26 Oct, 2026 | Campañas, Clima
La alianza , que reúne el mayor consenso de la sociedad civil y de la que forma parte SEAE, presenta un decálogo de medidas para garantizar los derechos sociales y afrontar la emergencia climática, en plena movilización por la vivienda, a las puertas de la huelga general del 11N y ante unas elecciones en las que la justicia climática y social están en juego.
La justicia climática y social en el centro
Ante las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre, Alianza por el Clima presenta un decálogo de medidas para situar la justicia climática y social en el centro de la próxima legislatura. La plataforma, integrada por las cinco grandes organizaciones ecologistas, los principales sindicatos y numerosas entidades sociales, de cooperación, agrarias y de defensa de los derechos humanos, hace públicas diez demandas para impulsar una transformación ecosocial que garantice una vida digna para todas las personas, reduzca las desigualdades y permita afrontar la emergencia climática. Lo hace en un momento excepcional: miles de personas se mantienen acampadas en plazas de todo el país y se preparan para la huelga general del 11 de noviembre.
Bajo el lema “Casas para vivir, un planeta para habitar”, el documento recoge un amplio consenso de la sociedad civil organizada sobre las transformaciones necesarias para responder a los principales desafíos sociales y ambientales. Alianza por el Clima defiende que el acceso a la vivienda, los salarios y las condiciones laborales dignas, la protección de los servicios públicos, la transición energética y la lucha contra el cambio climático no pueden abordarse como problemas independientes. La alianza considera que las múltiples crisis que atraviesa la sociedad están interrelacionadas y que su resolución exige políticas estructurales capaces de actuar sobre sus causas comunes.
La publicación del decálogo coincide con la presentación, este 21 de octubre, del nuevo Informe sobre la Brecha de Emisiones 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que confirma la insuficiencia de los compromisos climáticos internacionales. El documento advierte de que el calentamiento global superará los 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales y señala que, para limitar al máximo esa superación y regresar a dicho umbral antes de finales de siglo, será necesario reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero un 18 % para 2030 y un 45 % para 2035, respecto a 2025.
Para Alianza por el Clima, estas conclusiones evidencian las consecuencias de décadas de falta de ambición política y refuerzan la urgencia de acelerar la acción climática. Frente al negacionismo y al retroceso de las políticas ambientales, la plataforma reclama que el próximo ciclo político afronte la crisis ecológica como una prioridad inseparable de la defensa de los derechos sociales. En este sentido, insiste en que la transformación ecológica no puede aplazarse ni desarrollarse a costa de las condiciones de vida de la mayoría social, sino que debe convertirse en una oportunidad para garantizar derechos, mejorar el bienestar colectivo y reducir las desigualdades.
El decálogo plantea una hoja de ruta que vincula la reducción de emisiones con la garantía de derechos fundamentales y la mejora de las condiciones materiales de vida. Entre sus principales reivindicaciones figuran el acceso a una vivienda digna y adaptada a los impactos climáticos, la ampliación del parque público de vivienda social, la protección frente a la pobreza energética y el impulso de una rehabilitación energética que no provoque procesos de especulación, gentrificación o expulsión de la población de sus hogares.
Las organizaciones reclaman también una transformación de los pueblos y las ciudades que garantice espacios públicos saludables, transporte colectivo accesible, servicios públicos de calidad y entornos preparados para afrontar las consecuencias del cambio climático. A ello se suma la exigencia de establecer una hoja de ruta vinculante para abandonar los combustibles fósiles, acelerar una transición energética justa en todos los sectores productivos y reforzar las políticas de prevención y adaptación frente a incendios, inundaciones, sequías y olas de calor.
Las propuestas incluyen, además, el desarrollo de un modelo alimentario saludable y sostenible, el apoyo a la agricultura y ganadería familiar y la agroecología, la protección de los derechos laborales y el impulso de una reconversión industrial que garantice alternativas para las personas trabajadoras y los territorios afectados. En el ámbito internacional, el decálogo reclama una mayor financiación climática para el Sur global, el respeto a los derechos humanos y una transición energética que no reproduzca nuevas formas de extractivismo y desigualdad.
Todas estas medidas se articulan en torno a un principio común: quienes más contaminan y más recursos concentran deben asumir una mayor responsabilidad en la financiación de la transición y la reparación de los daños ambientales. Para ello, Alianza por el Clima propone una fiscalidad progresiva que permita reforzar los servicios públicos, proteger a los colectivos más vulnerables, garantizar que el coste de la transformación no recaiga sobre quienes menos han contribuido a la crisis climática y que las decisiones sobre esa transformación se tomen con la participación efectiva de la sociedad civil.
Un consenso amplio de la sociedad civil ante el próximo ciclo político
En este contexto, Alianza por el Clima recuerda que la protección climática no es únicamente una cuestión de voluntad política. La opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en julio de 2025 reconoce las obligaciones de los Estados en materia de protección del sistema climático y advierte de que determinadas actuaciones u omisiones, incluido el mantenimiento de actividades vinculadas a los combustibles fósiles, pueden generar responsabilidad internacional como actos ilícitos.
Desde la diversidad de organizaciones que componen la Alianza y su comprensión de las diversas luchas que representan, la plataforma considera que las próximas elecciones generales representan un momento decisivo para definir las políticas de los próximos años y reclama a todas las candidaturas compromisos concretos, verificables y suficientes para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y de los acuerdos internacionales en materia climática. El poder ciudadano que se expresa en las calles se debe traducir en participación real, garantizando los derechos que reconoce el Convenio de Aarhus: acceso a la información, participación pública en las decisiones ambientales y acceso a la justicia, junto con la plena protección del derecho a la protesta.
Alianza por el Clima insiste en que la magnitud de los desafíos actuales exige abandonar las respuestas parciales y emprender una transformación profunda del modelo económico, energético, democrático y social. Una transformación que, según la plataforma, debe situar la vida, los derechos y el bienestar de las personas y del planeta por encima de los intereses particulares, garantizar la participación de la ciudadanía y asegurar que ninguna persona ni territorio quede atrás.
26 Oct, 2026 | Noticias, Noticias SEAE 2026
La alianza , que reúne el mayor consenso de la sociedad civil y de la que forma parte SEAE, presenta un decálogo de medidas para garantizar los derechos sociales y afrontar la emergencia climática, en plena movilización por la vivienda, a las puertas de la huelga general del 11N y ante unas elecciones en las que la justicia climática y social están en juego.
La justicia climática y social en el centro
Ante las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre, Alianza por el Clima presenta un decálogo de medidas para situar la justicia climática y social en el centro de la próxima legislatura. La plataforma, integrada por las cinco grandes organizaciones ecologistas, los principales sindicatos y numerosas entidades sociales, de cooperación, agrarias y de defensa de los derechos humanos, hace públicas diez demandas para impulsar una transformación ecosocial que garantice una vida digna para todas las personas, reduzca las desigualdades y permita afrontar la emergencia climática. Lo hace en un momento excepcional: miles de personas se mantienen acampadas en plazas de todo el país y se preparan para la huelga general del 11 de noviembre.
Bajo el lema “Casas para vivir, un planeta para habitar”, el documento recoge un amplio consenso de la sociedad civil organizada sobre las transformaciones necesarias para responder a los principales desafíos sociales y ambientales. Alianza por el Clima defiende que el acceso a la vivienda, los salarios y las condiciones laborales dignas, la protección de los servicios públicos, la transición energética y la lucha contra el cambio climático no pueden abordarse como problemas independientes. La alianza considera que las múltiples crisis que atraviesa la sociedad están interrelacionadas y que su resolución exige políticas estructurales capaces de actuar sobre sus causas comunes.
La publicación del decálogo coincide con la presentación, este 21 de octubre, del nuevo Informe sobre la Brecha de Emisiones 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que confirma la insuficiencia de los compromisos climáticos internacionales. El documento advierte de que el calentamiento global superará los 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales y señala que, para limitar al máximo esa superación y regresar a dicho umbral antes de finales de siglo, será necesario reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero un 18 % para 2030 y un 45 % para 2035, respecto a 2025.
Para Alianza por el Clima, estas conclusiones evidencian las consecuencias de décadas de falta de ambición política y refuerzan la urgencia de acelerar la acción climática. Frente al negacionismo y al retroceso de las políticas ambientales, la plataforma reclama que el próximo ciclo político afronte la crisis ecológica como una prioridad inseparable de la defensa de los derechos sociales. En este sentido, insiste en que la transformación ecológica no puede aplazarse ni desarrollarse a costa de las condiciones de vida de la mayoría social, sino que debe convertirse en una oportunidad para garantizar derechos, mejorar el bienestar colectivo y reducir las desigualdades.
El decálogo plantea una hoja de ruta que vincula la reducción de emisiones con la garantía de derechos fundamentales y la mejora de las condiciones materiales de vida. Entre sus principales reivindicaciones figuran el acceso a una vivienda digna y adaptada a los impactos climáticos, la ampliación del parque público de vivienda social, la protección frente a la pobreza energética y el impulso de una rehabilitación energética que no provoque procesos de especulación, gentrificación o expulsión de la población de sus hogares.
Las organizaciones reclaman también una transformación de los pueblos y las ciudades que garantice espacios públicos saludables, transporte colectivo accesible, servicios públicos de calidad y entornos preparados para afrontar las consecuencias del cambio climático. A ello se suma la exigencia de establecer una hoja de ruta vinculante para abandonar los combustibles fósiles, acelerar una transición energética justa en todos los sectores productivos y reforzar las políticas de prevención y adaptación frente a incendios, inundaciones, sequías y olas de calor.
Las propuestas incluyen, además, el desarrollo de un modelo alimentario saludable y sostenible, el apoyo a la agricultura y ganadería familiar y la agroecología, la protección de los derechos laborales y el impulso de una reconversión industrial que garantice alternativas para las personas trabajadoras y los territorios afectados. En el ámbito internacional, el decálogo reclama una mayor financiación climática para el Sur global, el respeto a los derechos humanos y una transición energética que no reproduzca nuevas formas de extractivismo y desigualdad.
Todas estas medidas se articulan en torno a un principio común: quienes más contaminan y más recursos concentran deben asumir una mayor responsabilidad en la financiación de la transición y la reparación de los daños ambientales. Para ello, Alianza por el Clima propone una fiscalidad progresiva que permita reforzar los servicios públicos, proteger a los colectivos más vulnerables, garantizar que el coste de la transformación no recaiga sobre quienes menos han contribuido a la crisis climática y que las decisiones sobre esa transformación se tomen con la participación efectiva de la sociedad civil.
Un consenso amplio de la sociedad civil ante el próximo ciclo político
En este contexto, Alianza por el Clima recuerda que la protección climática no es únicamente una cuestión de voluntad política. La opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en julio de 2025 reconoce las obligaciones de los Estados en materia de protección del sistema climático y advierte de que determinadas actuaciones u omisiones, incluido el mantenimiento de actividades vinculadas a los combustibles fósiles, pueden generar responsabilidad internacional como actos ilícitos.
Desde la diversidad de organizaciones que componen la Alianza y su comprensión de las diversas luchas que representan, la plataforma considera que las próximas elecciones generales representan un momento decisivo para definir las políticas de los próximos años y reclama a todas las candidaturas compromisos concretos, verificables y suficientes para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y de los acuerdos internacionales en materia climática. El poder ciudadano que se expresa en las calles se debe traducir en participación real, garantizando los derechos que reconoce el Convenio de Aarhus: acceso a la información, participación pública en las decisiones ambientales y acceso a la justicia, junto con la plena protección del derecho a la protesta.
Alianza por el Clima insiste en que la magnitud de los desafíos actuales exige abandonar las respuestas parciales y emprender una transformación profunda del modelo económico, energético, democrático y social. Una transformación que, según la plataforma, debe situar la vida, los derechos y el bienestar de las personas y del planeta por encima de los intereses particulares, garantizar la participación de la ciudadanía y asegurar que ninguna persona ni territorio quede atrás.
22 Oct, 2026
Sábado 28 de noviembre. Sala 5.2. De 13:00 – 14:30 h.
Organiza: Asociación Vida Sana, SEAE, Stop Ecocidio – Protectores de la Tierra España
Intervienen:
- Concha Fabeiro. Dr. Ingeniera Agrónoma. Vicepresidenta de SEAE.
- Maite Mompó Ruiz de la Cuesta. Directora de Stop Ecocidio
- Nicolás Olea Serrano. Catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada.
Proyección de un extracto de 10 minutos de la premiada película-documental argentina “Una canción para mi tierra”, que está protagonizada por un maestro de música que llega a una escuela situada en un mar de soja transgénica, y trata el tema de la relación entre el uso generalizado de pesticidas, la salud humana, especialmente la de los niños/as, y el grave daño al medioambiente. Tras esto, se abrirá un debate entre expertos en salud humana y toxicidad (Nicolás Olea), en agroecología (Concha Fabeiro de SEAE) y en la protección del planeta mediante la ley (Maite Mompó)
14 Oct, 2026 | Noticias, Noticias SEAE 2026
¿Son las mujeres protagonistas de la transición agroecológica?
Sin tierra, financiación y reparto de los cuidados, ese protagonismo seguirá siendo invisible.
Desde 2008, Naciones Unidas celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales para reconocer «la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural». Este 2026, además, ha sido declarado Año Internacional de la Agricultora, un reconocimiento que va más allá de lo que sugiere su nombre, pues incluye a todas las mujeres que trabajan en el sistema alimentario: agricultoras, ganaderas y pastoras, pescadoras, apicultoras, campesinas, comerciantes o emprendedoras.
Aunque la resolución que lo proclama pone el foco en las brechas que frenan a las mujeres del campo, desde el acceso a la tierra hasta el crédito, confía buena parte de las soluciones a la productividad, el emprendimiento y la inclusión financiera. Y ni siquiera menciona la agroecología. Por eso, desde SEAE queremos recordar en este día que hay otro camino, el de una transición agroecológica que no aspira solo a producir más, sino a repartir mejor la tierra, cuidar los recursos y compartir los cuidados y las decisiones. Todo ello son cuestiones clave para las generaciones futuras.
Protagonistas de la cadena alimentaria
ONU Mujeres recuerda que el trabajo de las mujeres, pagado o no, recorre toda la cadena alimentaria, desde el cultivo hasta la elaboración y el reparto de alimentos, el consumo y los cuidados vinculados a la alimentación. La FAO, en su lectura de la agroecología desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sitúa a las mujeres como custodias de una alimentación saludable y tradicional, y como figuras decisivas en el hogar, en el campo y en el mercado. Señala además que la agroecología puede reforzar sus derechos, su autonomía y su capacidad de decidir.
Como venimos señalando desde SEAE, es la agroecología la que puede poner la vida en el centro de quienes el modelo agroindustrial deja en los márgenes; la que presta atención en los servicios de cuidados vinculados a la alimentación, tan primordiales para la infancia, adolescencia y personas dependientes.
Es más, ese protagonismo todavía no se refleja en el liderazgo de iniciativas en Europa. Según la Comisión Europea, solo el 32 % de las fincas de la UE están dirigidas por mujeres. Para seguir mejorando estos índices, SEAE participa en WoMentor+, un proyecto Erasmus+ que se acaba de poner en marcha junto a EUFarms (Francia) y PWB (Polonia). WoMentor+ tratará de que agricultoras con experiencia acompañen a otras que empiezan o quieren reforzar su proyecto. Hasta 2029, el proyecto formará a 45 mentoras en Francia, Polonia y España, que acompañarán a otras 45 agricultoras. Es una forma de compartir saberes de agricultora a agricultora y de tejer redes que hagan sus fincas más resistentes, económica y ambientalmente.
Los datos de SEAE apuntan a que la formación agroecológica abre esa puerta. Por poner un ejemplo reciente, entre febrero de 2025 y junio de 2026, el programa «Estrategias de adaptación al cambio climático desde la producción ecológica y la agroecología» formó a 385 personas en 12 jornadas técnicas y de campo repartidas por 11 provincias. El 43 % fueron mujeres y el 27 %, jóvenes, en ambos casos por encima de lo previsto. Una de esas jornadas, en Lugo, se dedicó precisamente a mujeres, ganadería y relevo generacional. Y estos días se celebra el curso online «Género y Políticas de Igualdad», centrado en las normativas y buenas prácticas que pueden hacer efectiva la igualdad de género.
Helena Cifre, coordinadora de SEAE, lo explica así: «La agroecología y la producción ecológica atraen a más mujeres y jóvenes que la producción convencional porque conectan con valores de sostenibilidad, justicia social y cuidado del territorio».
La formación es una puerta de entrada, y también de permanencia, en un medio rural que necesita relevo. Pero no basta. La agroecología puede ayudar a construir pueblos más igualitarios y con vida, siempre que haya políticas que reconozcan y apoyen el trabajo de las mujeres rurales y les faciliten un lugar real allí donde decidan crear su presente y futuro.
Algunas lecturas para el día de las mujeres rurales
La Revista Ae lleva años dando voz a las mujeres que sostienen el campo. En la última edición, la veterinaria y divulgadora rural Lucía López Marco nos habla de Nosotras somos semilla, el libro en el que reúne las historias de 39 mujeres que defienden la tierra en los cinco continentes.
Además, hay dos artículos que dialogan bien entre sí. Algunas aportaciones de las mujeres rurales al sistema agroecológico español recoge la experiencia de agricultoras y ganaderas ecológicas, satisfechas con su elección pero sin rodeos al hablar de jornadas interminables, pueblos que envejecen o un sector todavía poco valorado. Y Mujer, agroecología y emergencia climática. Desafíos y oportunidades explica por qué la crisis climática golpea más fuerte a quienes menos tierra y crédito tienen, y cómo la agroecología puede convertirse en una vía de resiliencia y de igualdad. Para mirar al territorio en su conjunto, El futuro se siembra en el rural plantea una agroecología que pone la vida en el centro y reclama el apoyo político que necesitan los pueblos.
Por último, recomendamos la lectura de “Agroecología en serio”, el boletín de La Garbancita Ecológica, que también hace reconocimiento a este Día Internacional de las Mujeres Rurales y el próximo Día Internacional de la Alimentación (16 octubre), que señala que para ser saludable y sostenible solo puede ser Agroecológica.
¡A disfrutar del conocimiento agroecológico!
8 Oct, 2026 | Noticias, Noticias SEAE 2026
SEAE forma parte de este nuevo proyecto Erasmus+, cofinanciado por la Unión Europea, que arrancó los días 29 y 30 de septiembre en Francia. Rosa Valero y Aina Calafat, del Equipo Técnico de SEAE, representaron a la entidad en el encuentro de lanzamiento.
Quien empieza en el sector agrícola, o quien decide cambiar su manejo y forma de cultivar, rara vez encuentra las respuestas que necesita en un manual. Lo que suele marcar la diferencia es que otra persona que ya ha recorrido ese camino pueda aconsejarte. Sobre esa idea se levanta WoMentor+, un proyecto de cooperación Erasmus+ que pone en el centro la mentoría agroecológica entre iguales, liderada por mujeres productoras.
Su propósito es reforzar la resiliencia económica y ambiental de las fincas mediante redes de aprendizaje colaborativo. Las mujeres productoras desempeñan un papel clave frente a la despoblación rural y el abandono de tierras agrícolas, y el proyecto quiere convertir esa experiencia en conocimiento compartido para facilitar la adaptación al cambio climático y mejorar las condiciones socioeconómicas de la producción agraria y de las zonas rurales europeas.
Lanzamiento WoMentor+ en Francia
Rosa Valero y Aina Calafat, del Equipo Técnico de SEAE, participaron los días 29 y 30 de septiembre en la reunión de inicio, celebrada en la Ferme de Chatenoy y acogida por Carine Thierry. El programa incluyó también una visita a la Coopérative Bio d’Île-de-France, una entidad de propiedad colectiva y funcionamiento democrático que recoge y distribuye la producción de sus personas socias, sobre todo frutas, hortalizas y lácteos ecológicos, con destino a comedores colectivos, comercios y particulares de la región.
Por qué una red de mentoría agroecológica entre mujeres
Según los datos de la Comisión Europea, solo el 32 % de las fincas de la UE están dirigidas por mujeres, y apenas el 3 % por mujeres menores de 40 años. Naciones Unidas ha declarado 2026 Año Internacional de la Mujer Agricultora, y la propia Comisión lanzó en marzo la plataforma Women in Farming, cuya actividad principal será precisamente la mentoría.
WoMentor+ se suma a ese impulso con un enfoque propio: acompañar la transición agroecológica.
El proyecto está liderado por EUFarms, la red europea de fincas ecológicas certificadas en agroecología (Francia), junto a SEAE y PWB (Polonia). Hasta 2029, el consorcio formará a agricultoras con experiencia para que ejerzan como mentoras en agroecología, diseñará herramientas educativas y un itinerario formativo mixto, presencial y en línea, y pondrá en marcha programas de mentoría en Francia, Polonia y España.
Entre los resultados previstos figuran un compendio europeo de buenas prácticas en mentoría agroecológica con mirada puesta en las agricultoras, 45 personas formadas como mentoras y otras 45 acompañadas según sus necesidades. Toda la metodología se compartirá en una plataforma de libre acceso en castellano, inglés, francés y polaco.
Más información: EUFarms · PWB · En Revista Ae: EUFarms, fincas pioneras escalando la agroecología en Europa
Cofinanciado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a quienes los firman y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de la Agencia Nacional Erasmus+. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la ayuda pueden ser consideradas responsables de ellos.
