de esa cosecha viaja lejos y no llega a las mesas de quienes viven cerca de los campos. Ese desajuste entre lo que se cultiva y lo que se consume en el territorio es el punto de partida de las VI Jornadas de Agroecología «Comercio local y consumo responsable», que se han celebrado este 21 de octubre, en el CIFEA de Lorca. Y SEAE está allí.

Aina Calafat Rogers, responsable de incidencia política y proyectos internacionales de SEAE, ha participado con una ponencia sobre «Soberanía alimentaria y compra pública verde: oportunidades para el sector ecológico regional. Cómo revertir el lavado verde (greenwashing) en alimentación».

La pregunta de fondo es sencilla. Si los comedores escolares, los hospitales o las residencias compran con dinero público, ¿por qué no hacerlo a productoras y productores ecológicos de la zona? La contratación pública puede dar a las fincas un mercado estable y, al mismo tiempo, acercar alimentos de calidad a la población. La otra cara del debate es la confianza: con tantos envases que presumen de verdes, la ciudadanía necesita saber distinguir un compromiso real de un simple reclamo publicitario.

Desinformación y lavado verde frente a las buenas prácticas agroecológicas con CultivEco

Durante su intervención, Aina Calafat ha alertado sobre la desinformación que rodea al cambio climático y a la alimentación, y ha situado el debate en el marco de los límites planetarios, entre otros factores. Frente a los mensajes ambiguos, ha defendido las garantías que ofrece la producción ecológica gracias a su reglamento, una seguridad que alcanza también a las personas consumidoras y a la sociedad en su conjunto. Ha puesto además la lupa en el lavado verde (greenwashing) y cómo perjudica directamente al sector ecológico: productos sin ninguna certificación compiten en el lineal con alimentos que sí cumplen un reglamento exigente y pasan controles, y la persona consumidora acaba sin saber en qué confiar. La agricultura regenerativa es un buen ejemplo, ha explicado Aina, porque se presenta como alternativa verde sin una definición legal común ni un sistema de control público que respalde lo que promete.

«Tenemos estructuras que agrupan al sector ecológico; tendríamos que reclamar la certificación pública y defender la producción ecológica no como un nicho de mercado, sino como una oportunidad para el cuidado. Eso es lo que debería asumir la Administración», ha reivindicado Aina Calafat.

Aina ha aprovechado también para presentar CultivEco, «Cultivando la transición agroecológica en el Mar Menor», el proyecto con el que SEAE acompaña a agricultoras y agricultores de la cuenca que quieren dar el paso hacia la producción ecológica. La iniciativa ofrece asesoramiento, formación e insumos gratuitos a través de una red de fincas faro y piloto, y pone a disposición de cualquier persona interesada un manual de transición adaptado a los cultivos y suelos del territorio, además de grabaciones de las formaciones, infografías y pódcast. Una forma concreta de demostrar que la agroecología puede ayudar a recuperar un ecosistema tan castigado como el Mar Menor sin dejar atrás a quienes lo cultivan.

Toda la información está en cultiveco.es.

Una jornada para repensar cómo llegan los alimentos a casa

Las jornadas cumplen seis ediciones de la mano de Guadanatura, la cooperativa de personas consumidoras de alimentos ecológicos del Guadalentín, y del CIFEA de Lorca, «La Granja», Centro de Referencia Nacional de Ganadería. Las organiza el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, con la colaboración del Ayuntamiento de Lorca y del Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia (CAERM).

Este año el foco está en la comercialización: qué funciona y qué falla en los canales cortos, qué estructuras los sostienen y hasta dónde llega el apoyo de las administraciones públicas.

Junto a Aina intervienen Ana María Inmaculada Maestre García, agricultora de vega tradicional en Almería y promotora de mercados de cercanía; Alberto Cruz Sierra, del Grupo Heliconia, que hablará de logística en la venta directa; Pedro José Pérez Saura, director técnico del CAERM, sobre certificación ecológica, y Lorena Rosique, de Vivens Hortis, sobre tendencias de consumo responsable. La mañana se cierra con una mesa redonda sobre la distribución de productos ecológicos en España, moderada por Irene Guillén Luna, jefa del SFTT.

Puedes ver las IV Jornadas Agroecológicas de Lorca

El SFTT publicará los vídeos de las ponencias en su canal de YouTube. Toda la información está en sftt.info.

comunicacion@agroecologia.net 

Acuerdo en trílogo sobre la revisión del Reglamento de producción ecológica

Acuerdo en trílogo sobre la revisión del Reglamento de producción ecológica

BRUSELAS, 20 de octubre de 2026 (np IFOAM Organics Europe). El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado hoy un acuerdo provisional en las negociaciones de trílogo sobre la modificación específica del Reglamento europeo de producción ecológica. La revisión busca reforzar la competitividad del sector ecológico de la UE sin rebajar las exigentes normas que sostienen la confianza de las personas consumidoras.

“Felicito a Camilla Laureti, ponente del Parlamento Europeo, al comisario Hansen, a la Presidencia irlandesa y a todas las personas que han contribuido a este acuerdo político. Es un paso importante para dar seguridad jurídica a los operadores ecológicos y evitar perturbaciones en el comercio internacional. Ahora nuestra prioridad es que el acuerdo se aplique de forma práctica y que la hoja de ruta del Derecho derivado se cumpla con rapidez, en diálogo estrecho con el sector. Para reforzar su competitividad necesitamos normas claras, estables y previsibles, que preserven a la vez los altos estándares ecológicos en los que se basa la confianza de quienes compran”, ha declarado Eduardo Cuoco, director de IFOAM Organics Europe.

Valoración de las cuestiones clave

IFOAM Organics Europe valora que se hayan resuelto las cuestiones clave que motivaron la revisión del Reglamento de base. El acuerdo político cumple el objetivo compartido durante el último año: encontrar a tiempo una solución legislativa a dos problemas urgentes, el uso del logotipo ecológico de la UE en productos importados y la continuidad de los acuerdos de equivalencia con terceros países clave.

La prórroga de diez años de los acuerdos de equivalencia con 11 terceros países, hasta el 31 de diciembre de 2036, da a la Comisión Europea y a sus socios comerciales más margen para negociar futuros acuerdos. Aporta previsibilidad a los operadores y ayuda a evitar perturbaciones en el comercio internacional de productos ecológicos.

Las nuevas normas sobre el uso del logotipo ecológico de la UE en productos importados en régimen de equivalencia obligarán a los operadores a introducir ajustes, sobre todo en trazabilidad y controles adicionales. Aun así, las disposiciones simplificadas pactadas en el trílogo reducen la complejidad de la propuesta inicial, y el periodo transitorio dará tiempo para prepararse y adaptarse. IFOAM Organics Europe celebra también que se haya eliminado la excepción del 5 % que se proponía, y que habría permitido usar el logotipo en productos con ingredientes que no cumplen los criterios adicionales. Su retirada protege la coherencia y la credibilidad del logotipo ecológico europeo.

La organización valora asimismo que las partes negociadoras hayan defendido principios fundamentales de la producción ecológica, como la obligación de pastoreo de los rumiantes, esenciales para salvaguardar la integridad de sus normas.

También una ocasión desaprovechada

Sin embargo, IFOAM Organics Europe lamenta que las y los colegisladores hayan desaprovechado la ocasión de establecer normas más detalladas sobre la mejora vegetal ecológica. Habría sido un paso importante para impulsar variedades adaptadas a los sistemas de producción ecológica y reforzar la resiliencia del sector a largo plazo.

Eduardo Cuoco ha añadido: “El acuerdo de hoy es un hito importante, pero el trabajo no ha terminado. Pedimos a las y los colegisladores que ratifiquen formalmente el acuerdo cuanto antes, para que la revisión pueda adoptarse sin demora. La siguiente prioridad es cumplir la hoja de ruta del Derecho derivado, abordar los retos pendientes y garantizar que el marco revisado sea práctico, coherente y plenamente fiel a los principios ecológicos. Es imprescindible para dar estabilidad normativa a largo plazo y asegurar que las normas ecológicas de la UE sigan estando a la altura del futuro”.

«El Consejo y el Parlamento llegan a un acuerdo sobre las medidas actualizadas para apoyar la agricultura ecológica en la UE»

El Consejo de la UE ha detallado en su propia nota el contenido del pacto cerrado por la Presidencia irlandesa y el Parlamento Europeo, que actualiza las normas de producción, etiquetado, certificación y comercio de alimentos ecológicos.

Consulta la nota de prensa aquí.

Lo principal del acuerdo, según el Consejo de la UE

  • Acuerdo provisional. La Presidencia irlandesa del Consejo y el Parlamento Europeo han pactado una actualización de las normas de producción, etiquetado, certificación y comercio de productos ecológicos.
  • Más margen para las pequeñas productoras y productores. El umbral de facturación para quedar exentos de certificación en la venta directa de producto sin envasar sube de 20 000 a 40 000 euros anuales, calculado como media de los cinco años anteriores. El de volumen pasa de 5 000 a 10 000 kilos. La exención se amplía, con condiciones, al pequeño comercio en línea de productos ecológicos envasados.
  • Importaciones y logotipo. Los productos de países con normas reconocidas como equivalentes podrán seguir vendiéndose como ecológicos y usar el logotipo de su país de origen. Solo llevarán el logotipo europeo si cumplen requisitos adicionales, por ejemplo en suelo vivo, bienestar animal y métodos de transformación.
  • Equivalencias prorrogadas. Afectan a 11 países, entre ellos Argentina, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos. El reconocimiento, que caducaba el 31 de diciembre de 2026, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2036.
  • Fuera la excepción del 5 %. Se descarta la propuesta de la Comisión que permitía el logotipo europeo en productos con menos de un 5 % de ingredientes importados que no cumplan los criterios adicionales.
  • Piensos y acuicultura. Se mantiene una flexibilidad temporal para usar pienso proteico no ecológico en aves de corral y porcino, y para juveniles de acuicultura, con una retirada progresiva.
  • Transición. Los productos ya etiquetados con las normas actuales podrán venderse hasta agotar existencias.
  • Próximos pasos. Consejo y Parlamento deben ratificar el acuerdo y, tras la revisión jurídico-lingüística, adoptarlo formalmente, con el objetivo de hacerlo antes de que termine 2026.
  • Origen de la revisión. Responde a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 4 de octubre de 2024, que estableció que los productos importados bajo equivalencia no pueden usar el logotipo ecológico europeo.

comunicacion@agroecologia.net